La elección de abogados al Consejo de la Magistratura expuso la interna política cordobesa rumbo a 2027

La votación de los representantes del estamento de abogados para el Consejo de la Magistratura de la Nación, realizada este martes 20 de octubre, adquirió en Córdoba una dimensión política que superó el ámbito estrictamente profesional. Con las elecciones provinciales de 2027 en el horizonte, distintos sectores aprovecharon la disputa para exhibir apoyos, medir su capacidad de movilización y dejar al descubierto diferencias dentro del oficialismo y la oposición.

Aunque el proceso apunta a renovar cuatro lugares correspondientes a los abogados en el organismo encargado, entre otras funciones, de intervenir en la selección y disciplina de magistrados federales, la campaña tuvo características poco habituales para una elección sectorial. Recorridas por el interior, reuniones con dirigentes y actos multitudinarios convirtieron la competencia en una instancia de posicionamiento político.

En Córdoba, la disputa se concentró principalmente entre dos espacios: Abogacía Federal, identificado con Diego Molea y respaldado por el llaryorismo, y Unidad en Defensa de la Abogacía, que reunió a referentes como Eduardo Bittar, Alberto Biglieri y Ricardo Gil Lavedra.

Dos cierres de campaña con respaldo político

El jueves previo a la elección, la Lista 1, Abogacía Federal, realizó su acto de cierre en el auditorio Luis Gagliano. El encuentro reunió a más de 500 personas, entre profesionales del derecho y dirigentes vinculados al oficialismo cordobés.

El principal referente local del espacio fue Juan Manuel Aráoz, funcionario cercano al gobernador Martín Llaryora. La convocatoria funcionó como una demostración de respaldo a la candidatura y de la capacidad de movilización del sector que conduce el Gobierno provincial.

Al día siguiente, la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, organizó su cierre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí compartieron protagonismo el titular del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, Alberto Biglieri y Ricardo Gil Lavedra, uno de los principales impulsores nacionales de esa propuesta.

La sucesión de actos dejó en evidencia que la elección no se limitó a una discusión sobre la representación profesional. Detrás de las candidaturas también se pusieron en juego vínculos políticos y espacios de influencia dentro de la estructura judicial.

El llaryorismo y el radicalismo, en veredas diferentes

Aunque cuatro listas participaron de la competencia nacional, en Córdoba el enfrentamiento político quedó concentrado en los espacios vinculados con Molea y Gil Lavedra, con Bittar como una figura de alto perfil local.

El oficialismo provincial se involucró en el respaldo a Aráoz, cuya cercanía con Llaryora convirtió la elección en una oportunidad para mostrar el alcance de la estructura política del gobernador más allá de la gestión institucional.

En la vereda opuesta, la candidatura de Bittar y Biglieri recibió el acompañamiento de sectores del radicalismo cordobés. Entre los dirigentes que expresaron su respaldo estuvieron Marcos Ferrer, Alejandra Ferrero y referentes vinculados al espacio de Rodrigo de Loredo.

Ferrer mantiene relaciones políticas con Emiliano Yacobitti y Daniel Angelici, mientras que Ferrero y otros dirigentes radicales participaron del armado que acompañó a la Lista 3.

Sin embargo, el respaldo no fue uniforme dentro de la UCR. Mientras una parte del partido se involucró en la competencia, otros sectores optaron por mantenerse al margen, una diferencia que expuso la diversidad de posicionamientos dentro del radicalismo provincial.

El distanciamiento de Bittar y las señales hacia 2027

Uno de los aspectos que dejó la disputa fue el distanciamiento político de Bittar respecto del peronismo cordobés, un movimiento que podría tener consecuencias en las relaciones entre los distintos sectores profesionales y partidarios.

La elección también permitió observar cómo algunos dirigentes comienzan a construir espacios de articulación propios de cara al próximo turno electoral. Aunque el proceso tiene un objetivo institucional específico, los apoyos públicos y la participación de referentes políticos le otorgaron una dimensión que excedió la renovación de los cargos.

En ese escenario, el resultado puede modificar el posicionamiento relativo de los protagonistas y abrir nuevas conversaciones entre los sectores que participaron de la campaña.

Una disputa que puede proyectarse hacia 2027

La votación del Consejo de la Magistratura funcionó como una instancia para medir estructuras y exhibir alianzas en Córdoba. El respaldo del llaryorismo a Aráoz y el acompañamiento de dirigentes radicales a Bittar y Biglieri mostraron que la competencia profesional también estuvo atravesada por las estrategias políticas de los principales espacios provinciales.

De todos modos, el impacto electoral de esos movimientos todavía es incierto. Una eventual proyección hacia 2027 dependerá de las conversaciones posteriores, de la continuidad de los acuerdos y de la capacidad de los dirigentes para trasladar esos vínculos a la disputa partidaria.

Con la elección ya realizada, el foco pasa ahora a las negociaciones entre los protagonistas. Los contactos previstos para los días posteriores permitirán observar si los alineamientos expresados durante la campaña se consolidan o si fueron acuerdos circunstanciales vinculados exclusivamente con la representación de los abogados en el organismo nacional.