Passerini cedió el control de operativos de tránsito a la Policía provincial y desató una fuerte polémica

Resumen

• El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó por amplia mayoría el convenio firmado entre el intendente Daniel Passerini y el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.

• La Policía provincial podrá dirigir operativos extraordinarios de seguridad y tránsito, con participación de inspectores municipales.

• La oposición acompañó mayoritariamente la iniciativa, pero cuestionó la capacidad de gestión del intendente y advirtió sobre la autonomía municipal.

• El conflicto con el SUOEM y la próxima visita del papa León XIV aceleraron una decisión que también generó enfrentamientos políticos.

• El protagonismo del gobernador Martín Llaryora y del ministro Quinteros abrió un debate sobre las responsabilidades del Municipio y el eventual aprovechamiento electoral de la medida.

Una aprobación que dejó más cuestionamientos que respaldos políticos

El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó el convenio de cooperación entre la Municipalidad y el Gobierno provincial que permitirá a la Policía de Córdoba asumir la conducción de operativos extraordinarios de seguridad y ordenamiento del tránsito.

La iniciativa, impulsada por el intendente Daniel Passerini y el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, obtuvo 29 votos favorables y apenas dos negativos, aunque el amplio acompañamiento legislativo estuvo lejos de traducirse en un respaldo político a la administración municipal.

Por el contrario, buena parte de la oposición aprovechó el debate para cuestionar la gestión de los servicios públicos, el enfrentamiento con los trabajadores municipales y la creciente participación del Gobierno provincial en cuestiones tradicionalmente administradas por el Palacio 6 de Julio.

La discusión dejó planteado un interrogante político e institucional: ¿hasta dónde puede avanzar la Provincia en funciones propias del Municipio sin afectar su autonomía?

La Policía provincial tendrá la conducción de los operativos extraordinarios

El acuerdo establece que, ante acontecimientos excepcionales, la Policía provincial podrá organizar dispositivos de seguridad, determinar prioridades operativas y coordinar las tareas del personal municipal que participe de ellos.

El principal motivo que impulsó esta decisión fue la preparación de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre, un acontecimiento que demandará importantes despliegues de seguridad, controles vehiculares y ordenamiento de la circulación.

Sin embargo, el convenio no se limita exclusivamente a la visita papal, ya que contempla su aplicación en otras situaciones extraordinarias que sean definidas conjuntamente por las autoridades provinciales y municipales.

Tampoco implica que la Policía provincial reemplace de manera permanente a los inspectores municipales en todas sus funciones habituales.

Desde el oficialismo sostienen que se trata de una herramienta de cooperación institucional destinada a garantizar la seguridad de los vecinos y evitar que determinados conflictos laborales comprometan servicios esenciales durante acontecimientos de gran convocatoria.

La oposición acompañó, pero cuestionó duramente a Passerini

Uno de los aspectos más llamativos de la sesión fue que radicales y juecistas votaron favorablemente el convenio mientras formulaban fuertes cuestionamientos a la administración municipal.

La concejala radical Elisa Caffaratti relativizó la trascendencia de la iniciativa y cuestionó la dimensión política que el oficialismo pretendió otorgarle.

También dirigió sus críticas al gobernador Martín Llaryora, al considerar que el mandatario provincial aparece ofreciendo soluciones a dificultades que, según su interpretación, tienen antecedentes en su propia gestión como intendente de Córdoba.

Desde el Frente Cívico, el concejal Walter Villata fue todavía más crítico.

El edil interpretó que la necesidad de recurrir a la Policía provincial pone en evidencia las dificultades de Passerini para conducir determinadas áreas municipales.

Además, cuestionó el protagonismo adquirido por Quinteros, cuya exposición pública en este conflicto fue interpretada por sectores opositores como parte de su posicionamiento político dentro de la ciudad.

Para estos espacios, la discusión excede ampliamente el ordenamiento del tránsito y alcanza directamente a la autoridad política del intendente.

El conflicto con el SUOEM, detrás de la decisión

La aprobación del convenio no puede separarse del enfrentamiento entre la administración municipal y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM).

El conflicto se profundizó cuando inspectores de tránsito dejaron de prestar servicios extraordinarios durante una jornada que incluía acontecimientos deportivos y actividades de gran convocatoria.

El gremio sostuvo que existían conceptos salariales pendientes de pago y defendió el derecho de los trabajadores a no realizar servicios adicionales que, según su posición, no estaban siendo debidamente remunerados.

La Municipalidad rechazó esas acusaciones y aseguró que había cumplido con las obligaciones salariales exigibles.

La situación provocó la intervención de la Policía provincial para colaborar con el ordenamiento vehicular y aceleró las conversaciones entre Passerini, Quinteros y Llaryora.

El gobernador respaldó la decisión y defendió la necesidad de garantizar el orden público frente a eventuales interrupciones de los servicios.

Por su parte, el sindicato denunció que la intervención provincial podía afectar competencias municipales y reclamó respeto por la autonomía institucional de la ciudad.

El conflicto laboral terminó convirtiéndose así en una controversia política sobre quién debe ejercer la autoridad en las calles de Córdoba.

La autonomía municipal, en el centro del debate

Uno de los cuestionamientos más importantes estuvo relacionado con el alcance institucional del convenio.

La ciudad de Córdoba cuenta con autonomía reconocida constitucionalmente y dispone de estructuras propias para desarrollar las tareas de control y ordenamiento del tránsito.

En ese contexto, la posibilidad de que personal municipal participe de operativos conducidos por una autoridad provincial generó cuestionamientos sobre la distribución de competencias.

Para el oficialismo, la cooperación entre Provincia y Municipio no vulnera la autonomía, sino que permite utilizar recursos conjuntos para atender situaciones excepcionales.

Desde sectores opositores y sindicales, en cambio, se advirtió sobre el riesgo de que una herramienta inicialmente extraordinaria termine ampliando la intervención provincial en funciones municipales.

La diferencia resulta importante: coordinar esfuerzos entre jurisdicciones no necesariamente significa transferir competencias, pero el modo en que se aplique el convenio será determinante para establecer sus verdaderos alcances.

Quinteros gana protagonismo y la oposición denuncia una utilización política

Otro aspecto que atravesó la discusión fue el creciente protagonismo del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.

Su participación directa en la organización de los operativos y sus declaraciones públicas frente al conflicto con los inspectores lo colocaron en el centro de una discusión que originalmente correspondía a la administración municipal.

Para algunos dirigentes opositores, esa exposición no resulta ajena a las aspiraciones políticas que le atribuyen al funcionario provincial.

El Frente Cívico cuestionó particularmente que el ministro aparezca asumiendo responsabilidades sobre servicios municipales mientras el intendente enfrenta dificultades para resolver sus conflictos internos.

El oficialismo, por su parte, defendió la coordinación entre ambas administraciones como una muestra de trabajo conjunto.

La controversia también dejó al descubierto las tensiones que pueden surgir cuando funcionarios provinciales adquieren protagonismo en asuntos de competencia municipal.

Un convenio aprobado, pero con una discusión política que continuará

La aprobación legislativa le otorga a Daniel Passerini una herramienta para organizar operativos extraordinarios con participación de la Policía provincial.

Sin embargo, el debate dejó expuestas diferencias profundas sobre la administración de los servicios públicos, las relaciones con los sindicatos y los límites de la cooperación institucional.

El intendente consiguió los votos necesarios para avanzar con el acuerdo, mientras que la oposición utilizó la sesión para reclamar explicaciones sobre la capacidad de gestión municipal.

El verdadero desafío comenzará ahora, cuando el convenio deba aplicarse y quede en evidencia cómo se distribuyen las responsabilidades entre las autoridades provinciales y municipales.

En definitiva, la Policía de Córdoba tendrá un papel central en determinados operativos extraordinarios, pero la responsabilidad política por el funcionamiento cotidiano de los servicios municipales continuará siendo un asunto que deberá responder la gestión de Passerini.

Y esa es, precisamente, la discusión que quedó abierta en el Concejo Deliberante de la capital cordobesa.