Las contradicciones que complican el relato de Milei

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un problema que no necesariamente aparece en un único indicador, pero que comienza a hacerse visible cuando se observan varios datos al mismo tiempo: la realidad dejó de ofrecer una fotografía que pueda ser explicada con un solo color. La inflación desacelera, pero algunas actividades productivas retroceden con fuerza. El oficialismo consiguió avances legislativos importantes, pero acaba de recibir señales adversas en la Cámara de Diputados. Y el giro presidencial sobre Malvinas introdujo una cuestión de Estado en la agenda, aunque justamente allí resulta difícil encontrar un adversario político contra el cual librar una batalla doméstica.

La dificultad no está, entonces, en que la economía o la política marchen necesariamente mal en todos sus frentes. El problema es otro. La estrategia comunicacional del oficialismo necesita con frecuencia resultados contundentes, enemigos claramente identificados y explicaciones sencillas. Pero una gestión de gobierno no suele ofrecer esa comodidad. Hay avances y retrocesos, indicadores favorables y otros preocupantes, decisiones que consiguen respaldo y otras que deben ser revisadas. La política real es mucho más incómoda que el relato de campaña permanente.

El dato de inflación de agosto constituye un buen ejemplo. El 1,7% mensual representa una desaceleración respecto del 2,1% registrado en julio y confirma una tendencia que el Gobierno considera central para su programa económico. Es razonable que la administración celebre esa evolución después de haber convertido la lucha contra la inflación en uno de sus principales objetivos. También es lógico que Milei reivindique el trabajo de Luis Caputo y de su equipo económico.

Pero incluso dentro de ese resultado existen matices. La inflación núcleo se mantuvo en 1,8%, sin mejorar respecto del mes anterior. Y mientras algunos rubros contribuyeron a moderar el índice, otros componentes vinculados con servicios continúan ejerciendo presión sobre los hogares. El problema no es negar la desaceleración de los precios. El problema aparece cuando una buena noticia se convierte, por efecto de la comunicación política, en una explicación total de la situación económica.

Pocos días antes de conocerse el IPC, otros números oficiales habían mostrado una realidad bastante menos confortable. La actividad industrial manufacturera y la construcción registraron fuertes retrocesos durante julio, tanto en la comparación mensual como en la interanual. Allí aparece una pregunta que no puede resolverse simplemente apelando a que la economía avanza a velocidades diferentes. Esa explicación puede ser cierta, pero resulta insuficiente cuando determinados sectores productivos enfrentan caídas de magnitud y las empresas deben tomar decisiones sobre inversión, empleo y producción.

La cuestión educativa exhibe una contradicción semejante. Los resultados de las evaluaciones nacionales habían permitido al Gobierno destacar mejoras en determinadas áreas respecto de mediciones anteriores. El oficialismo encontró allí una oportunidad para reivindicar su gestión y establecer un contraste con las administraciones precedentes. Pero los resultados conocidos posteriormente a partir de las evaluaciones internacionales volvieron a mostrar problemas severos en matemática, lectura y ciencias.

No hay contradicción entre ambos relevamientos por el solo hecho de que uno muestre alguna mejora y otro exponga dificultades estructurales. Son mediciones diferentes, con metodologías y poblaciones distintas. Precisamente por eso, el desafío debería consistir en interpretar el conjunto de la información y no seleccionar únicamente aquello que favorece una determinada conclusión política.

La educación no puede transformarse en otra disputa de trincheras. Los problemas acumulados durante años no desaparecen porque cambie el signo político del Gobierno. Tampoco pueden atribuirse exclusivamente a una administración determinada. La Argentina arrastra dificultades educativas de larga duración, y resolverlas exige continuidad, evaluación, inversión, capacitación docente y políticas sostenidas en el tiempo. Convertir cada resultado en una victoria o una derrota partidaria es, en última instancia, una manera de evitar la discusión de fondo.

En el Congreso, además, apareció una señal que debería ser observada con atención en la Casa Rosada. La oposición logró avanzar con iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar, con respaldo suficiente para imponer el tratamiento parlamentario pese a los esfuerzos del oficialismo por impedirlo. El dato relevante no es solamente el contenido de esos proyectos. También importa la capacidad de distintos sectores opositores y de legisladores que mantienen vínculos con los gobiernos provinciales para coordinar posiciones.

Durante buena parte de la gestión, La Libertad Avanza logró administrar con relativa eficacia un Congreso fragmentado, apelando a acuerdos puntuales y a la negociación con gobernadores y bloques dialoguistas. Eso le permitió avanzar con iniciativas centrales para el programa presidencial. Pero esa arquitectura política no es automática. Puede funcionar para un proyecto y fracasar para otro. La aprobación de determinadas reformas no garantiza que todos los debates posteriores tengan el mismo resultado.

La situación se vuelve todavía más interesante cuando se observa el contraste entre los avances y las dificultades. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y las iniciativas vinculadas con Inocencia Fiscal representan movimientos relevantes para el Gobierno. Otros proyectos, en cambio, encuentran mayores resistencias. Esa combinación confirma que el Congreso no es un territorio definitivamente conquistado por el oficialismo, sino un espacio donde cada iniciativa requiere construir una mayoría diferente.

Malvinas presenta una dificultad todavía mayor para la lógica de confrontación política. El Gobierno modificó sensiblemente su enfoque sobre la cuestión de soberanía y busca acompañar ese giro con iniciativas legislativas que podrían incluir sanciones y nuevas herramientas de protección de los intereses argentinos. El viaje de Pablo Quirno y Carlos Presti a Ushuaia, además, intentó mostrar una voluntad de recuperar una agenda vinculada con la infraestructura y la defensa en el extremo sur.

Pero Malvinas no es un terreno sencillo para construir un antagonismo doméstico. La soberanía sobre las islas constituye una política de Estado sostenida durante décadas y respaldada por amplios sectores políticos y sociales. Las diferencias pueden aparecer sobre las estrategias diplomáticas, las herramientas jurídicas, la explotación de recursos o la política de defensa. Lo que resulta mucho más difícil es convertir el reclamo soberano en una pelea entre argentinos.

Ese punto obliga al Gobierno a enfrentarse con una dificultad propia. La política basada en la identificación permanente de un adversario funciona cuando existe un adversario reconocible. No funciona del mismo modo cuando el tema exige acuerdos amplios y continuidad histórica. Malvinas reclama una estrategia nacional antes que una batalla partidaria.

El problema de fondo para Milei es que su gobierno ingresa en una etapa donde las contradicciones serán más difíciles de ocultar detrás de un único relato. La inflación puede bajar y, simultáneamente, la industria puede retroceder. Una parte del consumo puede recuperarse mientras otra permanece deprimida. El Congreso puede acompañar una reforma y bloquear otra. Un indicador educativo puede mejorar mientras otro revela problemas profundos.

Gobernar consiste precisamente en administrar esas diferencias. El desafío del oficialismo será demostrar que puede hacerlo sin convertir cada dato favorable en una epopeya y cada dato adverso en una herencia del pasado. La Argentina necesita resultados, pero también necesita políticas capaces de sobrevivir al próximo turno electoral.

La verdadera prueba para Milei no será conseguir que todos los indicadores sean buenos al mismo tiempo, algo improbable en cualquier economía. Será demostrar que su administración puede reconocer los matices sin sentir que reconocerlos implica conceder una derrota. Porque cuando la política se reduce al blanco y negro, el gris no desaparece: simplemente deja de ser contado.