Los gobernadores ya miran a 2027

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La sesión sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó una conclusión bastante más importante que el resultado puntual de una votación. El problema para el Gobierno no fue solamente que algunos artículos quedaran en el camino. El verdadero problema fue comprobar, una vez más, que la relación con los gobernadores empieza a estar atravesada por una variable que hasta hace poco todos preferían disimular: las elecciones de 2027. La política argentina tiene la costumbre de adelantarse siempre a los calendarios oficiales. Esta vez no parece ser la excepción.

Patricia Bullrich interpretó el episodio con una frase que, más allá de su evidente intencionalidad política, contiene una dosis considerable de realidad: los gobernadores están pensando más en las elecciones que en los proyectos. No se trata, naturalmente, de descubrir que los mandatarios provinciales hacen política. Lo verdaderamente novedoso es que empiezan a tomar distancia de la idea de que la Casa Rosada será necesariamente el centro alrededor del cual deberán ordenar sus estrategias futuras.

Durante buena parte de la gestión de Javier Milei, muchos gobernadores entendieron que convenía mantener una relación pragmática con el Gobierno nacional. Necesitaban recursos, obras, financiamiento y previsibilidad. El oficialismo, a su vez, necesitaba votos en el Congreso. Esa ecuación produjo una convivencia imperfecta, pero suficientemente funcional. Cada parte obtenía algo y, sobre todo, evitaba pagar el costo de una ruptura prematura.

Ahora ese equilibrio empieza a mostrar fisuras.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete contribuyó a mejorar el clima entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. Santilli conoce los códigos de la política tradicional, tiene interlocutores en buena parte del territorio y no genera entre los gobernadores la sensación de estar tratando con un emisario completamente ajeno al sistema. Esa característica puede ser un activo considerable para un Gobierno que necesita negociar prácticamente cada iniciativa relevante.

Pero Santilli tiene un problema que no puede resolver solamente con capacidad de diálogo: debe administrar la gobernabilidad de un oficialismo que empieza a tener dificultades para imponer su agenda sin conceder algo a cambio. Una cosa es negociar desde la fortaleza y otra muy distinta hacerlo cuando los interlocutores perciben que el poder electoral del Gobierno podría no ser tan incontestable como parecía meses atrás.

Ahí aparece el verdadero asunto.

Las señales políticas que recibe la dirigencia provincial no son necesariamente alentadoras para la Casa Rosada. La caída de los índices de confianza, el aumento de la desaprobación presidencial que reflejan algunas mediciones y la percepción de un escenario electoral más abierto alcanzan para modificar conductas. En política no hace falta que un gobierno esté derrotado para que sus aliados comiencen a tomar recaudos. Alcanza con que deje de parecer invulnerable.

Los gobernadores son especialistas en detectar ese momento. No necesitan abandonar al Presidente para comenzar a negociar de otra manera. Pueden seguir acompañando determinadas leyes, respaldar otras y rechazar aquellas que consideren inconvenientes para sus provincias. Esa autonomía relativa es, precisamente, la que el Gobierno descubrió en la discusión sobre el capítulo referido a las tierras.

El oficialismo esperaba determinados respaldos y encontró objeciones donde suponía que había acuerdos. Algunos gobernadores que hasta hace poco eran considerados aliados naturales marcaron límites. Osvaldo Jaldo, Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz expresaron reparos sobre el capítulo vinculado con la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Misiones también tuvo un papel decisivo en la caída de esa parte del proyecto.

La reacción oficial consistió en minimizar el episodio. Es comprensible. Ningún gobierno quiere convertir una derrota legislativa parcial en el comienzo de una crisis política. Pero tampoco sería sensato ignorar lo ocurrido. La cuestión no es si una votación determinada constituye un quiebre. La cuestión es qué revela sobre el estado de las relaciones de poder.

Y lo que revela es que los gobernadores comienzan a sentirse con mayor margen para diferenciarse.

La visita que Santilli y Luis Caputo tienen prevista a Catamarca adquiere, por eso, una significación política que excede largamente la inauguración de una obra de infraestructura. El encuentro con Raúl Jalil y Elías Suárez se produce después de una votación en la que desde esas provincias no llegaron exactamente los apoyos que esperaba el Gobierno. La obra pública, que durante mucho tiempo fue presentada como una cuestión casi administrativa, vuelve así a mezclarse con la política. En la Argentina eso no debería sorprender a nadie.

La Casa Rosada todavía confía en que los acuerdos particulares pueden seguir funcionando. Su estrategia consiste en negociar gobernador por gobernador, provincia por provincia, ley por ley. Es una metodología razonable si se dispone del tiempo suficiente y si cada negociación puede ofrecer un incentivo concreto. Pero tiene una debilidad: convierte al Gobierno en un permanente solicitante de apoyos.

Por eso algunos mandatarios provinciales imaginan una alternativa diferente. Quieren una mesa amplia que permita construir un espacio político capaz de enfrentar al kirchnerismo sin quedar subordinado de antemano a La Libertad Avanza. No necesariamente pretenden definir ahora candidaturas ni alianzas electorales. Buscan algo más elemental: demostrar que existe un espacio político capaz de sobrevivir a una eventual pérdida de centralidad del Gobierno nacional.

La diferencia parece pequeña, pero no lo es.

Si los gobernadores comienzan a pensar que Milei puede ganar nuevamente, se comportarán de una manera. Si creen que puede perder, se comportarán de otra. Y si consideran que la elección estará abierta, harán algo todavía más argentino: esperarán. Nadie quiere ser el primero en abandonar una alianza que todavía puede resultar conveniente, pero tampoco nadie quiere ser el último en tomar distancia de un proyecto que eventualmente pierda poder.

Ese es el verdadero desafío que enfrenta hoy la Casa Rosada.

No se trata solamente de conseguir votos para una ley. Se trata de conservar la capacidad de fijar la agenda política mientras los demás actores empiezan a calcular su propio futuro. El Gobierno puede seguir teniendo capacidad de iniciativa, pero la autoridad política no se mide únicamente por la cantidad de proyectos que se presentan. También se mide por la cantidad de legisladores y gobernadores dispuestos a acompañarlos cuando llega el momento decisivo.

Milei conserva una ventaja considerable: la oposición continúa fragmentada y el kirchnerismo no logró convertirse en una alternativa suficientemente amplia para ordenar detrás de sí a todo el descontento. Pero esa ventaja no equivale a un cheque en blanco. El oficialismo puede ser el principal actor de la escena y, al mismo tiempo, descubrir que ya no controla completamente el escenario.

La política argentina entra así en una etapa incómoda para el Gobierno. Los aliados comienzan a comportarse como aliados y no como subordinados. Los gobernadores reclaman autonomía. El Congreso adquiere mayor capacidad de negociación. Y la elección de 2027, aunque todavía distante, empieza a funcionar como una sombra que se proyecta sobre cada votación.

Bullrich probablemente tenga razón en algo esencial: los gobernadores ya están mirando las elecciones. Pero el Gobierno debería preguntarse por qué lo hacen con tanta anticipación y, sobre todo, por qué algunos de ellos sienten que deben comenzar a construir alternativas antes de conocer siquiera el resultado de la próxima batalla electoral.

La respuesta puede encontrarse en una palabra que suele ser incómoda para cualquier oficialismo: incertidumbre.

Cuando los aliados dejan de creer que el poder será inevitablemente suyo, empiezan a negociar. Cuando empiezan a negociar, aparecen las condiciones. Y cuando aparecen las condiciones, la Casa Rosada descubre que la gobernabilidad no se obtiene solamente con autoridad presidencial.

También requiere política.

Y quizás esa sea la enseñanza más relevante que dejó la última sesión: el Gobierno no perdió únicamente un capítulo de una ley. Descubrió que, mientras todavía intenta consolidar su proyecto, una parte de la dirigencia política ya está pensando en el día después de Milei. No necesariamente para enfrentarlo. Mucho menos para derrotarlo ahora. Simplemente para no depender de él cuando llegue 2027.