La Casa Rosada revisará las reformas de Sturzenegger tras el costo político por la Ley de Tierras

• La Casa Rosada decidió revisar políticamente todas las reformas impulsadas por Federico Sturzenegger antes de enviarlas al Congreso.
• La medida fue adoptada tras la caída del capítulo sobre la extranjerización de tierras en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
• El proyecto de Ley de Desregulación será la primera iniciativa que quedará bajo el nuevo filtro político.
• El oficialismo considera que la derrota parlamentaria evidenció la necesidad de fortalecer la construcción de consensos.
• El conflicto portuario y otras tensiones económicas reforzaron la decisión de moderar el ritmo de las reformas.
• El Gobierno busca reducir nuevos frentes de conflicto y preservar la gobernabilidad en el tramo final del año.

El traspié político que sufrió el Gobierno nacional con la eliminación del capítulo sobre la extranjerización de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada abrió una etapa de revisión interna en la Casa Rosada. Después de una derrota que expuso dificultades para sostener acuerdos legislativos y generó tensiones con gobernadores aliados, la administración de Javier Milei decidió someter a un control político previo todos los proyectos de desregulación impulsados por el ministro Federico Sturzenegger antes de enviarlos al Congreso.

La decisión fue adoptada en el ámbito de la mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el propósito de evitar que nuevas iniciativas provoquen conflictos parlamentarios o sectoriales que terminen afectando la gobernabilidad. A partir de ahora, cada reforma deberá superar un análisis sobre su viabilidad política antes de avanzar en el proceso legislativo.

El primer expediente que quedará bajo esa nueva metodología será el amplio proyecto de Ley de Desregulación elaborado por Sturzenegger. La iniciativa propone modificaciones en múltiples sectores de la economía, entre ellos el funcionamiento de las farmacias, las inmobiliarias, los arrendamientos rurales, el mercado del libro, el cabotaje marítimo, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) y la actividad vitivinícola.

Dentro del oficialismo remarcan que la revisión no implica abandonar el programa de reformas, sino adecuar los tiempos y evaluar previamente el impacto político de cada propuesta. La experiencia reciente con la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros dejó en evidencia que la consistencia técnica de un proyecto no garantiza su aprobación parlamentaria cuando genera una fuerte resistencia social y política.

El capítulo referido a la Ley de Tierras había sido uno de los ejes centrales del proyecto oficial. La intención inicial era eliminar las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de extranjeros. Ante la falta de consenso, el Gobierno negoció elevar el límite permitido del 15% al 25% del territorio nacional, pero tampoco logró reunir el respaldo suficiente.

En pocas horas, varios gobernadores que hasta ese momento aparecían como aliados comenzaron a expresar públicamente sus reparos, mientras crecían las manifestaciones en distintas provincias en defensa de la soberanía territorial. Ese escenario llevó a que varios mandatarios ordenaran a sus senadores retirar el apoyo a la iniciativa, obligando finalmente al oficialismo a eliminar ese capítulo para preservar el resto del proyecto.

La situación sorprendió a la Casa Rosada porque muchos de esos gobernadores habían participado previamente de las negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La caída de esa parte de la ley fue interpretada internamente como un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la construcción de consensos antes de impulsar reformas de alto impacto.

El clima político también se vio condicionado por la repercusión pública que adquirió el debate sobre la soberanía de los recursos estratégicos y por cuestionamientos vinculados a la liberalización del mercado de tierras. Ese contexto terminó debilitando la posición oficial y aceleró la decisión de revisar el mecanismo con el que se elaboran y presentan las iniciativas legislativas.

Las tensiones internas no se limitaron al tratamiento parlamentario. En paralelo, el Gobierno enfrentó otra dificultad relacionada con el decreto que había desregulado la actividad del practicaje en los puertos. El conflicto derivó en la paralización de numerosos buques y obligó finalmente al Ejecutivo a derogar la norma para restablecer la actividad, otro episodio que fue interpretado dentro del oficialismo como una señal de alerta sobre los costos políticos de algunas reformas.

En ese escenario también comenzaron a aparecer preocupaciones vinculadas a la evolución de la economía. En distintos despachos oficiales reconocen que persisten dificultades relacionadas con el consumo, la actividad productiva, la utilización de la capacidad instalada y la recaudación, factores que podrían condicionar el margen político para avanzar con nuevas transformaciones estructurales.

El cambio de estrategia también reavivó las discusiones internas sobre la conducción política del oficialismo y la coordinación con los bloques legislativos. La necesidad de preservar la gobernabilidad aparece ahora como uno de los principales objetivos del Ejecutivo, que busca evitar que futuros proyectos vuelvan a convertirse en focos de conflicto con los gobernadores, el Congreso y distintos sectores económicos.