Desalojos más rápidos y nuevas reglas para alquileres

En el marco de una jornada legislativa marcada por intensos consensos políticos, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La propuesta busca modernizar y agilizar los litigios judiciales vinculados con la restitución de bienes inmuebles en ámbitos urbanos y rurales. Para asegurar los apoyos necesarios dentro del recinto, el oficialismo aceptó retirar del articulado original las reformas correspondientes a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, dejando la resolución definitiva en manos de la Cámara de Diputados.

El corazón de la reforma reside en la instauración de la vía del juicio sumarísimo para tramitar todos las acciones de desalojo, acortando drásticamente los plazos habituales del sistema judicial. Asimismo, la iniciativa amplía la legitimación activa para iniciar demandas, permitiendo que cualquier persona con un derecho o interés legítimo afectado pueda solicitar la recuperación del bien. En paralelo, para los casos de ocupaciones precarias o intrusiones, el texto habilita a los magistrados a decretar la restitución inmediata del inmueble mediante caución juratoria si consideran verosímil la reclamación.

Para los contratos de alquiler con destino residencial, el texto contempla una instancia de intimación previa obligatoria de diez días corridos por morosidad antes de activar la vía sumarísima, admitiendo notificaciones por canales digitales. Para equilibrar los derechos de las partes, la normativa incorpora la figura de la consignación judicial a favor del inquilino cuando el arrendador rehúse aceptar las llaves al finalizar la relación contractual, interrumpiendo la acumulación de cánones y cargas accesorias desde la notificación válida.

La legislación también establece salvaguardas sociales al estipular que ante la presencia de menores, adultos mayores o personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, los jueces deberán dar intervención al Ministerio Público Tutelar y coordinar con organismos competentes un lapso de hasta diez días para gestionar una solución habitacional temporal. Finalmente, la norma faculta a los oficiales de justicia a requerir el auxilio de la fuerza pública para identificar ocupantes y sanciona con severas multas de hasta diez veces el valor del canon locativo a quien oculte información crucial durante el litigio.