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Por Ramón Gómez
La pelota siempre rueda, pero esta vez no en la cancha. El fallo del juez Diego Amarante sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino y expone una trama que trasciende lo deportivo para instalarse en el corazón mismo de la institucionalidad argentina: el manejo de los recursos, la transparencia y la impunidad.
El procesamiento de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino por la retención y omisión de depósitos por más de $19.000 millones no es un tecnicismo contable. Es, en esencia, la confirmación de una lógica que parece repetirse en distintos niveles del poder: usar el dinero que no es propio como herramienta de financiamiento coyuntural.
🔴 {{"Se encuentra verificada... la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino"}} 🔴
El argumento judicial es contundente: no se trata de un error administrativo ni de una desprolijidad aislada. La resolución habla de omisión deliberada, de conocimiento y de capacidad de decisión. Es decir, no hubo ignorancia, hubo elección.
🔴 {{"La conducta desplegada implicó la omisión deliberada de ingresar en término los tributos retenidos"}} 🔴
El dato no menor es que el propio sistema que sostiene a la AFA —sponsors, ingresos millonarios, estructura consolidada— seguía funcionando con normalidad mientras se acumulaban incumplimientos. La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿cuántas veces en la Argentina el cumplimiento de la ley queda subordinado a la conveniencia del momento?
La figura de Tapia aparece en el centro de la escena, no sólo por su rol formal sino por lo que representa. El presidente de la AFA no es un dirigente más: es el administrador del deporte más popular del país, un actor con peso político, económico y simbólico.
🔴 {{"Detenta la representación legal de la entidad y una posición central en la toma de decisiones"}} 🔴
El fallo lo ubica como garante del cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que magnifica su responsabilidad. Cuando quien debe garantizar el orden es señalado por desordenarlo, el daño institucional se multiplica.
En paralelo, el rol de Toviggino —con control directo sobre las cuentas y movimientos— refuerza la idea de una operatoria que no pudo haber pasado desapercibida. La firma en cada cheque, la intervención en cada transferencia, configuran un esquema donde la responsabilidad no es difusa, sino concreta.
Los embargos millonarios, las restricciones de movimiento y la prohibición de salida del país marcan la gravedad del caso. Sin embargo, el proceso recién comienza y la definición quedará en manos de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
Pero más allá de la instancia judicial, el impacto político y social ya está en marcha. Porque el fútbol en Argentina no es sólo un espectáculo: es identidad, es pertenencia, es poder.
Y cuando el poder se acostumbra a moverse en los márgenes, el problema deja de ser de una dirigencia puntual para transformarse en un síntoma estructural.
La historia reciente del fútbol argentino ha estado marcada por éxitos deportivos que contrastan con sombras dirigenciales. Este episodio vuelve a poner sobre la mesa una tensión conocida: la distancia entre lo que pasa dentro de la cancha y lo que ocurre en los escritorios.
Esta vez, el partido no se juega con una pelota. Se juega en los tribunales. Y el resultado, más que nunca, puede dejar al descubierto cómo se administra —o se desadministra— uno de los mayores símbolos del país.



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