El examen invisible: cómo se decide el poder cuando ya no cuentan los puntajes

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay historias que no se cuentan por lo que dicen, sino por lo que dejan entrever. En la superficie, todo parece ordenado: un concurso público, reglas escritas, exámenes, antecedentes, entrevistas. Un sistema que promete elegir a los mejores. Pero a veces, en ese mismo recorrido prolijo, se filtra otra lógica. Más sutil. Más difícil de probar. Y, sin embargo, más evidente.

El caso de Emilio Rosatti —hijo del presidente de la Corte Suprema— se mueve en ese terreno incómodo. No por el parentesco en sí, que puede ser un dato irrelevante o una carga, según se mire. Sino por lo que ocurrió después. Por cómo se reacomodaron las piezas dentro de un mecanismo que, en teoría, debería ser inmune a cualquier sospecha.

Hasta cierto punto, la historia era previsible. Un postulante con buen desempeño en el examen escrito, aunque no sobresaliente en los antecedentes. Un lugar expectante, pero no dominante. Una posición que, en un sistema meritocrático rígido, suele ser difícil de revertir. Y sin embargo, algo cambió.

Primero, pequeños ajustes. Una revisión que altera el orden inicial. Un movimiento técnico, si se quiere. Después, el verdadero punto de inflexión: la entrevista personal. Ese momento donde lo cuantificable cede ante lo interpretativo. Donde la objetividad se vuelve más difusa. Donde, en definitiva, el sistema deja de ser un examen y se convierte en una evaluación.

Ahí es donde todo se redefine.

Porque no se trata solo de que un candidato mejore su posición. Eso puede ocurrir. El problema es cuánto puede mejorarla. Y, sobre todo, con qué criterios. Cuando la instancia más subjetiva del proceso termina teniendo la capacidad de alterar de manera decisiva el resultado, lo que está en discusión no es un nombre propio. Es el diseño mismo del sistema.

No es casual que, en paralelo, desde la propia Corte Suprema se haya impulsado una revisión de ese mecanismo. Ni que dos de sus integrantes hayan puesto el foco, precisamente, en la falta de parámetros claros para valorar las entrevistas personales. La crítica no parece abstracta. Tiene destinatarios implícitos. Tiene contexto.

Y entonces aparece la pregunta incómoda: ¿qué tan transparente es un proceso que permite que lo construido en etapas técnicas pueda ser reconfigurado en una instancia menos regulada?

No hay que caer en simplificaciones. Tampoco en condenas anticipadas. Los concursos judiciales son complejos, y la idoneidad no se mide solo en exámenes escritos. Pero hay una línea fina entre complementar un criterio y reemplazarlo. Entre enriquecer una evaluación y desvirtuarla.

Cuando esa línea se vuelve borrosa, el sistema pierde algo más que claridad. Pierde confianza.

El desenlace, con la conformación de la terna y su envío al Poder Ejecutivo, agrega otra capa de lectura. Porque el momento político, las firmas, los tiempos, todo parece encajar en una escena más amplia. Una donde las decisiones no solo se explican por lo que dicen las normas, sino también por cómo se aplican.

Tal vez el dato más revelador no esté en el resultado final, sino en la reacción que genera. En la necesidad de reformar las reglas casi al mismo tiempo en que se las utiliza. En esa sensación de que el sistema funciona, pero no del todo. De que cumple, pero deja dudas.

Al final, lo que queda no es solo un nombre en una terna. Es una pregunta abierta sobre cómo se elige a quienes van a decidir. Sobre qué pesa más: los antecedentes, los exámenes o las instancias donde todo puede cambiar.

En ese equilibrio —siempre inestable— se juega algo más que un concurso. Se juega la credibilidad de un sistema que, cuando pierde previsibilidad, empieza a parecerse demasiado a aquello que debería evitar.