El Senado reabre el debate por las falsas denuncias y busca un equilibrio legal sin vulnerar derechos

• El Senado retoma el debate sobre las falsas denuncias con un nuevo proyecto
• Se busca evitar conflictos con la Convención de Belém do Pará
• El texto original había generado fuertes resistencias y no llegó al recinto
• Persisten dudas sobre el impacto en denuncias por violencia de género
• El nuevo borrador intenta corregir aspectos críticos y sumar consensos
• El tratamiento en comisión podría iniciarse en las próximas semanas

El Congreso vuelve a poner en agenda un tema tan sensible como controvertido: las falsas denuncias. Tras el fracaso de un intento anterior que no logró sortear las tensiones políticas ni alcanzar consenso antes del recambio parlamentario, el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista avanzan ahora en una nueva redacción que busca evitar los errores del pasado y, sobre todo, no entrar en conflicto con compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

La iniciativa retoma el impulso original promovido por la senadora Carolina Losada, quien durante meses instaló el debate en la Cámara alta, con el respaldo del legislador Juan Carlos Pagotto. Sin embargo, el texto que había alcanzado dictamen el año pasado quedó trunco ante la falta de acuerdos políticos y el temor de que su tratamiento generara un fuerte enfrentamiento en el recinto.

En esta nueva etapa, el objetivo central es “blindar” jurídicamente el proyecto para evitar cuestionamientos constitucionales. En particular, se busca que la norma no contradiga los principios de la Convención de Belém do Pará, que tiene jerarquía constitucional en el país y establece obligaciones específicas en materia de protección frente a la violencia de género. Este punto aparece como una línea roja para varios bloques, que advierten sobre el riesgo de generar un efecto inhibitorio en víctimas que podrían dudar en denunciar por temor a eventuales sanciones.

El proyecto original contemplaba penas de entre uno y tres años de prisión para quienes formularan denuncias falsas, con agravantes que elevaban las condenas en casos vinculados a violencia de género, delitos contra menores o la integridad sexual. También incluía sanciones más severas para el falso testimonio en procesos judiciales, con incrementos en contextos especialmente sensibles.

Estas disposiciones generaron críticas dentro y fuera del ámbito legislativo. Algunos sectores advirtieron que el endurecimiento de penas podría resultar contraproducente, especialmente en delitos complejos donde la prueba suele ser difícil de obtener. En ese sentido, se planteó que una denuncia que no prospere judicialmente podría, bajo ciertas interpretaciones, derivar en una acusación contra quien la realizó, lo que abriría un escenario de incertidumbre para potenciales denunciantes.

El senador Luis Juez, uno de los que acompañó el debate con reservas, expresó dudas sobre la efectividad de la medida para erradicar el problema. En paralelo, voces críticas dentro del propio Congreso señalaron que la figura de la falsa denuncia ya está contemplada en el Código Penal, por lo que una modificación podría generar superposiciones o distorsiones en el sistema jurídico.

Frente a este panorama, el nuevo texto —que aún circula de manera preliminar entre los bloques— busca mantener la estructura general de la iniciativa, pero con ajustes que reduzcan su impacto potencial sobre las víctimas. El rol del senador Gonzalo Guzmán Coraita aparece como clave en esta etapa, dado su perfil negociador y su capacidad para tender puentes entre oficialismo y oposición.

El aval político de figuras relevantes del oficialismo, como Patricia Bullrich, también resulta determinante para sostener la iniciativa dentro de la agenda parlamentaria. No obstante, el escenario sigue siendo delicado: el tema promete generar fuertes debates, especialmente con sectores del kirchnerismo y algunos aliados que mantienen reparos sobre el alcance de la propuesta.

En las próximas semanas, el proyecto podría comenzar a ser discutido en comisión, en lo que se anticipa como un nuevo intento por avanzar en una legislación que equilibre la necesidad de sancionar conductas maliciosas sin desalentar denuncias legítimas. El desafío, una vez más, será encontrar un punto de consenso en un terreno donde convergen el derecho penal, la política y la sensibilidad social.