La Justicia ordenó levantar el secreto bancario sobre Manuel Adorni

• La Justicia levantó el secreto bancario y fiscal sobre Manuel Adorni y su esposa
• La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita
• Se investigan posibles maniobras de enriquecimiento ilícito y delitos económicos
• El análisis abarca movimientos financieros desde enero de 2022 hasta la actualidad
• También se incluyó a presuntas prestamistas vinculadas al funcionario
• Se busca reconstruir el circuito del dinero y verificar inconsistencias patrimoniales

Una decisión del juez federal Ariel Lijo habilitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida, adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, apunta a profundizar el análisis sobre los movimientos financieros de la pareja y de la firma AS Innovación Profesional, de la que ambos son titulares.

La resolución judicial autoriza el acceso irrestricto a información bancaria, impositiva y financiera, lo que permitirá a los investigadores reconstruir el flujo de fondos y examinar en detalle operaciones como transferencias, depósitos, inversiones y declaraciones tributarias. Se trata de una instancia clave dentro del expediente, ya que habilita el análisis de datos habitualmente protegidos por el secreto fiscal y bancario.

El levantamiento de estas restricciones se apoya en normativa específica que contempla excepciones en el marco de investigaciones penales. En este caso, el magistrado también ordenó la apertura de información alcanzada por la legislación vinculada a la prevención del lavado de activos, lo que amplía el alcance de los datos disponibles para la fiscalía y el juzgado.

Además de Adorni y Angeletti, la medida alcanza a un grupo de personas identificadas en la causa como presuntas prestamistas o acreedoras del funcionario. Entre ellas figuran Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio, cuyos registros fiscales también podrán ser analizados para determinar eventuales vínculos con las operaciones investigadas.

El objetivo central de la fiscalía es reconstruir los circuitos financieros y verificar si existieron maniobras que puedan encuadrarse en delitos económicos, como evasión fiscal o lavado de dinero. Para ello, se busca identificar ingresos y egresos, origen y destino de fondos, así como posibles inconsistencias entre los movimientos registrados y las declaraciones patrimoniales.

En su requerimiento, Pollicita solicitó que el análisis abarque el período comprendido desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad. La intención es comparar la evolución patrimonial de Adorni antes y después de su ingreso a la función pública, con el fin de detectar variaciones que no puedan ser justificadas.

Como parte de las medidas complementarias, el fiscal pidió al Banco Central de la República Argentina un informe detallado sobre todas las cuentas bancarias, productos financieros y operaciones asociadas a los investigados. Esto incluye cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos, tarjetas, créditos y cajas de seguridad, entre otros instrumentos.

Asimismo, se requirió información sobre el uso de billeteras digitales, cuentas virtuales, alias y cualquier otro medio de pago electrónico dentro del sistema financiero. La investigación apunta a no dejar fuera ningún canal que pueda haber sido utilizado para canalizar fondos.

En paralelo, se solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero el acceso a las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias y bienes personales, junto con documentación respaldatoria, papeles de trabajo y eventuales rectificaciones. Este material será clave para contrastar los datos fiscales con los movimientos bancarios detectados.

El levantamiento del secreto representa un paso determinante en la causa, ya que permitirá avanzar en la verificación de las hipótesis planteadas por la fiscalía. A partir de esta información, la Justicia podrá establecer si existieron irregularidades en el manejo de fondos o si las operaciones realizadas se ajustan a la normativa vigente.