La declaración de la escribana, eje clave en la investigación sobre las propiedades de Adorni

• La escribana detalló las condiciones de compra de un departamento en Caballito con financiamiento sin interés
• Se investiga el origen de los fondos utilizados en tres operaciones inmobiliarias vinculadas a Adorni
• Otra transacción incluyó un crédito de 100.000 dólares con devolución en cuotas e interés
• El fiscal solicitó comunicaciones y registros, aunque la testigo afirmó no disponer de ellos
• El juez ordenó allanamientos en una inmobiliaria para obtener documentación clave
• La causa busca contrastar los compromisos financieros del funcionario con sus ingresos declarados

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó nuevos elementos a partir de la declaración testimonial de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en varias de las operaciones inmobiliarias del funcionario. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la profesional brindó detalles sobre las condiciones en las que se concretó la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, así como otras transacciones vinculadas al patrimonio del dirigente.

Según su testimonio, la adquisición de la propiedad ubicada sobre la calle Miró al 500 se realizó mediante un esquema de financiamiento particular: un adelanto de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares a pagar en el plazo de un año, sin aplicación de intereses. El acuerdo fue celebrado con las anteriores propietarias del inmueble, dos jubiladas que tenían previsto declarar ante la Justicia, aunque sus testimonios fueron postergados a pedido de la defensa de Adorni.

En su exposición, Nechevenko aclaró que no dispone de información sobre el origen de los fondos utilizados por el funcionario para concretar esa operación ni otras dos en las que también participó como escribana: un departamento en Parque Chacabuco y una vivienda en el barrio privado Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. La ausencia de precisiones sobre el financiamiento de estas adquisiciones constituye uno de los ejes centrales que ahora busca esclarecer la fiscalía.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó además acceder a posibles registros de comunicaciones que pudieran aportar datos relevantes para la causa. Sin embargo, la escribana sostuvo que no contaba con ese material. También se refirió a otra operación inmobiliaria vinculada a Adorni, correspondiente a un inmueble ubicado sobre la calle Asamblea, donde se habría replicado un esquema similar de compraventa con financiamiento.

En este último caso, el funcionario accedió a un crédito de 100.000 dólares otorgado por una comisario retirada y su hija, ambas integrantes de fuerzas de seguridad, con una distribución del 85% y 15% del préstamo, respectivamente. El acuerdo contempló una devolución en 24 cuotas con una tasa de interés del 11%. Esta operación se habría concretado en noviembre de 2024, en simultáneo con la compra de la vivienda en Indio Cuá, adquirida junto a su esposa.

A la salida de los tribunales, Nechevenko buscó precisar sus declaraciones y sostuvo que no existieron préstamos en sentido estricto, sino que se trató de compraventas con hipotecas por saldo de precio. En relación con los fondos utilizados, se desligó de cualquier responsabilidad y señaló que las explicaciones deben ser aportadas por el propio funcionario.

En paralelo, la causa avanzó con una serie de medidas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo, quien dispuso allanamientos en distintas sedes de una inmobiliaria que intervino en la operación del departamento de Caballito. Los procedimientos tuvieron como objetivo recabar documentación vinculada a la comercialización y escrituración del inmueble, incluyendo registros, contratos, comunicaciones y cualquier otro soporte relevante.

Los investigadores también buscan identificar a intermediarios que habrían participado en las operaciones previas a la adquisición por parte de Adorni. En ese sentido, se intenta determinar la identidad de una persona mencionada en declaraciones testimoniales, cuyo rol podría resultar clave para reconstruir la secuencia de transacciones.

La pesquisa se orienta ahora a establecer la relación entre los compromisos financieros asumidos por el funcionario y los ingresos que declaró, con el objetivo de evaluar la consistencia de su situación patrimonial. En este contexto, el análisis de la documentación secuestrada y de las comunicaciones entre los involucrados será determinante para el rumbo de la causa.