“Respaldo a Acosta, ajuste en marcha y pulseadas políticas: el delicado equilibrio de Llaryora”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, buscó enviar una señal de fortaleza interna en medio de versiones sobre cambios en su equipo económico. Lo hizo con una foto junto al ministro Guillermo Acosta en la embajada de Francia en Buenos Aires, donde firmaron un acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo para avanzar en la digitalización del sistema hospitalario provincial.

La escena funcionó como respuesta política a los rumores que ponían en duda la continuidad de Acosta, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador desde su etapa como intendente. Desde el oficialismo salieron a aclarar que el control del gasto público sigue bajo su órbita, incluso con el rol técnico de Mónica Zornberg, figura clave del esquema financiero heredado de la gestión de Juan Schiaretti.

En ese contexto, también volvieron a sonar nombres con peso en la estructura económica provincial, como Ángel Mario Elettore y Osvaldo Giordano, en medio de un escenario marcado por la caída sostenida de ingresos y la necesidad de ordenar las cuentas.

El frente económico es, hoy, uno de los principales desafíos del gobierno cordobés. Con recursos en baja desde hace meses y proyecciones poco alentadoras, la gestión mantiene abierta la negociación salarial con los docentes. En ese marco, Llaryora encabezó un encuentro con supervisores educativos en busca de entender el malestar del sector tras reiterados rechazos a la propuesta oficial.

El gobernador intenta evitar un conflicto prolongado con los empleados públicos, en una provincia con antecedentes de fuertes tensiones sindicales. En paralelo, aparecen movimientos en la oposición, como el respaldo del diputado Rodrigo de Loredo a los reclamos docentes, sumando presión al escenario político.

A nivel legislativo, el oficialismo logró avanzar con el dictamen de la ley que regula la actividad de cuidacoches en toda la provincia. La iniciativa, impulsada con el objetivo de reforzar el control del espacio público, fue ajustada para alcanzar mayor consenso político y social.

Entre los cambios, se eliminaron expresiones polémicas del texto original, se redefinió el encuadre de los limpiavidrios y se estableció un plazo de 30 días para su entrada en vigencia tras la promulgación. El proyecto fue trabajado en la comisión de Seguridad presidida por Juan Manuel Llamosas.

Desde el oficialismo, el espacio Hacemos Unidos por Córdoba confía en sumar apoyos parciales de la oposición, especialmente dentro de la Unión Cívica Radical. En cambio, sectores alineados con Luis Juez y el oficialismo nacional ya anticiparon su rechazo.

En un escenario político fragmentado, la estrategia del gobierno provincial combina señales de cohesión interna, búsqueda de acuerdos legislativos y gestión en un contexto económico adverso. Todo, mientras intenta capitalizar el desgaste del gobierno de Javier Milei sin perder de vista que, en tiempos de ajuste, la variable económica sigue siendo determinante.