Córdoba busca frenar el paro docente con una jugada clave mientras la crisis aprieta las cuentas públicas

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Este año, se estima que ese qu

En medio de un conflicto salarial que amenaza con paralizar las aulas, el gobierno de Córdoba decidió avanzar con una medida decisiva: pedirá la conciliación obligatoria para evitar el paro de 72 horas anunciado por la UEPC.

La administración que encabeza Martín Llaryora confirmó la decisión a través de sus canales oficiales, en un intento por desactivar la protesta prevista para esta semana, luego de que el gremio rechazara las tres propuestas salariales presentadas hasta el momento.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el diálogo sigue abierto, pero advierten que una medida de fuerza de esa magnitud profundizaría el conflicto. Bajo ese argumento, buscan que la Secretaría de Trabajo habilite una instancia que permita continuar la negociación sin interrumpir el ciclo lectivo.

La conciliación obligatoria implica una tregua temporal: suspende el paro, evita descuentos salariales y otorga a ambas partes un margen para acercar posiciones. En caso de no haber acuerdo, la autoridad laboral puede incluso definir un laudo que las partes deben acatar, bajo riesgo de sanciones para el gremio.

Un cambio de estrategia para destrabar el conflicto

La decisión marca un giro en la postura oficial. Hasta horas antes, el plan era presentar una nueva oferta y esperar que la conducción sindical resolviera si suspendía la medida de fuerza. Sin embargo, ese escenario dejaba en una posición incómoda al liderazgo gremial, encabezado por Roberto Cristalli.

Finalmente, el Gobierno optó por avanzar directamente con la conciliación, trasladando la negociación a un terreno más controlado y evitando una escalada mayor.

Del lado sindical, en tanto, reina la cautela. Aunque aún no hubo una postura formal tras el anuncio, en los hechos la organización tiene escaso margen para rechazar la medida sin exponerse a sanciones legales.

La crisis fiscal condiciona la negociación

Detrás del conflicto aparece un problema de fondo: el deterioro de las cuentas públicas. La administración provincial reconoce el atraso salarial, pero advierte que cualquier mejora debe ser sostenible.

Según datos oficiales, la última propuesta rechazada implicaba un costo adicional de más de 750 mil millones de pesos. Si ese incremento se extendiera al resto de los empleados estatales, el impacto fiscal superaría ampliamente el billón de pesos anual.

El contexto no ayuda. La caída de la recaudación y de los recursos por coparticipación limita el margen de maniobra. De hecho, los envíos nacionales registran varios meses consecutivos de retroceso en términos reales, una tendencia que no muestra señales de revertirse en el corto plazo.

Números en rojo y presión sobre el gasto

La Cuenta de Inversión 2025 refleja con claridad el desequilibrio creciente. Mientras los ingresos totales crecieron por encima de la inflación, los gastos lo hicieron a un ritmo aún mayor, ampliando la brecha fiscal.

El resultado es una fuerte reducción del superávit: el balance de la Administración Pública No Financiera cayó más de 60% en términos nominales respecto al año anterior. A esto se suma el incremento del gasto en obra pública, que si bien impulsa la actividad, también presiona sobre las finanzas.

Otro foco de preocupación es la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que cerró 2025 con un déficit superior a los 290 mil millones de pesos, sumando tensión a un escenario ya complejo.

Equilibrio delicado

Con este panorama, Llaryora enfrenta un delicado equilibrio: responder al reclamo salarial sin comprometer la estabilidad fiscal, una bandera histórica del peronismo cordobés desde la gestión de Juan Schiaretti.

La conciliación obligatoria aparece así como una herramienta para ganar tiempo en una negociación que, más allá de lo salarial, expone los límites de una economía provincial golpeada por la crisis.

El desenlace aún es incierto, pero lo que está claro es que el conflicto docente se convirtió en un síntoma de un problema más profundo: la dificultad de sostener el equilibrio fiscal en un contexto de creciente demanda social.

ebrando será muy superior.

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