Massaccesi rompió el silencio tras su salida y defendió la legalidad de su accionar

POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior

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  • Massaccesi aseguró que no cometió ninguna irregularidad y defendió su accionar
  • Sostuvo que el crédito fue tramitado de manera transparente y sin privilegios
  • Reivindicó el derecho de los funcionarios a acceder a herramientas financieras legales
  • Lamentó la forma intempestiva en que se produjo su salida del Ministerio
  • El Gobierno optó por su desplazamiento para evitar un mayor costo político
  • El caso reabre el debate sobre la percepción pública y la conducta de funcionarios

Las primeras declaraciones de Leandro Massaccesi luego de su salida del Ministerio de Capital Humano reordenaron el eje de la polémica que derivó en su desplazamiento. El exjefe de Gabinete eligió expresarse públicamente para rechazar las acusaciones implícitas que circularon en los últimos días y sostuvo que su accionar estuvo en todo momento ajustado a la ley, sin privilegios ni beneficios indebidos.

La salida del funcionario se produjo tras una decisión de la ministra Sandra Pettovello, quien le solicitó la renuncia luego de que trascendiera que había accedido a un crédito hipotecario del Banco de la Nación Argentina. La información, que se viralizó rápidamente en redes sociales, generó cuestionamientos desde sectores opositores y abrió un debate sobre el acceso de funcionarios a este tipo de instrumentos financieros.

En su descargo, Massaccesi fue enfático al señalar que no incurrió en ninguna conducta irregular. Explicó que la solicitud del crédito se realizó a través de los canales habituales, cumpliendo con todos los requisitos exigidos, y remarcó que no recibió ningún trato diferencial por su condición de funcionario. “No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, expresó en un mensaje difundido en sus redes personales.

El exfuncionario también puso el foco en la naturaleza del crédito al que accedió. Según detalló, se trata de una línea diseñada para facilitar el acceso a la vivienda a sectores medios, en particular a quienes buscan adquirir su primera propiedad. En ese sentido, defendió la legitimidad de que quienes ocupan cargos públicos puedan acceder a estas herramientas, siempre que lo hagan bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano.

Massaccesi subrayó además el compromiso asumido con la obligación financiera contraída, destacando que se trata de un préstamo a largo plazo que será afrontado con responsabilidad. “Es un crédito a 30 años que vamos a honrar”, afirmó, en un intento por reforzar la idea de que no se trata de un beneficio extraordinario sino de una operación habitual dentro del sistema financiero.

El tono de sus declaraciones reflejó también cierto malestar por la forma en que se resolvió su salida. Si bien evitó confrontar directamente con Pettovello, dejó entrever que la decisión fue precipitada. “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación”, sostuvo, al tiempo que reivindicó su gestión dentro del Ministerio y el trabajo realizado durante casi dos años.

En el entorno oficial, la decisión de desplazarlo fue interpretada como una medida preventiva orientada a evitar un mayor desgaste político. La controversia se produjo en un contexto en el que el acceso a créditos hipotecarios por parte de funcionarios ya venía siendo observado con atención, especialmente tras la difusión de casos similares dentro del oficialismo.

Las declaraciones de Massaccesi, sin embargo, buscan desplazar el foco hacia un plano más técnico y normativo. Al insistir en la transparencia del procedimiento, el exjefe de Gabinete intenta desactivar la lectura política del episodio y reinstalar la discusión en términos de legalidad. Su postura se apoya en la premisa de que el acceso a instrumentos financieros públicos no debería ser cuestionado si se realiza conforme a las reglas vigentes.

El caso deja en evidencia la fragilidad del equilibrio entre las decisiones administrativas y su impacto en la opinión pública. Aun cuando no existan irregularidades comprobadas, la percepción social puede condicionar la continuidad de un funcionario. En este marco, las palabras de Massaccesi constituyen no solo una defensa personal, sino también una señal sobre los límites y tensiones que atraviesan la gestión en un escenario político exigente.

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