Llaryora, contra el reloj: cerrar el conflicto docente ya no es una opción, es una necesidad

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, enfrenta uno de los desafíos más delicados de su gestión: un conflicto docente que escaló en tensión, endureció posiciones y amenaza con extenderse en el tiempo en un contexto económico cada vez más frágil. Pero a esta altura, la discusión dejó de ser una pulseada sectorial para convertirse en un problema político de primera magnitud. Y el tiempo, claramente, no juega a favor del Gobierno.

El paro de 72 horas anunciado para esta semana marca un punto de inflexión. No solo por su duración, sino por el nivel de adhesión que ya superó el 50% en la última medida de fuerza, un dato que confirma que el malestar docente es profundo y no puede ser minimizado. En ese escenario, apostar al desgaste del conflicto o a una tregua unilateral del gremio parece más una expresión de deseo que una estrategia viable.

En el Centro Cívico lo saben. Por eso, aunque puertas afuera predomine la cautela, puertas adentro se empieza a delinear una nueva oferta salarial que permita destrabar la negociación. La actual propuesta —con aumentos iniciales, cláusula atada al IPC y mejoras respecto de planteos anteriores— no logró perforar la desconfianza del sector. Y el margen fiscal, aunque estrecho, no elimina la urgencia política.

Porque el problema de fondo no es solo salarial. Es de clima social. Es de autoridad. Es de gobernabilidad.

Llaryora necesita cerrar este conflicto. Y lo necesita ahora.

Dejar que la disputa se extienda un mes y medio o dos meses, como algunos sectores del oficialismo deslizan, implica asumir costos que pueden ser mucho más altos que cualquier mejora en la oferta. No solo en términos de desgaste político, sino también en la pérdida de control de la agenda pública, que empieza a girar peligrosamente alrededor del conflicto.

Además, la paritaria docente no es una negociación más. Es el termómetro del resto del sector público. Cada punto que se conceda —o que se niegue— tendrá efecto inmediato en otros gremios estatales. Pero esa misma lógica también juega en sentido inverso: un conflicto prolongado con los docentes puede irradiar tensión hacia toda la administración.

A esto se suma un dato clave: el contexto nacional. La situación económica, bajo la conducción de Javier Milei, condiciona severamente las cuentas provinciales. La caída de la recaudación, el ajuste fiscal y la desaceleración de la actividad reducen el margen de maniobra y elevan el riesgo de conflictividad social. En ese marco, sostener un frente abierto con los docentes parece, como mínimo, riesgoso.

La alternativa de una conciliación obligatoria está sobre la mesa, pero no resuelve el problema de fondo. Puede ganar tiempo, sí. Pero también puede tensar aún más la relación con el gremio si no viene acompañada de una propuesta superadora.

El Gobierno tiene claro que no puede ceder sin límites. Pero también debería tener claro que no puede estirar indefinidamente un conflicto que erosiona su gestión día a día.

La salida no será perfecta. Nunca lo es en una paritaria de estas características. Pero es imprescindible que exista.

Porque en política, muchas veces, no se trata de ganar una negociación. Se trata de evitar perder el control del escenario.

Y hoy, para Llaryora, cerrar el conflicto docente no es solo una meta: es una urgencia.