Ajuste, votos y tensiones: gobernadores aliados presionan por mayor reciprocidad de la Casa Rosada

• Los gobernadores aliados enfrentan recortes por caída de la coparticipación
• El respaldo legislativo al Gobierno no encuentra reciprocidad política
• Catamarca apuesta al financiamiento privado ante la falta de recursos
• Córdoba avanza con un fuerte ajuste y reestructuración del Estado
• Jujuy y Tucumán endurecen sus posturas frente a la Nación
• El oficialismo depende de estos votos, pero crece el riesgo de ruptura

En medio de un escenario fiscal cada vez más restrictivo, un grupo de gobernadores que ha sido clave para la gobernabilidad del presidente Javier Milei comienza a exhibir signos de desgaste en su relación con la Casa Rosada. Catamarca, Córdoba, Jujuy y Tucumán enfrentan caídas sostenidas en los recursos por coparticipación y aplican recortes en sus administraciones, mientras crece el malestar por la falta de respuestas políticas y financieras desde el Gobierno nacional.

El dato no es menor: estos mandatarios han sido determinantes para la aprobación de iniciativas centrales del oficialismo en el Congreso, como la reforma laboral y el Presupuesto 2026. Sin embargo, en sus territorios aseguran que ese respaldo legislativo no encuentra una contrapartida equivalente, lo que tensiona el vínculo y alimenta reclamos en sus estructuras políticas.

En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil reconoció que la provincia atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia fiscal. Con una caída en los ingresos, su administración recurrió a financiamiento externo y profundizó vínculos con el sector privado, especialmente en el ámbito minero. La apuesta apunta a compensar la merma de recursos nacionales con inversiones y créditos, aunque el reclamo por mayor acompañamiento político sigue vigente. En el plano legislativo, sus representantes han acompañado al oficialismo, pero en el entorno del mandatario advierten que la relación carece de equilibrio.

Una dinámica distinta, aunque atravesada por la misma lógica de ajuste, se observa en Córdoba. Allí, el gobernador Martín Llaryora avanzó con una reestructuración profunda del Estado provincial. Redujo ministerios, centralizó el control del gasto y eliminó mecanismos descentralizados de ejecución presupuestaria. Las medidas buscan ordenar las cuentas y, al mismo tiempo, posicionarlo de cara a 2027. No obstante, el mandatario también ha expresado críticas hacia la conducción nacional, al señalar la falta de apertura al diálogo y advertir sobre los límites de una estrategia política basada exclusivamente en apoyos parciales.

En Jujuy, el radical Carlos Sadir enfrenta un desafío doble: sostener el equilibrio fiscal en un contexto adverso y consolidar su liderazgo político. Las decisiones adoptadas incluyen congelamiento de personal, recortes en gastos operativos y una fuerte centralización de las decisiones presupuestarias. El objetivo es claro: ordenar la gestión y enviar señales de control interno. Sin embargo, estas medidas también impactan en la relación con intendentes y sectores políticos locales, que ven restringido su margen de acción en un año clave para la construcción de poder territorial.

Por su parte, en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo endureció su discurso frente a la Nación tras meses de acompañamiento legislativo. La provincia registra una de las mayores caídas en transferencias y reclama el pago de fondos adeudados vinculados a distintos programas. Aunque mantiene canales de diálogo con el equipo económico, el mandatario dejó en claro que el respaldo político tiene límites y que la continuidad de ese apoyo dependerá de señales concretas.

El trasfondo de esta tensión es político y estructural. La Libertad Avanza no cuenta con mayorías propias en el Congreso y depende de estos gobernadores para avanzar con su agenda. Esa necesidad otorga a las provincias un peso decisivo, pero también expone una contradicción: mientras sostienen al oficialismo en el plano legislativo, enfrentan en sus distritos el costo del ajuste sin recibir beneficios equivalentes.

En las segundas líneas de estos gobiernos el malestar es más explícito. Funcionarios y dirigentes cuestionan la falta de coordinación política y el rol de referentes libertarios en las provincias, que en muchos casos adoptan posturas de confrontación incluso con aliados circunstanciales. Esta dinámica erosiona la confianza y complica la construcción de acuerdos a mediano plazo.

A corto plazo, la Casa Rosada volverá a necesitar de estos votos para avanzar con nuevas iniciativas. Sin embargo, en las provincias advierten que la paciencia no es ilimitada. La palabra “reciprocidad” comienza a repetirse como condición para sostener el respaldo. El interrogante es cuánto tiempo podrá sostenerse este equilibrio inestable sin que derive en una ruptura más profunda.