Caída real de la recaudación y demoras en reintegros de IVA elevan la tensión con exportadores

• La recaudación nacional acumula siete meses de caída en términos reales
• En febrero no se registraron devoluciones ni reintegros de IVA a exportadores
• La situación se habría extendido durante marzo, generando preocupación empresarial
• Las cámaras preparan un reclamo conjunto ante el Ministerio de Economía
• Las demoras implican costos financieros y afectan la competitividad
• El conflicto suma tensión en un contexto de menor actividad y recursos fiscales limitados

La persistente desaceleración de la actividad económica comienza a reflejarse con mayor nitidez en las cuentas públicas. En términos reales, los ingresos del Estado nacional acumulan siete meses consecutivos de caída, una tendencia que excede el impacto esperado por la reducción de impuestos y otros tributos. En ese contexto, el fisco adoptó medidas para amortiguar el deterioro fiscal, entre ellas la postergación de devoluciones y reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a exportadores, una práctica que se habría extendido también durante marzo.

La situación quedó expuesta en los datos oficiales de febrero difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Si bien la recaudación total del IVA alcanzó los $5,4 billones, con un incremento nominal interanual del 13,7%, el informe evidenció una anomalía significativa: no se registraron devoluciones ni reintegros del tributo durante ese mes. En contraste, en febrero del año anterior estos conceptos habían sumado cerca de $100.000 millones.

El desagregado de las cifras muestra que tanto las devoluciones como los reintegros figuran en cero, lo que coincide con versiones del sector privado que advierten sobre la paralización de estos pagos. A su vez, la recaudación aduanera por IVA mostró una caída interanual del 16,1%, lo que refuerza el cuadro de enfriamiento económico y menor dinamismo en el comercio exterior.

Fuentes vinculadas a la operatoria tributaria señalaron que la falta de reintegros no se limitó a febrero. Según indicaron, durante marzo tampoco se habrían autorizado pagos hasta los últimos días del mes, lo que profundiza la preocupación entre las empresas exportadoras. Desde el organismo recaudador no se brindaron precisiones sobre los motivos de la demora ni sobre un eventual cronograma de normalización.

Ante este escenario, distintas cámaras empresarias preparan un reclamo conjunto que será presentado en los próximos días ante el Ministerio de Economía. El objetivo es visibilizar la magnitud de la deuda acumulada por reintegros no efectivizados y exigir una solución que permita aliviar la carga financiera que enfrentan las compañías.

Especialistas en materia tributaria advierten que el retraso en la devolución del IVA asociado a exportaciones implica un costo directo para la competitividad. Sebastián Domínguez, referente del sector, sostuvo que estos reintegros deberían concretarse en plazos breves, dado que su demora obliga a las empresas a financiarse por otras vías. En muchos casos, esto se traduce en la toma de créditos bancarios para cubrir capital de trabajo, encareciendo las operaciones.

El problema no es nuevo, pero se intensifica en un contexto de caída real de la recaudación. Según los especialistas, los plazos legales suelen incumplirse por restricciones fiscales, y la actual merma en los ingresos agrava la situación. La consecuencia directa es una transferencia de costos hacia el sector exportador, que ve afectada su capacidad de competir en mercados internacionales.

El impacto de estas decisiones también se proyecta sobre las provincias. Al tratarse de un impuesto coparticipable, la dinámica del IVA influye en las transferencias automáticas hacia las jurisdicciones. De acuerdo con estimaciones difundidas en el ámbito legislativo, los envíos a las provincias registraron una caída significativa en el primer bimestre del año, lo que añade un frente adicional de tensión en la relación fiscal.

Frente a la demora en los reintegros, algunas empresas evalúan alternativas para mitigar el impacto. Entre ellas, la posibilidad de transferir los saldos a favor a terceros o utilizarlos para cancelar otras obligaciones tributarias. Estas opciones, si bien implican resignar parte del valor, permiten acceder a liquidez sin depender de la disponibilidad financiera de la Tesorería.

El proceso administrativo de devolución contempla dos etapas: la aprobación del crédito fiscal por parte del organismo recaudador y la posterior transferencia de fondos, sujeta a disponibilidad. Cuando esta última se retrasa, se genera un cuello de botella que afecta la planificación financiera de las კომპანიas.

Con el reclamo empresarial en puerta y sin definiciones oficiales, el conflicto entre el fisco y los exportadores suma un nuevo capítulo en un contexto económico donde la escasez de recursos y la necesidad de sostener la recaudación conviven con la presión por no afectar la actividad productiva.