El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad y abrió un nuevo capítulo en el debate penal

• La ley reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
• El Senado aprobó la norma con 44 votos afirmativos.
• El oficialismo defendió la reforma como un cambio moral y jurídico.
• El peronismo cuestionó el enfoque punitivo y el presupuesto asignado.
• El nuevo régimen crea un sistema penal juvenil especializado.
• La implementación efectiva dependerá de su reglamentación y financiamiento.

El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina. Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la iniciativa —impulsada originalmente durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad— quedó sancionada y ahora aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

La actual senadora celebró el resultado como una victoria política y conceptual. En su intervención sostuvo que el Estado “no puede mirar para otro lado” frente al delito y planteó que la discusión no debe centrarse en la edad de los autores, sino en la gravedad de los hechos cometidos. Para Bullrich, el nuevo esquema implica un cambio “moral y jurídico” que busca devolverle autoridad a la ley y evitar que los delitos queden sin consecuencias.

El momento más tenso de la jornada se produjo cuando, tras su discurso, pidió un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Aunque la vicepresidenta Victoria Villarruel aclaró que no le correspondía disponerlo formalmente, finalmente todos los bloques se pusieron de pie y acompañaron el gesto.

Desde el peronismo, en cambio, la norma fue cuestionada desde el inicio del debate. Legisladores de ese espacio advirtieron que el proyecto pone el foco casi exclusivamente en el castigo y desatiende las políticas de protección integral de la infancia. También señalaron que el presupuesto previsto resulta insuficiente para garantizar la infraestructura y los recursos humanos necesarios para su implementación.

La ley destina $23.700 millones a las provincias para la puesta en marcha del nuevo sistema. Según datos oficiales sobre costos de construcción penitenciaria, con ese monto podrían edificarse unos 7.400 metros cuadrados, lo que equivaldría a poco más de 300 metros cuadrados por distrito. Para sectores opositores, esos números revelan que la aplicación práctica podría verse limitada.

En ese sentido, el senador Jorge Capitanich advirtió que sin financiamiento adecuado las disposiciones podrían quedar “en letra muerta”. La respuesta desde el oficialismo no tardó en llegar. El cordobés Luis Juez acusó al peronismo de tergiversar el debate y sostuvo que, si el problema es presupuestario, las provincias también deben asumir su parte de responsabilidad. “No se trata de venganza, sino de justicia”, remarcó.

Otra de las voces críticas fue la de Lucía Corpacci, quien pidió racionalidad y humanidad en la discusión legislativa y consideró que la norma no resolverá los problemas de fondo. Por su parte, el gobernador santiagueño Gerardo Zamora cuestionó la constitucionalidad de algunos artículos y anticipó posibles controversias judiciales, al sostener que la reforma podría afectar principios del federalismo.

El cierre del debate opositor estuvo a cargo de Martín Soria, quien calificó el proyecto como “peligroso” y aseguró que no tendrá el impacto disuasivo que promueven sus impulsores.

Más allá de la confrontación política, la ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años. El nuevo régimen establece que los menores no podrán compartir espacios judiciales ni penitenciarios con adultos y que sus procesos deberán tramitarse ante órganos especializados. Se incorporan principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, que solo podrá aplicarse en delitos graves y bajo límites temporales estrictos.

El texto también prioriza la resocialización, con un esquema de sanciones progresivas que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño. Se prevé la intervención temprana de equipos interdisciplinarios ante problemáticas de salud mental o consumo problemático, así como la participación activa de las familias en el proceso.

En paralelo, el capítulo dedicado a las víctimas amplía sus derechos, garantizando asistencia jurídica y psicológica, posibilidad de intervenir en audiencias y participación en instancias restaurativas.

Con la sanción definitiva, el Gobierno consolida uno de los cambios más significativos en materia penal de los últimos años. La discusión, sin embargo, promete continuar tanto en el plano judicial como en el debate público, donde conviven demandas de mayor seguridad con interrogantes sobre el impacto real de las reformas.