



Por RICARDO ZIMERMAN
x: @RicGusZim1
Hubo un tiempo —lejano, brumoso, casi mitológico— en el que uno imaginaba que el Congreso era un lugar donde se discutían ideas. No necesariamente buenas ideas, pero ideas al fin. Hoy, en cambio, la sensación es que estamos frente a un set televisivo con catering subsidiado y dietas premium. Las leyes son el decorado. El rating, el verdadero objetivo.
Hace aproximadamente dos décadas que la degradación dejó de ser una anécdota para convertirse en sistema. Lo que antes era un exabrupto aislado hoy es coreografía. Lo que era un papelón ocasional se volvió protocolo. Y lo que debía ser la casa de las leyes terminó pareciéndose más a un casting permanente para panelistas indignados.
La última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina ofreció un nuevo capítulo de esta saga tragicómica. En medio del tratamiento de una ley controvertida, una legisladora decidió desconectar los cables de los taquígrafos como gesto de protesta. La escena fue potente: cables arrancados, transmisión interrumpida, gesto dramático. Shakespeare con presupuesto público.
La diputada en cuestión argumentó que la norma vulnera derechos constitucionales. Puede ser. En democracia todo se discute, incluso la Constitución. Para eso están los debates, las impugnaciones, los votos, las disidencias, los dictámenes de minoría. Lo que no figura en el manual republicano es el sabotaje eléctrico como herramienta argumental. Si el argumento es sólido, no necesita alicate.
Pero la escena no fue un rayo en cielo sereno. Es parte de un clima que se ha vuelto habitual. Los epítetos ofensivos, los insultos de manual, las descalificaciones en tono de barricada se repiten sesión tras sesión, especialmente —aunque no exclusivamente— entre diputados alineados con sectores de izquierda que han decidido que el hemiciclo es una extensión de la asamblea universitaria de 1973. El problema no es la ideología; el problema es el grito como sustituto del pensamiento.
El insulto, además, tiene una curiosa capacidad expansiva. Empieza como recurso “militante” y termina como norma general. Así, lo que ayer era patrimonio de un bloque hoy se contagia como gripe institucional. Los términos discriminatorios, los agravios personales y las frases de tono burdelero ya no escandalizan a nadie. Se los consume con la naturalidad de quien escucha una publicidad de detergente.
Conviene recordar algo elemental: los legisladores no son influencers con fueros. Son empleados. Empleados de los 47 millones de argentinos. El voto no es un cheque en blanco para improvisar performances. Es un mandato para elaborar normas que regirán la vida en común. No están ahí para ganar trending topics, sino para escribir artículos, incisos y cláusulas que luego deberán cumplir hasta quienes no los votaron.
Hay, en esta deriva, una confusión profunda entre representación y espectáculo. Representar no es actuar. No es sobreactuar. No es pararse arriba del pupitre ni arrancar cables ni convertir cada intervención en un casting para el próximo prime time. Representar es traducir intereses sociales en normas. A veces con pasión, sí. Pero siempre con responsabilidad.
El argumento habitual para justificar estos desbordes es que “la situación es grave”. Siempre lo es. Argentina vive en emergencia desde que Gardel cantaba en vivo. Pero si la gravedad habilitara cualquier conducta, el reglamento interno sería un souvenir. La democracia no es un ring donde gana el que grita más fuerte. Es un procedimiento. Aburrido, meticuloso, deliberativo. Justamente por eso civilizado.
También hay que decirlo: el show rinde. Las redes sociales premian el gesto extremo. Un discurso técnico sobre la constitucionalidad de una norma obtiene tres likes y medio. Un cable desconectado, en cambio, garantiza viralización instantánea. El algoritmo ama el escándalo. Y muchos legisladores han decidido legislar para el algoritmo.
El resultado es un Parlamento cada vez más parecido a un reality. Se forman alianzas, se arman escándalos, se reparten etiquetas. El adversario no es un colega con otra visión del país, sino un enemigo moral al que hay que humillar en 280 caracteres. El hemiciclo ya no es un ámbito de deliberación, sino un escenario de confrontación permanente.
Mientras tanto, las leyes —esas que deberían ser el centro de la escena— pasan a segundo plano. Se votan en medio de gritos, se aprueban entre chicanas, se rechazan con insultos. Y luego nos sorprendemos cuando la ciudadanía mira todo eso con desconfianza o directamente con desprecio. La política no cayó en descrédito por generación espontánea. Trabajó duro para lograrlo.
Quizá el problema más serio no sea el exabrupto puntual, sino la naturalización. Cuando arrancar cables deja de ser escándalo para convertirse en color local, algo se ha corroído en el contrato básico entre representantes y representados. La República no exige solemnidad permanente, pero sí un mínimo de decoro.
Nadie pretende que el Congreso sea un monasterio. El conflicto es inherente a la política. Las pasiones también. Pero hay una diferencia abismal entre la firmeza y el acting, entre la convicción y el numerito. El día que confundimos ambas cosas, la ley se transforma en utilería.
Tal vez sea hora de recordar que legislar es una tarea noble. No porque los legisladores sean nobles, sino porque el acto de dictar normas que organizan la convivencia lo es. Y esa nobleza no admite rencillas de burdel, ni insultos discriminatorios, ni sabotajes de utilería. Admite argumentos, votos y, sobre todo, respeto por quienes pagan el sueldo.
Porque al final del día, más allá del cable desconectado o del insulto ingenioso, lo que queda es una ley que regirá la vida de todos. Y sería deseable que haya sido escrita con la cabeza, no con el "tujes".



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