La Justicia vuelve a exigir al Ministerio de Capital Humano pruebas concretas sobre la entrega de alimentos

• La Justicia exigió al Ministerio de Capital Humano pruebas fehacientes sobre la entrega de alimentos.
• Sandra Pettovello tiene cinco días para demostrar cómo se garantiza el derecho alimentario.
• El fallo ordena un nuevo relevamiento de comedores que quedaron fuera de auditorías previas.
• El tribunal cuestionó los criterios de elegibilidad definidos por el Gobierno.
• Organizaciones sociales denuncian incumplimientos reiterados en la entrega de alimentos.
• El conflicto reabre el debate sobre el rol del Estado en la garantía de derechos básicos.

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, volvió a quedar bajo la lupa judicial luego de que el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenara demostrar de manera fehaciente cómo avanza la entrega de alimentos a los comedores comunitarios. La resolución reabre un conflicto que el Gobierno arrastra desde el inicio de la gestión de Javier Milei y que, pese al paso de los meses, aún no encuentra una solución definitiva.

La decisión judicial establece un plazo de cinco días para que la ministra explique, con documentación respaldatoria, de qué modo se está garantizando el derecho a la alimentación de las personas que asisten a estos espacios. Además, deberá precisar si los comedores reciben asistencia estatal directa o si fueron incorporados a algún programa alimentario vigente tras los relevamientos realizados por la cartera.

El fallo marca un endurecimiento en la postura del tribunal frente a los incumplimientos detectados. Según se desprende de la resolución, la orden original impartida al Ministerio se limitaba a la realización de un relevamiento, es decir, a constatar la existencia y funcionamiento de los comedores comunitarios. Sin embargo, ante la falta de resultados verificables, la Justicia resolvió avanzar un paso más y exigir pruebas concretas de las tareas realizadas y de la asistencia efectivamente brindada.

En ese sentido, la medida judicial también alcanza a los espacios socio-comunitarios que no fueron incluidos en la primera auditoría. Para estos casos, el juzgado fijó un plazo adicional de diez días para llevar adelante un nuevo relevamiento integral que contemple a todos los comedores que habían quedado fuera del registro inicial. El objetivo es dar cumplimiento a una orden previa que, según el tribunal, el Ministerio no acató en los términos establecidos.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el cuestionamiento directo a los criterios de elegibilidad definidos por Capital Humano. La Justicia ordenó registrar a todos los comedores, independientemente de las condiciones administrativas o de los parámetros internos fijados por el organismo. En su fundamentación, el tribunal sostuvo que la garantía del derecho a la alimentación no puede quedar supeditada a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, sino que debe ser efectiva, demostrable y universal.

Este pronunciamiento refuerza una línea de fallos que, desde los primeros meses de la actual gestión, vienen señalando falencias en la política alimentaria del Gobierno. Organizaciones sociales y referentes territoriales denunciaron reiteradamente la falta de entregas de alimentos no perecederos a comedores comunitarios, incluso en contextos donde existían órdenes judiciales firmes que exigían la normalización del abastecimiento.

El conflicto se inscribe en un escenario social marcado por el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de la demanda en los comedores, que funcionan como una red de contención básica en los barrios más vulnerables. En ese marco, la falta de información clara y verificable sobre la asistencia estatal profundizó las tensiones entre el Ejecutivo, la Justicia y las organizaciones sociales.

Para el Gobierno, el nuevo requerimiento judicial implica un desafío político y administrativo. No solo deberá responder en los plazos fijados, sino también acreditar con hechos concretos que la política alimentaria está en marcha y alcanza efectivamente a quienes la necesitan. De no hacerlo, el conflicto podría escalar en el plano judicial y derivar en nuevas medidas coercitivas.

La resolución vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado en la garantía de derechos básicos y expone las dificultades del Ministerio de Capital Humano para ordenar un área sensible en un contexto de ajuste fiscal. Mientras tanto, la Justicia insiste en un punto central: el derecho a la alimentación no admite dilaciones ni ambigüedades.