Llaryora quiere transferir la Caja a la Anses o a los propios gremios

Por Juan Palos

La situación actual del sistema previsional de Córdoba se ha tornado crítica y requiere un análisis profundo y desapasionado. La propuesta del gobernador Martín Llaryora de considerar diferentes alternativas, incluso un plebiscito para que los cordobeses decidan el futuro de la Caja de Jubilaciones, se presenta como una respuesta necesaria frente a un desafío financiero creciente. Sin embargo, estas opciones no deben tomarse a la ligera; es fundamental que sean acompañadas de un debate exhaustivo y una consideración de sus implicaciones a largo plazo.
El detonante de esta crisis ha sido la decisión, expuesta en un reciente artículo del Código Tributario 2026, que faculta al gobierno provincial a aumentar en hasta un 4% los aportes de los trabajadores activos para paliar el déficit de la Caja. Este enfoque ha encontrado una fuerte oposición por parte de los gremios estatales, que argumentan que tal incremento sería una carga desproporcionada sobre los ya mermados salarios de los empleados, y reclamar su supresión resulta un reclamo legítimo. 
Desde una perspectiva de equidad, es vital que cualquier medida que busque mejorar la sostenibilidad financiera del sistema pensionario no recaiga exclusivamente sobre un solo sector de la población, particularmente aquellos que ya han visto reducciones en su poder adquisitivo. La respuesta de los gremios, que ha amenazado con movilizaciones en caso de que se mantenga el artículo en cuestión, indica una falta de confianza en la gestión actual, así como una percepción de que los trabajadores están siendo utilizados como la solución mágica a un problema estructural que requiere un enfoque más integral.
El presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres, ha defendido la propuesta del 4% como una opción necesaria para abordar el déficit significativo que se estima para 2026. Sin embargo, este argumento no puede ser utilizado como excusa para trasladar el peso de una crisis financiera a quienes sostienen el día a día del funcionamiento del estado. La política fiscal debe ser coherente con los principios de justicia social, y es precisamente por eso que el debate sobre cómo se sostienen las jubilaciones debe realizarse sobre bases que no solo consideren aspectos matemáticos, sino que también contemplen la equidad y la dignidad de los trabajadores.
Es innegable que la situación es grave, y la falta de soluciones estructurales ha llevado a un estado de alerta en los distintos sectores que dependen de la Caja. Tal vez la propuesta de un plebiscito no sea solo una curiosidad política, sino una manifestación de la necesidad de involucrar a la ciudadanía en decisiones que afectan su futuro. Sin embargo, no se puede permitir que esta consulta sea un mero ejercicio de legitimación de decisiones ya tomadas.
La verdadera solución al problema de la Caja debe pasar por un análisis serio de las fuentes de financiamiento y la reestructuración de un sistema que hoy sobrecarga a trabajadores y jubilados. La necesidad de un cambio no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para iniciar un debate sincero y constructivo sobre la protección social en Córdoba. Esa es la verdadera urgencia que deben atender tanto el gobierno provincial como los actores sociales: encontrar un consenso que permita construir un futuro sostenible para todos, en lugar de perpetuar la carga desproporcionada sobre unos pocos. En este exigente contexto, se requiere no solo voluntad política, sino también una capacidad real para reimaginar cómo garantizamos un sistema de jubilaciones justo y equitativo para todas las partes involucradas.