Nueva Ministra de Seguridad: Monteoliva continuará la “Doctrina Bullrich”

Este martes, Alejandra Monteoliva asumió el cargo de ministra de Seguridad de la Nación, sucediendo a Patricia Bullrich, quien ahora se trasladará al Senado. Antes de su renuncia, Bullrich dejó en marcha la famosa “doctrina Bullrich” para modificar el Código Penal, una iniciativa que la nueva gestión apoyará. En Córdoba, el gobierno de Martín Llaryora ya ha mostrado predisposición para respaldar este proyecto.

La ceremonia de asunción tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde familiares y amigos de Monteoliva asistieron para celebrar. Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, fue el único ministro provincial presente, subrayando así la relación de cooperación entre las gestiones de seguridad nacional y provincial.

A pesar de las tensiones políticas en la campaña legislativa, los titulares de las carteras de seguridad de Córdoba y la Nación se han mantenido al margen de disputas, priorizando la colaboración.

Monteoliva, quien hasta ahora ocupaba un rol técnico en el ministerio, proseguirá con las políticas de su predecesora, aunque se espera que profundice ciertas medidas. Las iniciativas de Bullrich han sido la base del nuevo enfoque del gobierno de Javier Milei, que busca responder a los reclamos sociales en el ámbito de la seguridad.

Bullrich presentó, entre otros temas, un proyecto de reforma del Código Penal, que ella misma defenderá en el Senado. Este proyecto incluye la controvertida propuesta de bajar la edad de imputabilidad en casos de delitos graves, una medida que cuenta con el apoyo del gobernador Llaryora.

El gobernador de Córdoba ha manifestado su disposición a respaldar las leyes que se impulsen desde el gobierno nacional, y se espera que en la provincia se materialice el anuncio de una cárcel de máxima seguridad, CEMAX, capaz de albergar 1,000 internos con tecnología avanzada, prevista para inaugurarse en 2026.

Una vez que se avance con la reforma del Código Penal, se trabajará en la revisión del Código Procesal Penal a nivel local, lo que requerirá coordinación entre las distintas jurisdicciones.