El Gobierno impulsa una reforma integral del Código Penal con fuerte endurecimiento de penas y nuevos delitos

• El Gobierno envía una reforma integral del Código Penal, la mayor en más de un siglo.
• Se endurecen penas para homicidio, corrupción, narcotráfico, trata y delitos sexuales.
• El 82% de los delitos tendrá prisión efectiva por elevación de mínimos penales.
• Se incorpora el cibercrimen, el ecocidio y figuras ligadas al orden electoral.
• Se refuerzan los mecanismos de decomiso y extinción de dominio.
• Se mantienen los derechos de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El Gobierno enviará al Congreso una ambiciosa reforma integral del Código Penal, la más extensa desde su aprobación original en 1921. El proyecto, presentado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, propone un endurecimiento generalizado de penas para delitos graves, incorpora nuevas figuras penales vinculadas a la criminalidad contemporánea y redefine las prioridades del sistema punitivo argentino.

La presentación se realizó en una conferencia en la que Bullrich remarcó el espíritu central de la iniciativa: “El que la hace, la paga”. La frase sintetiza un enfoque que, según el Ministerio de Justicia, apunta a que “el 82% de los delitos tengan penas de prisión efectiva”. Con la elevación de los mínimos penales, delitos que hoy permiten condenas excarcelables pasarían a exigir cumplimiento efectivo de la prisión, lo que implica un cambio profundo en la administración de justicia.

Entre los cambios más relevantes, el proyecto establece la imprescriptibilidad del abuso sexual y del homicidio agravado. La idea, explicaron las autoridades, es que crímenes que lesionan de manera irreparable la integridad humana “no puedan quedar sujetos al paso del tiempo”, una referencia directa a casos que durante años quedaron sin juzgamiento por trabas procesales. Asimismo, la prisión perpetua aplicará de manera literal: ya no tendrá un tope temporal y será “para toda la vida” en los casos de homicidio agravado.

Bullrich también destacó el endurecimiento de las penas para delitos de corrupción: “Si sos funcionario tenés más responsabilidad… y si las hacés, las vas a pagar fuerte”. En línea con esa premisa, el proyecto prevé nuevas sanciones para el enriquecimiento ilícito, el cohecho y otras conductas que afectan la gestión estatal. La ahora senadora insistió en que la iniciativa deja atrás la “doctrina Zaffaroni” y busca terminar con la “puerta giratoria”.

En materia de homicidios, el proyecto amplía la escala penal: el homicidio simple, que hoy tiene un máximo de 25 años, pasará a un tope de 30. También se redefinen agravantes y se actualizan criterios para evaluar circunstancias de especial crueldad o riesgo social. Estos cambios forman parte de una revisión integral de un código que, pese a múltiples modificaciones parciales, mantiene la base conceptual de hace más de un siglo.

La reforma introduce una serie de capítulos temáticos destinados a delitos que no estaban o estaban escasamente contemplados. Entre ellos figura la violencia en espectáculos deportivos y masivos, con penas más duras para quienes generen disturbios, participen en agresiones o faciliten hechos violentos en eventos de alta concurrencia. El objetivo es desalentar situaciones que reiteradamente derivaron en tragedias o graves incidentes de seguridad.

El narcotráfico aparece como uno de los ejes centrales: se amplían las facultades para perseguir redes criminales y se elevan las penas cuando intervengan menores o funcionarios públicos. A ello se suma un régimen más estricto de decomiso y extinción de dominio, destinado a impedir que los imputados recuperen bienes o fondos vinculados a actividades ilícitas.

El proyecto avanza también sobre la protección de bienes culturales, el combate a la compra y venta de niños, los delitos intrafamiliares y la criminalidad vial. Las tragedias provocadas por conducción negligente o temeraria tendrán penas más severas, con agravantes por cantidad de víctimas o consumo de alcohol y drogas.

En materia ambiental, la reforma incorpora la figura de ecocidio y aumenta las sanciones por daños irreversibles a ecosistemas o áreas protegidas. La protección de personas vulnerables —menores, adultos mayores o personas con discapacidad— se refuerza con agravantes específicos.

Otro capítulo clave aborda los delitos digitales. La iniciativa tipifica el cibercrimen, incluyendo el fraude informático, la usurpación de identidad en redes, el acceso no autorizado a sistemas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. También define agravantes para delitos cometidos mediante motovehículos —la figura del “motochorro”— y amplía la persecución del crimen organizado transnacional.

La estabilidad fiscal y monetaria se incorpora como bien jurídico protegido, con sanciones para evasión estructural, falsificación monetaria e intermediación financiera ilegal. En paralelo, se sistematizan más de treinta figuras vinculadas al orden electoral, incluyendo delitos por manipulación digital, uso de algoritmos engañosos y desinformación orientada a influir en el voto.

A pesar de su firme línea punitiva, el proyecto respalda la continuidad plena de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ratificando la vigencia del derecho al acceso seguro y gratuito.

El texto llegará ahora al Congreso, donde se espera un debate intenso que medirá el consenso político en torno a una reforma que redefine el modo en que el Estado argentino entiende, persigue y sanciona el delito.