"No nos va a apretar”

Martín Llaryora quedó en la línea de fuego. Enfurecido luego del fracaso de la ley ómnibus en el Cámara de Diputados, Javier Milei arremetió contra las finanzas provinciales y apuntó a Córdoba. Con un ataque tuitero durante el que reposteó críticas directas contra el gobernador, el Presidente materializó su encono con el pedido de renuncia a Osvaldo Giordano. El ahora extitular de la Anses fue eyectado de su cargo como represalia al posicionamiento del bloque cordobesista pero, puntualmente, al de la diputada y pareja del economista, Alejandra Torres.

En ese contexto, el gobernador se refugió en la gestión y reseteó una postura a partir de la cual había elevado el perfil para convertirse en uno de los actores centrales de la discusión nacional. A pesar de todo, Llaryora está lejos de dejar a un costado sus banderas.
 
Se llamó a silencio unas horas para repensar la estrategia de gobernabilidad, que sigue vigente, pero que no se sostendrá a cualquier precio. "No nos va a apretar”, resumen en su entorno.

Este sábado, Milei volvió a la carga contra el cordobés y lo acuso de "llorar" por $20.000 millones de subsidios cuando "paga $27.000 millones en pauta oficial".
"Que deje arreglar con los medios para que hablen bien de él y no lo critiquen", lanzó el presidente en una entrevista con Radio Mitre.
Llaryora, entonces, decidió plantar bandera y advertirle al mandatario nacional que "no es tiempo de responder agravios ni insultos, es tiempo de diálogo y consensos" y se despachó con una serie de anuncios en los que ratifica la continuidad de los programas relacionados con el transporte social en el centro del país. “Córdoba responde con acciones, con trabajo y con respeto”, escribió el gobernador a través de su cuenta oficial en la red social X.

 
Con todos esos elementos estallando en un combo inédito, el gobernador chocó de frente contra un presidente que se maneja en otro plano de la discusión política y, alejado cada vez más de las formas tradicionales de la negociación y la búsqueda de consensos, apunta contra todo aquel que se anima a contradecirlo.

Es un problema de difícil solución, y no sólo para Llaryora, que se sabe obligado a ser más transversal que nunca.

Nadie se salva solo
Aunque, mientras pudo, prefirió no confrontar directamente luego del fracaso legislativo del oficalismo, Llaryora habilitó una fase en la que ya no es la única voz cantante del proyecto que busca expandirse desde el centro del país. La primera prueba fue la reacción colectiva que se activó tras el comunicado que adelantó la eliminación del Fondo Compensador del Transporte para el interior del país.

Por primera vez, desde que comenzó la gestión, el Partido Cordobés salió en bloque a cuestionar las medidas del Gobierno, mientras el mandatario prefirió no pronunciarse. El actor principal fue Daniel Passerini, el intendente de la capital cuya gestión es la más perjudicada por esa iniciativa libertaria.

Pero a su lado, no sólo se ubicaron algunas de las segundas líneas más representativas del peronismo cordobés, sino también intendentes e intendentas de siete provincias reunidas en una red que el propio Passerini promueve.

En paralelo, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, puso el gancho al comunicado con sus pares de las provincias. Sin distinción de banderías, pusieron el grito en el cielo ante la decisión nacional de no transferir los recursos del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que impacta en casi el 10% del sueldo del colectivo docente de todo el país.

Víctima predilecta de la ira libertaria, Llaryora entiende entonces que para sostener su protagonismo sin que los embates nacionales terminen perjudicando su paso por la gobernación será necesario fortalecer los puentes que ya empezó a construir desde el Congreso de la Nación.

También, deberá activar los mecanismos para superar ese escenario, cuya actividad parece peligrar cada vez que el propio Presidente lo identifica como la “representación perfecta del problema” que se propone enfrentar. Es decir, a “un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios”.

 
El avance del ajuste libertario, que en Córdoba adjudican al plan del ministro de Economía, Toto Caputo, preocupa al gobernador en otros aspectos fundamentales para la gestión: los fondos para la Caja de Jubilaciones y los dineros destinados a la obra pública.

Cambio de reglas
Según el comunicado del Ministerio de Economía de la Nación, las decisiones anunciadas esta semana en materia de Transporte guardan “coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018”. En aquel momento, el gobierno de Mauricio Macri se proponía acordar un nuevo esquema fiscal que contemplaba, entre otras cosas, lo que aquel oficialismo llamaba “sinceramiento” y que no era otra cosa que la traza de un camino hacia una Argentina sin subsidios.

Juan Schiaretti, en rol de aliado, y otro puñado de gobernadores encararon entonces una serie de negociaciones que terminaron por dar forma a un pacto que redujo su agresividad para las finanzas provinciales y proyectó ayudas nacionales para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en todo el país.

El tijeretazo sin aviso previo que se recibió esta semana, pone Llaryora otra realidad ante sus ojos. A pesar de la convivencia en la gestión, Milei no es Macri, o al menos no es aquel Macri que el Macri actual cuestiona por “gradualista”. Ese presente con un presidente que juega todas las pelotas como si fuera la última, obliga al gobernador de Córdoba a pensar el juego con mayor cautela, sobre todo en una provincia donde el libertario sostiene, a pesar la profundización de la crisis, altos índices de aprobación.

Para colmo de males, lejos de aprehender las reglas del juego, el presidente se jacta de odiar a la política y a todas sus formas. Allí es en donde se hacen agua los activos que permitieron a Llaryora avanzar en una construcción transversal en su provincial e intentar proyectar esa estructura a nivel país.

 
Desde hace un par de semanas, Llaryora logró posicionarse en boca de todo el mundo. Su postura fue celebrada incluso por aquellos sectores que hasta apenas unas horas antes lo señalaban por su cercanía al Gobierno nacional y lo denunciaban acusándolo de “colaboracionista”. En su entorno entienden que no es ni una cosa, ni la otra.

Pero el gobernador fue un poco más allá y decidió poner blanco sobre negro ante las acusaciones que llegan desde la Nación. "Córdoba nunca se arrodilló, y tampoco lo hará ahora, porque es el legado que su pueblo le dio con el voto, también a este gobernador", aseguró buscando romper el mandato libertario que argumenta que la clase dirigente no cuenta con el aval suficiente como para cuestionar a un Presidente electo con el 56% de los votos.

"La grandeza de nuestro país requiere de la mesura y la cordura de sus dirigentes", agregó mientras volvió a mostrarse dispuesto, mediante el diálogo, "construir una Argentina democrática, federal y productiva".

"Es mi responsabilidad como Gobernador y como ciudadano seguir representando a Córdoba desde la gestión", aseguró Llaryora reafirma el rumbo que, desde el vamos, le planteó al gobierno nacional, cada vez que pudo sostener un diálogo con intermediarios que luego fueron perdiendo peso en las decisiones nacionales. Guillermo Francos aparece en esa lista como el principal apuntado por los cordobeses.

Siguiendo esa línea, en el Partido Cordobés reivindican que el gobernador y su bancada en Diputados haya sostenido una postura “coherente” y no se haya prestado a aprobar la parte del articulado del megaproyecto libertario que, entienden, perjudicaba a la provincia. "Estábamos dispuestos a acompañar, pero hay cosas con las que no estamos de acuerdo", advierte uno de sus alfiles más cercanos.

Ahora, el gobernador quedó en la línea de fuego que trazó el Presidente y deberá meditar su próximo movimiento al extremo para adecuar su dicho preferido del alemán Willy Brandt y ser tan opositor como sea posible y tan dialoguista como sea necesario.

Con información de Letra P, sobre una nota de César Pucheta