Reforma laboral: el choque con los jueces suma un nuevo frente de conflicto para el Gobierno

• La reforma laboral generó un rechazo inesperado de la Asociación de Magistrados
• Los artículos 90 y 91 apuntan a limitar fallos y a disolver la Justicia Nacional del Trabajo
• Los jueces denuncian un ataque a la independencia judicial y se declararon en alerta
• El Gobierno busca acelerar el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires
• La iniciativa enfrenta el riesgo de futuras declaraciones de inconstitucionalidad
• El oficialismo necesita sumar apoyos clave en el Congreso para aprobar la ley

El proyecto de reforma laboral que el presidente Javier Milei envió al Senado apenas regresó de su viaje a Oslo abrió un frente de conflicto inesperado. Más allá de la resistencia anticipada del sindicalismo, el peronismo y la izquierda, la iniciativa generó un rechazo público de la principal asociación de jueces del país, que cuestionó con dureza dos artículos vinculados al futuro de la Justicia Nacional del Trabajo. La reacción sumó complejidad a una negociación legislativa que ya se anticipa ardua y de final incierto.

El texto, compuesto por 196 artículos, ingresó formalmente a la Cámara alta el jueves y desde el lunes comenzará a ser analizado en comisiones. El objetivo del oficialismo es lograr la media sanción antes de fin de año, un calendario ambicioso que obliga a acelerar acuerdos en un Congreso donde La Libertad Avanza carece de mayorías propias. Sin embargo, la polémica desatada por los artículos 90 y 91 incorporó a los jueces como actores directos del debate.

El artículo 90 establece que los magistrados laborales deberán adecuar obligatoriamente sus fallos a los precedentes de la Corte Suprema, y que el apartamiento “infundado” de esa doctrina constituirá causal de mal desempeño. El artículo 91 va más allá: declara la vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo y propone su “progresiva disolución” una vez concretado el traspaso de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este último punto fue el que encendió la alarma en el fuero laboral.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó de manera categórica ambos artículos y advirtió que atentan contra la independencia judicial. En un comunicado firmado por su presidente, el juez Andrés Fabián Basso, la entidad calificó de “inadmisible” la redacción del proyecto y reclamó que cualquier modificación se realice dentro de un marco de respeto institucional. Además, declaró el estado de alerta permanente mientras evalúa las acciones a seguir.

Desde el Gobierno, la lectura es distinta. En la Casa Rosada sostienen que el objetivo central es avanzar en el traspaso de los juzgados laborales a la órbita porteña y poner fin a lo que denominan la “industria del juicio”. Funcionarios del Ejecutivo argumentan que existen fallos que afectan la sustentabilidad de pequeñas y medianas empresas y citan casos paradigmáticos, como indemnizaciones millonarias que consideran desproporcionadas. En ese diagnóstico se apoya la decisión política de impulsar cambios de fondo en el funcionamiento del fuero.

El trasfondo del conflicto remite a un proceso de transferencia de competencias judiciales que la Ciudad de Buenos Aires viene impulsando desde hace años y que encontró resistencia en la propia Justicia Nacional. De hecho, en etapas previas, medidas cautelares ordenaron frenar los preparativos para el traspaso. Con la reforma laboral, el oficialismo apuesta a reforzar ese camino mediante una ley del Congreso, aunque asume el riesgo de que la iniciativa termine judicializada.

En el Gobierno recuerdan que algo similar ocurrió con el capítulo laboral de la Ley Bases, que fue parcialmente declarado inconstitucional, y observan con preocupación la reacción anticipada de los magistrados. La pregunta que circula en el oficialismo es si el rechazo explícito de la asociación judicial anticipa futuros fallos que compliquen la aplicación de la norma aun si logra ser aprobada.

En paralelo, la inclusión de los artículos cuestionados fue bien recibida por la administración porteña, que avanza en la consolidación de un nuevo fuero laboral local. Desde la Ciudad destacan que ya se sancionó un Código de Procedimientos Laborales, se pusieron en marcha concursos para jueces, camaristas y fiscales, y se creó un esquema institucional para absorber los conflictos individuales de trabajo con prestación efectiva en la Capital Federal. Para el gobierno porteño, la reforma nacional no hace más que reflejar el mandato constitucional de consolidar la autonomía.

Más allá de las definiciones políticas y jurídicas, el desenlace se jugará en el Congreso. Para convertir el proyecto en ley, La Libertad Avanza deberá sumar al menos 15 senadores adicionales a los propios y cerca de 25 diputados a un bloque de aliados fluctuantes. Con los jueces ya en pie de guerra, la reforma laboral suma un obstáculo más en un camino que promete debates intensos y alto voltaje institucional.