El creciente uso de criptomonedas por parte de grupos de delincuencia organizada trasnacional en América Latina

En toda América Latina, las organizaciones criminales trasnacionales que mueven miles de millones de dólares al año en ganancias ilícitas están transfiriendo parte de sus activos financieros a criptomonedas como una forma de evitar la detección y la incautación de activos. Muchos grupos diferentes, incluidos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, con sede en México, la MS-13 (Mara Salvatrucha), con sede en Centroamérica, y el PCC (Primeiro Comando da Capital), con sede en Brasil, están descubriendo grietas cada vez mayores en la arquitectura regional contra el blanqueo de capitales que hacen cada vez más atractivo el cambio a las criptodivisas. La caída del valor de la mayoría de las monedas digitales puede ralentizar la tendencia a corto plazo, pero a medida que los precios se estabilicen es probable que siga creciendo a medio y largo plazo.

 
Aunque el uso delictivo de las criptomonedas es un problema mundial, América Latina -en particular- es una región en la que los grupos delictivos se aprovechan de “los intercambios no regulados que no exigen información de registro ni pruebas de identificación a efectos de seguimiento”, según un informe especializado. Estos grupos a menudo depositan Bitcoin en cuentas de intercambio y lo cambian por diversas altcoins, ocultando la cuenta de origen.

Existen múltiples casos que demuestran esta tendencia, ofreciendo una visión útil pero incompleta de la magnitud de los cambios en curso. Los sistemas Blockchain están diseñados para hacer anónima la trazabilidad de las transacciones e incluso los esfuerzos reguladores agresivos en todo el mundo están en sus inicios. Como tal, la conceptualización de la expansión de los sistemas blockchain en América Latina se basa en pruebas anecdóticas convincentes y en el análisis de las amenazas potenciales más que en datos cuantitativos. Por ejemplo, en diciembre de 2022, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) descubrió que el CJNG utilizó Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, para mover entre 15 y 40 millones de dólares en ganancias ilícitas de la venta de cocaína y metanfetaminas, combinando nuevos productos y nuevos métodos de lavado.

El asesinato en diciembre de 2021 de un dirigente del PCC en Brasil dio lugar a una investigación policial en San Pablo que descubrió un uso generalizado de la criptomoneda por parte de la banda, incluida una transacción de 7,8 millones de dólares. Ese mismo mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al PCC como una importante organización delictiva. En otro caso brasileño, el llamado “Faraón del Bitcoin” dirigía una estafa piramidal que supuestamente le reportó 67 millones de dólares de inversores locales e internacionales, y ahora está implicado en acusaciones de asesinato, tráfico de drogas y blanqueo de dinero.

Nuestro trabajo de campo en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) ha revelado que la banda trasnacional MS-13, designada por el Gobierno estadounidense como una de las principales organizaciones delictivas desde 2012, exige cada vez más pagos en Bitcoin por transportar cocaína a México y en casos de extorsión. Dado que casi toda la actividad delictiva de la banda se basa en el dinero en efectivo y está creciendo rápidamente, la ubicuidad de los cajeros automáticos de Bitcoin y la facilidad de convertibilidad a dólares han hecho más conveniente y seguro el uso de billeteras blockchain que atesorar dinero físico en casas de seguridad.

Además de las actividades delictivas trasnacionales, las operaciones estatales de Bitcoin, como Chivo Wallet en El Salvador, han sido ampliamente utilizadas por grupos trasnacionales para estafar por millones de dólares a los usuarios. Por último, Rusia y sus aliados en el hemisferio, como el régimen de Maduro en Venezuela, han desarrollado criptomonedas diseñadas específicamente para evadir las sanciones de Estados Unidos y la UE eludiendo los mercados de divisas occidentales. Un ciudadano ruso residente en Uruguay diseñó y asesoró el desarrollo de la criptomoneda venezolana Petro, una transferencia de valor sólo utilizable entre Venezuela y Rusia a través de bancos rusos. Aunque no está directamente vinculado a la delincuencia organizada trasnacional, el régimen de Maduro es ampliamente reconocido por financiarse a través de la venta de cocaína y oro extraído ilegalmente, lo que significa que gran parte del valor transferido a través del sistema Petro probablemente se deriva de la actividad criminal.

El crecimiento de las criptomonedas en las organizaciones delictivas trasnacionales es difícil de cuantificar, pero es probable que se esté acelerando. Esta tendencia ha sido posible gracias al creciente número de jurisdicciones con un alto nivel de corrupción en las que la desregulación es intencionada y las divisas son bienvenidas por su opacidad. El porcentaje de criptodivisas globales en América Latina ha crecido de alrededor del 6% en 2017 al 16% en 2020. La mayor parte de América Latina carece de regulaciones bancarias sólidas o requisitos de Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés), mientras que los esfuerzos en el hemisferio para regular las criptodivisas están en su infancia, incluso en los Estados Unidos. Con la excepción de México y Venezuela, la gran mayoría de los países de la región sólo tienen regulaciones ad hoc o discusiones teóricas sobre regulaciones. La promoción de las criptomonedas por parte de países con un alto nivel de corrupción proporciona un acceso y un uso cada vez mayores de estas divisas en mercados que carecen casi por completo de regulación y supervisión.

El Salvador ha sido objeto de un creciente escrutinio por su indiferencia ante cualquier regulación. Más de una docena de altos cargos de la administración del presidente Nayib Bukele y aliados legislativos han sido sancionados por Estados Unidos y se les ha revocado el visado por corrupción masiva. Además, el Banco Mundial está reteniendo cientos de millones de dólares en préstamos debido a estas preocupaciones y a la corrupción del Gobierno.

Las preocupaciones comenzaron en septiembre de 2021, cuando Bukele utilizó su creciente poder autoritario para convertir a su país en el primero del mundo en declarar el Bitcoin moneda de curso legal a la par que el dólar estadounidense, que ya es la moneda legal de El Salvador. La ley exige que todas las empresas importantes acepten Bitcoin y, aunque pocas personas utilizan la moneda con regularidad, la criptodivisa es fácil de usar y de convertir, lo que explica, al menos en parte, por qué la MS-13 y otras bandas se están lanzando a su uso. Además de no ofrecer ninguna regulación o supervisión de las transacciones de Bitcoin, El Salvador también ofrece residencia y ciudadanía basadas únicamente en las compras de Bitcoin, creando un paraíso para aquellos que buscan un refugio seguro frente a la persecución de cualquier delito. Otras preocupaciones sobre la corrupción surgieron después de que Bukele tuiteara sobre el comercio de Bitcoin al desnudo utilizando fondos del tesoro nacional, guardados en su monedero privado, mientras perdía unos 22 millones de dólares sin rendición de cuentas, transparencia ni supervisión.

Paraguay, un país pequeño, aislado y sin salida al mar de Sudamérica, que ya es un paraíso para el blanqueo de dinero, está siguiendo los pasos de El Salvador para atraer el negocio de las criptomonedas. Si bien hay pocos casos públicos de uso de criptomoneda por parte de grupos delictivos trasnacionales en Paraguay, los fiscales de delitos financieros y los investigadores policiales afirman que existen múltiples casos. Varios factores imposibilitan la persecución de estos casos.

Uno de ellos es que el ex presidente Horacio Cartes, que conserva una enorme influencia económica y política, y el vicepresidente en ejercicio, que tiene una participación directa en la regulación de las criptomonedas. Ambos han sido designados “actores corruptos” por el gobierno de Estados Unidos y se les ha revocado el visado estadounidense. Las designaciones, que también se aplicaron a las empresas de Cartes con sede en el país norteamericano, se vieron agravadas por las acusaciones públicas de Washington sobre los vínculos financieros y políticos de ambos hombres con Hezbollah, un grupo con sede en Líbano designado terrorista.

El interés de Cartes y sus acólitos políticos por seguir en el poder es motivo de preocupación porque también es el propietario del mayor conglomerado empresarial del país, que incluye bancos, hoteles, medios de comunicación y fábricas de cigarrillos. El poder económico de Cartes, su acceso al poder judicial y su control de los medios de comunicación se combinan para evitar que salgan a la luz muchos casos, incluidos varios relacionados con el blanqueo de dinero en criptomonedas.

La ventaja competitiva de Paraguay es que es el único país del mundo que depende exclusivamente de la energía renovable (energía hidroeléctrica), lo que significa que la minería de Bitcoin es relativamente barata y la electricidad es relativamente abundante. Desde 2018, Paraguay se ha promocionado como un centro de Bitcoin. También es uno de los rincones clave de la región de la Triple Frontera, junto con Brasil y Argentina, donde dominan el lavado de dinero, el tráfico de cocaína, el contrabando y otras actividades ilícitas de grupos como el PCC.

Aunque los datos son escasos, existen pruebas convincentes de casos e investigaciones de campo que muestran que las organizaciones criminales trasnacionales y las bandas trasnacionales utilizan cada vez más las criptomonedas para mover y ocultar los beneficios de sus actividades ilícitas. Un número creciente de países abrumados por una corrupción endémica, una infraestructura reguladora débil o inexistente y unas políticas sobre criptomonedas deliberadamente opacas, contribuyen a crear un entorno excepcionalmente fértil para este crecimiento.

Dado que la forma de regular las criptomonedas, e incluso la conveniencia de hacerlo, es un debate mundial en curso, no existe una receta política rápida para impedir que las organizaciones de delincuencia organizada trasnacional migren a estos sistemas para reducir el riesgo de rastreo y confiscación de activos. Sin embargo, los responsables políticos estadounidenses pueden tomar algunas medidas para frenar esta tendencia.

Un primer paso es el desarrollo y la aplicación de una regulación básica de KYC y transparencia en las jurisdicciones que promueven el uso de criptodivisas comparables a las de la estructura bancaria formal. Esta forma de regulación del sector bancario es un pilar fundamental para evitar la designación por el Departamento de Estado de EEUU como paraíso para el blanqueo de capitales. Estas condiciones deben cumplirse para evitar ser nombrado y sancionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) e integrar la lista gris y la negra de jurisdicciones. Esto debería ir acompañado de esfuerzos por parte de Estados Unidos para evitar que los países concedan la ciudadanía basándose en inversiones en criptomoneda que probablemente incentiven la huida de la justicia en otras jurisdicciones. Esta política podría lograrse negándose a reconocer este tipo de documentos de ciudadanía. Por último, Estados Unidos puede desempeñar un papel clave ayudando a instituciones regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y los bancos regionales de desarrollo a establecer directrices y normativas comunes sobre criptomoneda en todo el hemisferio.

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Douglas Farah es el presidente y fundador de IBI Consultants, una consultora de seguridad nacional centrada en el crimen organizado trasnacional y los actores extrarregionales en América Latina, que trabaja con el gobierno estadounidense, fundaciones de investigación y clientes privados. Marianne Richardson es coordinadora de investigación en IBI Consultants y posee un máster en asuntos públicos por la Universidad de Texas en Austin.

Publicado originalmente en Georgetown Journal of International Affairs

Fuente: Infobae