Padre de turista asesinada en Salta pide la libertad de uno de los condenados

JUDICIALES Por Ramiro FORTIS
Jean-Michel Bouvier reiteró su pedido para que Santos Clemente Vera, condenado a perpetua por el asesinato de su hija Cassandre y su amiga Houria Moumni, ocurrido en 2011, sea absuelto
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El 2 de junio de 2014, Jean-Michel Bouvier, un experto en finanzas públicas ya jubilado, pasaba los días del otoño austral en la provincia de Salta, a miles de kilómetros de Francia y de su Marruecos natal. Estaban por cumplirse tres años desde el día en que, desde su casa en París, supo que su hija Cassandre, de 29, había sido golpeada, violada y asesinada en algún punto del norte argentino, al igual que su amiga y compañera de estudios Houria Moumni, de 24.

Ese día, en la audiencia final de un extenso juicio por el doble crimen, la Sala II del Tribunal del Juicio de Salta dio un veredicto respecto a los cinco acusados: los jueces Ángel Amadeo Longarte, Carlos Héctor Pucheta y Bernardo Ruiz condenaron por unanimidad a Gustavo Lasi a la pena de 30 años de prisión por la violación, los homicidios y el robo de las pertenencias de las jóvenes, absolvieron a Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera por el beneficio de la duda y condenaron a Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval, acusados de ocultar el arma homicida, por encubrimiento.

La sentencia era cercana al pedido que había hecho en su alegato la querella encabezada por Bouvier y la prensa esperaba afuera de la sala una declaración del hombre que asistió a todas y cada una de las 34 audiencias del proceso con remeras estampadas con reclamos de Justicia, entre las que destacaba una negra con la inscripción “Je suis désenfante” (“soy un ‘deshijado’”).

“Estamos conformes, pero ninguna condena es una victoria. Esto no es un partido de fútbol”, se limitó a decir en ese momento, con prudencia y aplomo frente a su propia tragedia personal. Esa frase de Bouvier iba a resignificarse con el paso del tiempo y los múltiples vaivenes judiciales del caso que, para entonces, aún estaba muy lejos de cerrarse y nunca logró una hipótesis certera o concluyente respecto a la cronología de cómo, cuándo, dónde y por quiénes fueron atacadas Cassandre y Houria, golpeadas, abusadas y ejecutadas con dos disparos en la cabeza y en la espalda, respectivamente, de una carabina calibre .22 que pertenecía a la familia de Lasi, el primer condenado.


Ahora, a más de nueve años del doble crimen de las jóvenes francesas, Jean-Michel Bouvier, que padece una grave enfermedad en su hígado, insiste desde Francia con un pedido que sostiene desde hace años: el padre de Cassandre reclama a la Justicia argentina la libertad de Clemente Vera, condenado dos años después de haber sido absuelto a prisión perpetua por la violación y asesinato de las turistas. A través de ese mismo fallo en 2016 Lasi (de quien se halló rastros de semen en los cuerpos de ambas víctimas) también fue condenado a perpetua y Vilte quedó fuera de la causa.

“Tengo algunos principios irrenunciables en mi vida. Uno de ellos concierne a la causa de Clemente Vera”, dice Bouvier en una comunicación vía correo electrónico con Infobae desde Francia, tras una internación reciente en el Hospital de París por su delicado estado de salud.

La situación procesal de Vera, un baqueano salteño que colaboró con la policía en la búsqueda de pistas en la reserva natural donde se hallaron los cuerpos, está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que analiza un recurso de queja presentado en 2017 por su abogado defensor, José Humberto Vargas, y el abogado Manuel Garrido, presidente de la organización Innocence Project.

Esa presentación, que ya obtuvo en junio de este año un dictamen parcialmente favorable de la Procuración General de la Nación, podría lograr en los próximos meses que Vera quede en libertad.

Bouvier, uno de los principales impulsores de esa campaña, denunció públicamente desde el inicio de la investigación los errores graves que, según su criterio, se cometieron durante la etapa de instrucción del caso, el uso de apremios ilegales contra acusados y testigos de la causa por parte de la Policía de Salta y la falta de pruebas contundentes para justificar que se revoque la absolución de Vera, todavía preso en el penal salteño de Villa Las Rosas.

Las pruebas contra Vera, que no alcanzaron en el juicio para condenarlo-la incriminación del principal acusado y una perfil genético que podría pertenecerle, aunque no de forma concluyente, y fue detectado por uno de los tres peritos intervinientes en una de la muestras-, fueron las mismas que se utilizaron más tarde para justificar que se revoque la absolución y se dicte una condena a perpetua.


“Un sistema de justicia penal digno de ese nombre debe condenar sin ambigüedades si las pruebas verificadas y concordantes incriminan a un individuo”, dice Bouvier sobre lo que ocurrió en este proceso. “Hoy en día, es la ciencia la que debe proporcionar la única evidencia decisiva. Los testimonios humanos son frágiles y por lo tanto inherentemente sospechosos. La ‘íntima convicción’ que algunos jueces reivindican para decidir una condena es una aberración intelectual porque es eminentemente subjetiva”.

Bouvier explica que frente al crimen de su hija y su amiga, intentó aplicar los mismos métodos que usó a lo largo de toda su vida privada y profesional: “Pensar sin prejuicios; no poner en duda, a priori, la profesionalidad y la honestidad de los investigadores y del juez de instrucción encargado del caso, rodearme de asesores expertos exigentes, no rendirme nunca y dudar siempre de las conclusiones a las que se llegue si no están respaldadas por pruebas cruzadas indiscutibles”, afirma.

Sin embargo, la “resolución demasiado rápida” del caso fue una de las primeras cosas que lo hizo desconfiar. Para entonces, el tema había cobrado ya dimensión internacional y figuraba incluso en la orden del día de una reunión celebrada en septiembre de 2011 en París entre el ex presidente francés Nicolás Sarkozy y la ex presidenta Cristina Kirchner.

El padre de Cassandre incluso llegó a reunirse en tres oportunidades con Cristina, quien se refirió al caso en su libro Sinceramente: “Me impresionó la serenidad de ese hombre y al mismo tiempo la convicción con la cual me pedía que incorporáramos la figura del femicidio a nuestra legislación penal”, escribió la hoy vicepresidenta.

“Lo volví a ver en dos oportunidades más: una en la Casa Rosada y, después del 2015, en el Instituto Patria. Seguía pidiendo justicia por su hija, creía que los que habían sido condenados por el Poder judicial de la provincia de Salta eran ‘perejiles’ y que los verdaderos responsables están en libertad por formar parte de los círculos del poder de esa provincia”.

Varios años más tarde, Bouvier todavía conserva esa idea y un duro concepto de los investigadores del caso y los funcionarios provinciales de ese momento. Durante la presidencia de Mauricio Macri, Bouvier intentó reunirse también con el mandatario, pero fue recibido por el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, a quien dedicó luego una carta pública, y el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, a quien solicitó apoyo para reabrir la investigación.

La insistencia en la búsqueda de Justicia por el crimen de su hija y el reclamo por la causa de Vera, responden, según remarca Bouvier, a la intención de “respetar el espíritu” de su hija Cassandre, “que no soportaba la injusticia, la discriminación, la relegación de los más pobres y débiles, el desprecio, el feudalismo, el clientelismo, el abuso de posición dominante, los conflictos de intereses, la mafia... y que respetaba el lema ‘Libertad, Igualdad, Fraternidad’ de la República Francesa”.

—¿En qué momento del proceso tuvo usted la certeza de que Clemente Vera era inocente? ¿Qué fue lo que lo convenció?

—Me shockeó cuando el juez de Instrucción, Martín Pérez, pocos días después del descubrimiento de los cuerpos en el mirador de la Quebrada de San Lorenzo, insistió en que lo acompañara a la escena del crimen. A pesar de mi reticencia a contaminar la escena, él quería mostrarme la posición del cuerpo de mi hija Cassandre cuando fue descubierto. Todavía me arrepiento de haber cedido a mi dolor y de haberlo seguido. El arrepentimiento aumentó cuando supe que, unos días después de mi visita, se encontraron en la escena elementos que incriminaban a Daniel Vilte. En 2014, el juicio oral demostró que estas pruebas habían sido plantadas por agentes de policía, sin que se revelase por orden de quién. Si yo hubiera sido deshonesto, podría haber plantado allí algún elemento sustraído a algún notable de la provincia, incluyendo al gobernador, a quien conocí a mi llegada a Salta con el embajador francés y el cónsul general de Francia en Buenos Aires. La incompetencia de los investigadores quedó probada. Sólo uno me cayó bien: el comisario Néstor Piccolo, que se opuso al juez que tenía apuro por cerrar el expediente. Su supuesto suicidio a finales de 2011 y las tácticas dilatorias del juez me convencieron de que las élites dirigentes de la provincia de Salta negaban la verdad a su pueblo y a las familias Bouvier y Moumni.

—¿Por qué cree que la Justicia sostuvo la culpabilidad de Vera entonces?

—Es necesario recordar que los tres jueces del juicio oral en 2014 han sido ejemplares. Su veredicto los honra ya que sólo uno de los tres principales acusados fue condenado a cadena perpetua. Los otros dos, Daniel Vilte y Clemente Vera, fueron liberados por falta de pruebas o por el beneficio de la duda. Quisiera señalar que, si el juicio hubiera tenido lugar en Francia, ambos habrían recibido una importante indemnización en euros por los daños sufridos durante casi tres años de prisión en ese momento. La Argentina es deficiente en esa materia y debe corregir esta anomalía institucional. Tan pronto como se pronunció el veredicto, expresé a la presidenta Kirchner y al gobernador Juan Manuel Urtubey mi inmenso escepticismo sobre el gran punto negativo del juicio: la “verdad real” faltó a la cita.

¿Como se puede justificar que dos jóvenes mujeres deportistas, una de ellas mi hija Cassandre, que había pasado largas temporadas en países muy peligrosos como Guatemala, Honduras y El Salvador, puedan ser violadas y asesinadas por un solo hombre a cinco metros de un lugar frecuentado asiduamente por cientos de turistas? La señora Fernández de Kirchner me reconoció que eso era imposible. Ella coincidió con la idea de que los asesinos y cómplices aún están en libertad. Reconoció la necesidad de continuar las investigaciones, de explotar los ADN no identificados descubiertos por los expertos franceses que el juez de instrucción de Salta se había negado a incluir en su expediente y muchos otros puntos no explorados. ¡El gobernador Urtubey, en cambio, se quedó callado! Un signo de obvia vergüenza. Para mí, las decisiones que siguieron al veredicto de 2014 y que llevaron al nuevo encarcelamiento de Clemente Vera en 2016, sólo tienen un objetivo: añadir un segundo culpable para “demoler” mi argumento. Se trata de sentencias de naturaleza política tendientes a satisfacer, en febrero de 2016, al hombre que en diciembre de 2015 nombró al Presidente de la Corte Suprema de la provincia de Salta.


—¿Cuál es su expectativa respecto del recurso presentado ante la Corte Suprema? ¿Siente que de alguna manera una aceptación puede llegar a reparar lo que ocurrió con Vera?

—El recurso está totalmente justificado. La liberación de Clemente Vera es esperada en primer lugar por él, pero también por su esposa, sus hijos y toda su familia. Todos fueron castigados con él. Argentina debe compensar a Clemente Vera y a Daniel Vilte por los años de prisión injustamente sufridos. Todas las decisiones provinciales deben ser revocadas y la investigación debe recomenzar de cero con un juez de instrucción que sea reconocido por su profesionalidad, probidad moral y capacidad para resistir la presión de donde sea que venga. La cooperación judicial franco-argentina debe ser ejemplar y reforzada. Yo no tengo ningún resentimiento personal contra Argentina. A pesar del perpetuo sufrimiento del duelo, amo a las mujeres y hombres de ese país fraternal. Pero tengo un deseo personal: el asesinato o la desaparición de un extranjero en su país debe ser tratado sistemáticamente por la Justicia federal y no por la provincial. Estoy seguro de que todas las familias francesas rotas por el asesinato o la desaparición de uno de sus parientes en Argentina comparten este deseo. Tengo un pensamiento especial para la familia francesa de Mathieu Martin [N.d.R: se refiere al turista francés que desapareció en agosto de 2018 cuando viajaba como mochilero a la localidad de Iruya], también en enorme conflicto con el Poder Judicial de Salta.

—¿Qué piensa usted ocurrió con Cassandre y Houria y por qué cree que hasta ahora no se ha podido dar de forma certera con los culpables?

—No tengo una teoría. No soy fan de las teorías conspirativas. Soy un hombre racional. Necesito hechos comprobados para hacer una acusación contra un hombre o una mujer. Sin embargo, en cada una de mis visitas a Salta, he escuchado y leído denuncias que incriminan, sin prueba alguna, a los “hijos del poder” en general y, a veces, más específicamente, a uno u otro jefe de los dos clanes que monopolizan los poderes políticos, económicos y otros en la provincia. Nadie puede estar seguro de que la verdad, toda la verdad, esté siendo investigada. El paso del tiempo no ayuda en nada al caso. Las memorias se están oscureciendo y cada vez es más difícil reunir pruebas materiales de culpabilidad o complicidad indiscutibles. Pero la obligación de una justicia digna de ese nombre es utilizar, con eficacia, discernimiento y honestidad, todos los medios necesarios para descubrir la “verdad real”. El Poder Judicial de Salta no lo hizo por los asesinatos de Cassandre y Houria. Incluso se burló de los derechos humanos, deshonrando a la Argentina, su país que ha dado al mundo entero una imagen impresionante por haber mirado con lucidez y determinación su historia más oscura y haber juzgado a los torturadores y a sus patrocinadores con firmeza pero con respeto a sus derechos. Espero que la provincia de Salta emprenda una nueva investigación y que nadie se libre de ella, incluyendo, de ahora en adelante, entre otros, al ex gobernador Urtubey, al ex director de seguridad Aldo Saravia y al ex juez de instrucción Martín Pérez, que deberán ser interrogados por los investigadores.

Fuente: Infobae

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