El Gobierno cruzó a las empresas por subas de Internet, cable y celular: ¿cuánto aumentarán las tarifas en enero?

Las firmas proveedoras de Internet, televisión por cable y telefonía fija y móvil comunicaron a sus clientes que a partir de enero recibirán aumentos de hasta un 20% en sus facturas. Sin embargo, desde el Gobierno salieron al cruce y rechazaron que se vaya a permitir una suba de tal magnitud.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) negó este miércoles haber autorizado una suba de tarifas del 20% para servicios de telecomunicaciones y en los próximos días tomará la decisión acerca de cómo se irán descongelando los valores.

Y según trascendió en las últimas horas, el aumento autorizado a las empresas de telefonía fija y móvil será de de sólo el 5% en enero.

El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, dijo en declaraciones radiales: "Evaluaremos el modo de descongelamiento de precios, pero hasta que el ente no se expida, las empresas no están autorizadas a aumentar los precios".

López aclaró que el aviso de ajuste del 20% que hicieron las empresas a sus clientes no fue consensuado ni autorizado por el gobierno: "Las empresas se tiran el lance para los aumentos pero absolutamente nada está autorizado", enfatizó.

Fuentes oficiales indicaron que aún no se resolvió cómo será el descongelamiento, pero señalaron que el incremento no sería de una sola vez sino en cuotas, para amortiguar el impacto en el bolsillo de los usuarios.

Si bien las mismas fuentes en un principio dijeron que estaba prevista una reunión con representantes de las empresas, desde el Gobierno indicaron por la tarde que esto no es así, que ese encuentro no estaba en agenda.

El martes, las empresas que brindan servicios de Internet, cable y telefonía comenzaron a comunicar a sus clientes que definieron aumentar 20 por ciento las tarifas a partir de enero próximo.

Los costos de estos servicios se habían congelado hasta fin de año, en medio de la pandemia de coronavirus, y las empresas salieron a comunicar el ajuste afirmando que contaban con un supuesto visto bueno del Gobierno.

"Con el fin de poder mantener la calidad de los servicios y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el marzo de este año, informamos que el 1 de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%", informó en la factura de diciembre la empresa Cablevisión Fibertel a sus clientes.

El 21 de agosto último, el presidente Alberto Fernández anunció la decisión de declarar como "servicios públicos" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga", y anticipó que las tarifas de esas prestaciones quedarían congeladas hasta el 31 de diciembre.

La medida se concretó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Reclamos de las operadoras

Cableras y empresas de Internet, con Telecom a la cabeza, habían reclamado en noviembre al Gobierno por haber sido declaradas servicio público y mantener congelados los servicios de telecomunicaciones.

Pidieron que el freno a los precios, considerada una "medida excepcional" en el marco de la pandemia, pueda revertirse a fin de garantizar las inversiones que el sector necesita para continuar ampliando las redes y mejorar los servicios a los usuarios.

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, se limitó a asegurar en ese mes que se avanzará "en la mejor reglamentación que salga", sin dar más precisiones. Es la razón por la que la impronta política está cada vez más presente cuando hay un encuentro de este sector.

El escenario de esos reclamos fueron las Jornadas Internacionales de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) estuvo plagada de datos y explicaciones sobre el funcionamiento del sector.

El analista Enrique Carrier dio un panorama completo sobre las distintas decisiones que se fueron tomando desde el Gobierno una vez declaradas las restricciones de la pandemia y cómo se modificó el consumo del tráfico de Internet a partir de los nuevos comportamientos de los argentinos.

Luego fue el turno de Telecom. Roberto Nobile, CEO de la mayor empresa de telecomunicaciones del país, recordó que "el sector invirtió más de u$s20.000 millones en los últimos 10 años. Es un ecosistema compuesto por más de 1.200 empresas que dan servicio al 95% de los argentinos y genera 80.000 puestos de trabajo. Esto requiere de inversiones constantes, incluso estamos en el camino de reconvertir la red de cable a fibra", aseveró. La inversión mencionada, enfatizó, representa el 2,4% del PBI.

Y luego señaló que el decreto 690 significó un cambio abrupto en las reglas de juego de la industria.

"El DNU 690 implica un cambio abrupto, afecta tanto a los grandes como medianos y pequeños operadores. Genera asimetrías y confunde medidas coyunturales con cambios de fondo que afectan a la sustentabilidad del ecosistema TIC", agregó, aunque también se mostró confiado en la posibilidad de llegar a un diálogo amplio con el Gobierno.

Desde Supercanal, uno de los principales cableoperadores de las provincias y oriundo de Mendoza –que ostenta uno de los peores niveles de conectividad a nivel nacional- Facundo Prado manifestó la necesidad de que deje de verse al sector "desde la coyuntura del corto plazo". Si bien destacó las iniciativas del Enacom en relación al uso de los fondos de Servicio Universal para alcanzar a las zonas desfavorables, se manifestó a favor de "avanzar en un consenso de desarrollo entre todos los sectores".

Tal como suele pasar en el grueso de las conferencias virtuales que se transmiten vía streaming, Prado fue "victima" de los clásicos microcortes que sufren gran parte de los usuarios de Internet en el país. Esto muestra la necesidad de que se alcancen acuerdos amplios entre sector público y privado, ya no sólo para conectar a los "no conectados" sino también para elevar la calidad del servicio.

No al control de precios

La Red Intercable, uno de los principales protagonistas locales del encuentro, también tuvo voz en varios de sus referentes. "El DNU nos paralizó y nos sorprendió. El Gobierno debería habernos convocado para pedirnos opinión", disparó para luego asegurar que el objetivo de esa herramienta es "controlar los precios". Indicó, en este contexto, que "es el mercado y la competencia la que regula los precios".

Luego fue el turno de las Pymes, que debieron hacer propuestas para avanzar en la federalización, la conectividad y la inclusión, tres ejes en los que los tres oradores coincidieron en señalar como sobre los que siempre han trabajado.

Como era de esperar, y tal como viene sucediendo con toda la industria desde finales de agosto, cuando se emitió el DNU 690, las Pymes de telecomunicaciones defendieron su trabajo, consistente en llevar servicios a localidades de las provincias e, inclusive, del interior de ellas.

La palabra estuvo a cargo de Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), Marcelo Tulissi, representante de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pyme (CACPY) y Lucio Gamaleri, vicepresidente de la Red Intercable.

Libertad de precios, reglas claras y competencia fueron tres de las medidas que consideraron urgentes para revitalizar a un sector que se encuentra atravesado por una sucesión de "noes": no al aumento de precios, no al corte de servicio a los morosos, no al acceso a ayuda estatal como los ATP, pero sí mantenimiento de servicios con aumentos de costos que se les hace cada vez más difícil de afrontar, señalaron.

Si bien no se dieron datos, en estos dos paneles se expuso la situación de Pymes de telecomunicaciones en situación de quiebra debido a lo apremiante que se les volvió la coyuntura teniendo en cuenta estas obligaciones.

Graizer, de CABASE, lo graficó de la siguiente manera. Apuntó que "el 12% de las conexiones nacionales ya son de fibra. El tráfico se incrementó en un 80% durante la pandemia, esto altera la ecuación económica dado que se cobra en pesos y se paga en dólares. Debemos lograr conexiones de calidad en las 2.600 localidades del país. Hay muchas conexiones con menos de seis megas aún, debemos mejorar eso".

El 31% de esas localidades cuentan con accesos a Internet de menos de 6 megabits de velocidad, lo que demandará un esfuerzo para ver cómo es posible elevar la calidad de servicio en esas áreas.

Cuestionamiento sobre uso de fondos

Desde CACPY, Marcelo Tulissi, subrayó que "ser servicio público no es garantía de desarrollo" y enfatizó que "debemos seguir competiendo y volver a la libertad de precios. Nacimos como servicio en competencia y así llegamos a más de 10 millones de hogares. Entendemos el congelamiento como medida de excepción, pero la excepción no debe crear una medida de fondo como convertirnos en servicio público".

Tulissi y Gamaleri cuestionaron la entrega de fondos del servicio universal para las SAPEM provinciales pues señalaron que están construyendo redes en donde ya hay además de no comprender por qué su finalidad apunta a competir con los privados.

"Nos desarrollamos durante 40 años sin ser servicio público, debemos salir del congelamiento y sentarnos a una mesa de todos. Nacimos del interior del interior. Necesitamos reglas claras. Somos esenciales pero tuvimos que soportar muchas cargas. El congelamiento de tarifas no puede sostenerse, debemos trabajar en conjunto para generar consenso", puntualizó Gamaleri.

El representante de CACPY destacó que, una vez finalizada la pandemia, será necesario que el sector se siente a una "mesa de la industria en la que se pueda planificar a 10 años para dejar la inmediatez de las medidas de coyuntura".

A finales del año pasado, las tres principales operadoras de telecomunicaciones conformaron una Mesa de la Industria TIC con el objetivo de generar un espacio de diálogo y debate con los distintos actores del sector y aportar ideas para la definición de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones.

Sin embargo, la declaración de la pandemia y las medidas que se tomaron en la Argentina a partir de marzo impidieron que se avanzara en las buenas intenciones que había trazado esa mesa conformada, en principio, por Telefónica, Telecom y Claro.

 

 

Con información de www.iprofesional.com