En el Congreso analizarán la fórmula para actualizar jubilaciones y debatirán el DNU de los superpoderes

En tiempo récord, aunque acorde a lo que establece la Constitución Nacional, la Bicameral de Trámite Legislativo arrancará este lunes con el debate por el polémico decreto de necesidad y urgencia que establece superpoderes a favor del jefe de gabinete. La oposición ya denunció ese DNU y se anticipa una discusión de alto voltaje. La segunda Bicameral que tiene cita y que deberá constituirse, es la que establecerá una nueva fórmula para calcular el aumento en las jubilaciones.

Además otra vez habrá sesión en la Cámara de Diputados, en forma remota. Tras varias charlas entre Sergio Massa, Máximo Kirchner y el interbloque opositor Juntos por el Cambio, cuatro temas pasarán entre lunes y martes por las comisiones: la Sube nacional, tele receta, economía del conocimiento y una modificación a la ley de Educación para que se habilite el dictado de clases a distancia lo que ya se hace pero técnicamente no es legal. El plan es votar la media sanción este mismo miércoles.

La primera comisión convocada en forma telemática fue la de Acción Social y Salud Pública, en Diputados, que preside el peronista Pablo Yedlin. La vice, Carmen Polledo (PRO) es una de las diputadas que presentó una iniciativa para emitir prescripciones médicas digitales. En el marco de un acuerdo por llevar al recinto iniciativas que no generen mayores diferencias el oficialismo y la principal oposición consensuaron integrar iniciativas similares. Incluso Polledo fue designada por Juntos por el Cambio para conversar detalles del proyecto con el Ministerio de Salud de la Nación.

Con cinco meses de demora arranca a las 16 la conformación de la comisión especial que deberá analizar y presentar un nuevo índice para la actualización de los haberes previsionales. En el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se estableció un plazo de 180 días para establecer una nueva fórmula tras la suspensión de la anterior.

El plazo vence en junio pero el COVID-19 no sólo alteró los planes parlamentarios sino también el contexto económico y social por lo que desde el Ministerio de Trabajo, que tiene a cargo la convocatoria a la comisión especial, pidió tener en cuenta la nueva realidad.

En principio quienes estarán en la comisión especial son los presidentes y vice de varias comisiones de Diputados y Senado. Estarán Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR), por la Comisión de Previsión Social de Diputados y sus pares del Senado, Daniel Lovera (FdT) y María Belén Tapia (UCR); y lospresidente y vice de Presupuesto y Hacienda los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro) y los senadores Carlos Caserio (Frente de Todos) y Esteban Bullrich (Pro). Por el ministerio de Trabajo, participará el secretario de Seguridad Social Luis Goñi.

A las 17 se anticipa un debate con fuertes cruces en la Bicameral de Trámite Legislativo que preside el diputado santafesino Marcos Cleri. El miércoles pasado el Senado avaló una veintena de DNU presidenciales, firmados en el marco de la pandemia. Todos superaron el trámite: 18 por unanimidad; uno con rechazo de gran parte de la oposición (el que estableció el cierre de fronteras para los argentinos en el marco del COVID 19 y el restante, el que congeló los despidos sin causa por 60 días, con un rechazo (el de Esteban Bullrich) y varias abstenciones.

Esta tarde se discutirán otros DNU de Alberto Fernández, incluso el que más controversia genera, el 457 que otorga poderes especiales al jefe de Gabinete al eliminar el límite que tenía para reasignar de manera discrecional partidas presupuestarias. Ese límite era de hasta el 5% del Presupuesto Nacional, fijado por la Ley de Administración Financiera.

La semana pasada Santiago Cafiero descartó que ese DNU le otorgue “superpoderes” y prometió que las modificaciones presupuestarias se harán “únicamente cuando estén relacionadas con la emergencia sanitaria” en la búsqueda de agilidad y flexibilidad para atender la crisis.

Entre otros participan de esa comisión el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y los diputados Luis Petri y Gustavo Menna. “El DNU 457/20 termina de coronar la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo y el consiguiente debilitamiento institucional del Congreso”, cuestionó Petri mientras que Menna sostuvo que “es inconstitucional”.

En ese marco también se analizarán otros cinco DNU firmados para evitar el cierre de cuentas bancarias, las prórrogas al aislamiento social y obligatorio y la obligación que se estableció para que las empresas de Telefonía móvil o Internet mantengan un mínimo servicio a clientes del sistema prepago aún en los casos en que no hayan realizado recarga.

El martes se avanzará en otras comisiones en tres proyectos. Oficialismo y oposición podrían firmar dictamen conjunto: una nueva ley de economía del conocimiento, la SUBE nacional y una modificación a la ley de Educación. Para discutir estos temas se convocó para el martes a las 11 a la Comisión de Comunicaciones e Informática; para las 15 la de Transporte y para las 18 a la comisión de Educación.

En el primer caso, tras un largo derrotero en el proyecto de economía del conocimiento, se enmarcaría la iniciativa en el COVID-19 y las posibilidades de que el sector tech genere empleo e ingreso de divisas.

En Educación se discutirá el artículo 109 que sólo habilita los estudios a distancia, en modalidad remota, para jóvenes y adultos. “Sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad”, indica la Ley mientras que “para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel Secundario”.

En Transporte habrá representantes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (Fatap) y funcionarios del Ministerio. Se pondrá a consideración un proyecto del diputado Carlos Selva que impulsa el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) para todo el país y todos los medios de transporte y la creación de una Sociedad del Estado con el mismo nombre.

En uno de sus artículos, la propuesta que tiene guiño de Transporte pero aún no de Economía, propone que una tarifa regulada nacional en las jurisdicciones que utilicen el sistema y “el control de las asignaciones de compensaciones tarifarias y subsidios del Estado Nacional para los servicios de transporte público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros de carácter urbano y suburbano y fluvial”.

Para la percepción de subsidios y compensanciones tarifarias será obligatoria la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en las jurisdicciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales.

El acuerdo entre oficialismo y al menos la principal oposición, Juntos por el Cambio, permitiría que haya dictámenes de comisión esta misma semana, con firma digital. Si así fuera, el miércoles podría haber sesión (nuevamente con 40 diputados en el recinto y más de 200 a distancia) y media sanción para al menos esta batería de propuestas.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Analia Argento