Los 8 rugbiers asesinos seguirán presos

El juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, dictó este viernes la prisión preventiva para los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero en esa ciudad balnearia, por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas y alevosía", informaron fuentes judiciales.

De esa manera, Máximo Thomsen (20), los hermanos Ciro (19) y Luciano (18) Pertossi, su primo Lucas Pertossi (20), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20) y Ayrton Viollaz (20), permanecerán detenidos en una unidad carcelaria mientras continúa el proceso.

Sólo uno de los acusados, Cinalli, hizo uso de la palabra cuando el juez se los ofreció y esa oportunidad dijo: “Lo que pasó, ninguno de nosotros quiso que pase”.

La fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, acusó a los rugbiers de haber asesinado a golpes y patadas a Báez Sosa la madrugada del 18 de enero último en la puerta del boliche Le Brique, donde previamente habían tenido un altercado que motivó sus expulsiones del local.

En tanto, la defensa de los rugbiers, a cargo del abogado Hugo Tomei, pidió que en caso de confirmarse la prisión preventiva para todos o algunos de ellos, puedan cumplirla de manera morigerada, bajo arresto domiciliario, con monitoreo electrónico.

Uno de los argumentos de la defensa fue que estarían más seguros en sus casas que en un penal por la “presión mediática” que hay sobre el caso.

Por su parte, la querella a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola pidieron que a la acusación fiscal por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas se sumen los agravantes de "alevosía" y "homicidio por placer".

Los abogados que representan a los padres de Báez Sosa, también manifestaron su disconformidad con la libertad que la fiscal les otorgó el lunes por falta de pruebas a Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20), y pidieron que vuelvan a prisión.

Además, para Burlando y Améndola, los diez acusados tuvieron una “coautoría funcional” en el hecho.

Al finalizar la audiencia, el defensor de los rugbiers presentó una denuncia penal contra la fiscal Zamboni, sus secretarios y contra la defensora oficial que intervino en las primeras horas de la investigación por supuesta privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tal como había adelantado en la audiencia, Tomei pidió además la nulidad de una testimonial, de una rueda de reconocimiento y las indagatorias, y esta presentación fue remitida por el juez al fiscal General de Dolores, Diego Escoda, para que se investigue si efectivamente se cometió algún delito.

Con información de Cadena3