La Corte Suprema confirmó la indemnización para las familias de la Masacre de Carmen de Patagones

A más de veinte años de la Masacre de Carmen de Patagones, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia que responsabiliza al Estado nacional y a la provincia de Buenos Aires por el ataque ocurrido en una escuela secundaria en 2004, donde murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos.

La decisión pone fin a un extenso proceso judicial impulsado por los familiares de las víctimas y ratifica que existieron fallas tanto en el ámbito educativo como en la custodia del arma utilizada durante el hecho.

Una tragedia que marcó al país

El ataque ocurrió el 28 de septiembre de 2004 en la Escuela de Enseñanza Media N.º 202 de Carmen de Patagones. Rafael Solich, que en ese momento tenía 15 años, ingresó a un aula armado con una pistola calibre 9 milímetros perteneciente a su padre, integrante de la Prefectura Naval Argentina, y abrió fuego contra sus compañeros.

Como consecuencia del ataque, tres adolescentes perdieron la vida y otros cinco sufrieron heridas de distinta gravedad.

Al tratarse de un menor de edad, la Justicia lo declaró inimputable.

Las advertencias que no fueron atendidas

Durante el juicio civil se determinó que antes de la tragedia ya existían múltiples señales de preocupación sobre la conducta del adolescente.

Según quedó acreditado en el expediente, docentes y directivos habían recibido advertencias por amenazas a compañeros, expresiones violentas, mensajes intimidatorios, referencias al nazismo y manifestaciones relacionadas con ideas suicidas.

Los jueces consideraron que esas situaciones no recibieron el tratamiento adecuado y señalaron que el establecimiento educativo contaba con herramientas institucionales, como un Equipo de Orientación Escolar, que podrían haber intervenido preventivamente.

La responsabilidad por el arma

La sentencia también confirmó la responsabilidad del Estado nacional debido a las condiciones en que era resguardada el arma reglamentaria utilizada en el ataque.

La pistola pertenecía a la Prefectura Naval Argentina y estaba asignada al padre del adolescente. Durante la investigación se comprobó que permanecía guardada en el domicilio familiar sin medidas de seguridad suficientes que impidieran el acceso del menor.

El máximo tribunal dejó firme la conclusión de las instancias anteriores, que entendieron que existió un incumplimiento en el deber de custodia del arma y rechazaron el argumento de que el hecho hubiera sido completamente imprevisible.

Un fallo que cierra un largo proceso judicial

Con esta resolución, la Corte Suprema confirmó las decisiones adoptadas previamente por la Justicia Federal, consolidando la obligación del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires de indemnizar a los familiares de las víctimas.

El fallo representa el cierre de una de las causas civiles más extensas derivadas de una de las tragedias escolares que mayor impacto provocó en la historia reciente de la Argentina.