Villarruel tomó distancia de Milei con un plan para asistir a empleados endeudados del Senado

• Victoria Villarruel firmó un decreto que creó un programa de adelantos salariales a tasa cero para empleados endeudados del Senado.
• La vicepresidenta justificó la medida al señalar que la situación económica del país repercutió directamente sobre los hogares.
• El beneficio alcanza al personal permanente y temporario con al menos un año de antigüedad, bajo determinadas condiciones.
• Los adelantos pueden llegar hasta tres haberes netos y deben destinarse exclusivamente a cancelar deudas financieras.
• El programa se financia con ahorros del Fondo Especial de Reserva del Senado y se recupera mediante descuentos salariales de hasta nueve cuotas.
• La iniciativa profundizó las diferencias políticas entre Villarruel y Javier Milei sobre el diagnóstico económico y la respuesta a las dificultades de los trabajadores.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei a partir de una decisión institucional que introduce una mirada distinta sobre la situación económica de los trabajadores. Mediante el decreto presidencial del Senado 0630/2026, firmado el 30 de octubre, dispuso la creación de un programa de adelantos de haberes a tasa cero destinado a empleados de la Cámara alta que mantienen deudas financieras y necesitan cancelar sus obligaciones.

La medida tiene un alcance administrativo concreto, pero también una dimensión política. En los fundamentos de la resolución, Villarruel reconoció que las condiciones económicas del país repercutieron directamente sobre los hogares y provocaron un incremento de la utilización del crédito para afrontar gastos corrientes. Esa interpretación contrasta con el discurso del oficialismo nacional, que viene sosteniendo que los ingresos están recuperándose y que la economía transita un proceso de mejora.

El programa está dirigido al personal de Planta Permanente y Planta Temporaria del Senado. En este último caso, los trabajadores deben acreditar una antigüedad mínima de un año. Quedan excluidos quienes hayan presentado su renuncia, se encuentren sometidos a un sumario administrativo disciplinario o estén realizando los trámites para acceder a la jubilación ordinaria.

El beneficio permite utilizar un adelanto salarial para cancelar deudas registradas al 1° de octubre de 2026. Comprende obligaciones con entidades bancarias públicas y privadas, sindicatos legislativos, entidades crediticias habilitadas por el Banco Central, proveedores de servicios de pago y empresas no financieras de crédito registradas. También incluye compromisos asumidos mediante billeteras virtuales y plataformas de pago que ofrecen financiación. En cambio, quedan afuera los préstamos hipotecarios y prendarios, debido a que cuentan con garantías reales.

El monto máximo que puede solicitarse equivale a tres haberes netos, calculados sobre la liquidación salarial de octubre. La particularidad del mecanismo es que se otorga sin intereses, comisiones ni gastos administrativos, por lo que el trabajador debe devolver exclusivamente el capital recibido. El dinero tiene como destino único la cancelación total de la deuda. Si el adelanto no alcanza para cubrirla, la diferencia debe ser aportada por el solicitante.

Para acceder, cada empleado debe presentar documentación emitida por el acreedor que detalle el capital adeudado, los intereses, la tasa aplicada, los plazos y el importe necesario para cancelar la obligación. Una vez recibido el dinero, dispone de 15 días corridos para demostrar que la deuda fue saldada. Si no presenta la constancia correspondiente, cuenta con un plazo de 72 horas para reintegrar la totalidad del adelanto.

La devolución se realiza mediante descuentos automáticos sobre los salarios. Cuando el monto solicitado equivale a un haber, el reintegro se distribuye en tres cuotas; si representa dos haberes, en seis; y si alcanza el máximo de tres, en nueve cuotas mensuales. Los descuentos no afectan el aguinaldo ni los bonos extraordinarios.

Desde el entorno de la vicepresidenta sostuvieron que el mecanismo busca aliviar el endeudamiento de los trabajadores y que no representa un gasto adicional para el Senado. La financiación proviene del Fondo Especial de Reserva de la Cámara alta, integrado por ahorros de su administración. Los recursos se recuperan a medida que los beneficiarios devuelven los adelantos.

La decisión también se apoya en indicadores que muestran el crecimiento del financiamiento familiar y las dificultades para cumplir con las obligaciones. Según los datos citados en los fundamentos, en diciembre de 2025 unos 20,3 millones de personas, equivalentes al 54,7% de la población adulta, tenían algún tipo de financiación. Además, la irregularidad de los créditos familiares llegó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en las carteras de proveedores no financieros de crédito alcanzó el 26,9% en febrero.

El lanzamiento se produjo en un momento de tensión política entre Villarruel y la Casa Rosada. A las diferencias sobre la interpretación de la situación económica se sumaron cuestionamientos de la vicepresidenta por las demoras oficiales en avanzar con iniciativas anunciadas en defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas. También hubo cruces públicos con la diputada Lilia Lemoine, luego de que Milei compartiera publicaciones de la legisladora con críticas a la titular del Senado.

Las solicitudes para acceder al adelanto pueden presentarse hasta el 20 de noviembre de 2026. Al momento de anunciarse la iniciativa, no se había informado cuántos trabajadores habían solicitado el beneficio.

De esta manera, Villarruel combinó una decisión de asistencia interna con un mensaje político que vuelve a exponer las diferencias con el Presidente. El reconocimiento del impacto del endeudamiento sobre los hogares y la creación de una herramienta para atenderlo constituyen una señal institucional que se distancia del diagnóstico económico que sostiene el Gobierno nacional.