
La justicia rechazó la defensa de un hombre ciego y ordenó ejecutar un pagaré por $1,9 millones
JUDICIALES22 de noviembre de 2026
Ricardo ZIMERMAN

La Justicia de Córdoba ordenó ejecutar un pagaré por 1.900.000 pesos, más los intereses moratorios, contra un hombre con ceguera total, luego de comprobar mediante una pericia caligráfica que la firma estampada en el documento le pertenecía. El tribunal rechazó las excepciones de falsedad e inhabilidad de título presentadas por el demandado, quien había cuestionado la validez de la rúbrica debido a su discapacidad visual.
La resolución fue dictada por el Tribunal de Gestión Asociada 14 de la ciudad de Córdoba, en el marco de una demanda promovida por una mujer de nacionalidad cubana que reclamó el cobro de un pagaré sin protesto firmado en junio de 2024, con vencimiento al día siguiente.
Al presentarse en el expediente, el demandado negó la deuda y afirmó que no conocía a la reclamante personalmente, sino solamente de nombre. Con asistencia de su abogado y de un asistente visual, sostuvo que padecía ceguera total desde hacía casi dos décadas y cuestionó que se le exigiera responder por un documento cuyo contenido no podía controlar visualmente.
Entre sus argumentos, planteó que su firma no debía considerarse válida si no había sido certificada por un escribano o realizada en presencia de testigos hábiles. También señaló que las personas con discapacidad visual tienen plena capacidad jurídica para ejercer sus derechos civiles y comerciales, aunque consideró que esa condición debía contemplarse al evaluar las circunstancias en las que había suscripto el pagaré.
La prueba determinante para resolver la controversia fue el informe pericial, que comparó la firma del documento con los trazos presentes en escritos judiciales del demandado. El análisis confirmó la autoría de la rúbrica y llevó al tribunal a descartar la falsedad invocada.
En los fundamentos, la sentencia sostuvo que firmar un documento sin poder controlar personalmente su contenido no constituye, por sí mismo, un vicio instrumental. Según el criterio adoptado, la plena capacidad jurídica de una persona ciega no queda cuestionada por su discapacidad y, si firma sin verificar el texto por sí misma o mediante alguien de su confianza, asume los riesgos derivados de esa decisión.
El tribunal también recordó los límites propios del juicio ejecutivo, un procedimiento destinado a verificar la existencia de un título que permita reclamar una obligación exigible. En ese marco, consideró que no correspondía investigar la causa que había originado la deuda, por tratarse de una cuestión ajena al alcance de ese proceso.
La resolución aclaró que el demandado conserva la posibilidad de ejercer su defensa mediante un juicio declarativo, en el que podrá discutir aspectos que excedan el análisis formal del pagaré.
Con esos argumentos, el tribunal rechazó las excepciones planteadas y ordenó continuar la ejecución por los 1.900.000 pesos reclamados, más los intereses moratorios correspondientes.


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