Juan Carlos de Pablo explicó la lógica de los bancos ante el aumento de la mora

• Juan Carlos de Pablo explicó que la mora puede formar parte del costo que asumen las entidades para conocer a sus clientes.
• Los bancos y billeteras utilizan inicialmente créditos pequeños para identificar a los buenos y malos pagadores.
• El financiamiento mediante tarjetas cayó 10,1% interanual durante agosto.
• La morosidad de los créditos a las familias alcanzó a unos 5,9 millones de personas en julio.
• El Gobierno sostiene que los bancos tienen suficiente capital para absorber las pérdidas sin recibir asistencia estatal.
• El refinanciamiento de deudas podría ayudar a contener la mora y evitar una mayor contracción del crédito.

El economista Juan Carlos de Pablo analizó el escenario que atraviesa el sistema financiero argentino, marcado por un fuerte incremento de la morosidad y una contracción del crédito, y explicó la lógica con la que las entidades financieras administran el riesgo cuando comienzan a prestar dinero a nuevos clientes. Su diagnóstico se produjo en medio del debate sobre la posibilidad de que el Estado implemente medidas de asistencia para contener el deterioro del sistema crediticio.

De Pablo sostuvo que las pérdidas provocadas por los incumplimientos deben ser consideradas como parte del costo que asumen las entidades para obtener información sobre los tomadores de crédito. Según explicó, cuando un banco o una billetera comienza a otorgar financiamiento, no dispone necesariamente de antecedentes suficientes para determinar quiénes cumplirán con sus obligaciones y quiénes no.

Por ese motivo, las entidades pueden optar inicialmente por distribuir una gran cantidad de préstamos de montos relativamente reducidos, bajo la premisa de que una determinada proporción de esos créditos no será devuelta. El objetivo es generar un historial que permita identificar progresivamente a los buenos y malos pagadores.

A partir de esa información, los clientes que demuestran capacidad de pago pueden acceder a montos mayores, mientras que quienes presentan incumplimientos dejan de recibir nuevas ofertas de financiamiento. De Pablo comparó este mecanismo con la actividad agrícola: se siembran numerosas oportunidades y luego se espera para determinar cuáles prosperan.

El planteo cobra relevancia frente al deterioro que atraviesa actualmente el crédito destinado a las familias. Uno de los segmentos más afectados es el de las tarjetas de crédito, cuyo financiamiento cayó 10,1% interanual durante agosto.

La contracción se profundizó progresivamente. En el último trimestre, el financiamiento mediante tarjetas se redujo 3,4%, mientras que la caída acumulada durante seis meses llegó al 5,9%. El retroceso interanual fue todavía mayor y alcanzó el 10,1%, una señal de que los consumidores utilizan cada vez menos este instrumento para financiar sus gastos.

El escenario coincide con un incremento significativo de la morosidad. En junio, el nivel de incumplimiento en los créditos vinculados con tarjetas se ubicó cerca del 13%, mientras que en julio alrededor de 5,9 millones de personas registraban deudas familiares en situación irregular. Esa cifra representaba aproximadamente al 28% de los argentinos que contaban con algún tipo de crédito.

Ante este panorama, comenzó a crecer la discusión sobre la necesidad de implementar medidas de asistencia. Sin embargo, la posición del Gobierno es que las entidades financieras tienen suficiente capacidad para afrontar las pérdidas derivadas de sus propias decisiones crediticias.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, sostuvo que los bancos cuentan actualmente con niveles de capital suficientes para absorber el deterioro de sus carteras y cuestionó las propuestas que contemplan una intervención estatal. Desde esa perspectiva, una asistencia externa podría terminar distorsionando el funcionamiento del mercado y afectar el acceso futuro al crédito.

La postura oficial coincide parcialmente con la explicación de De Pablo: la morosidad forma parte del riesgo propio de una actividad financiera que necesita generar información sobre sus clientes. La cuestión central pasa por determinar hasta qué punto las pérdidas pueden ser absorbidas sin provocar una retracción excesiva de la oferta crediticia.

El problema adquiere una dimensión mayor cuando el aumento de la mora se combina con una reducción del consumo y una menor utilización de las tarjetas. Si las entidades endurecen demasiado las condiciones para prestar, los hogares con menor acceso al sistema formal pueden quedar todavía más limitados para financiar sus gastos.

En sentido contrario, mantener una política crediticia demasiado expansiva frente a un aumento de los incumplimientos podría incrementar las pérdidas de las entidades y deteriorar sus balances.

Las alternativas de refinanciamiento aparecen como una posible herramienta para moderar la situación. Una mayor disponibilidad de mecanismos para reestructurar deudas podría permitir que algunos hogares regularicen sus obligaciones y evitar que ingresen definitivamente en los segmentos de mayor riesgo.

El escenario deja planteado un desafío para el sistema financiero y para la política económica. Mientras el Gobierno apuesta a que los bancos absorban las consecuencias de sus decisiones sin asistencia estatal, la evolución de la mora será determinante para saber hasta dónde pueden sostenerse los niveles actuales de crédito.

En ese contexto, el planteo de Juan Carlos de Pablo introduce una lectura particular: el costo de los incumplimientos no necesariamente representa únicamente una pérdida, sino también el precio que las entidades pagan para construir información, seleccionar clientes y determinar quiénes podrán acceder a mayores niveles de financiamiento en el futuro.