Córdoba reducirá del 8% al 6% el aporte máximo a la Caja de Jubilaciones

El Gobierno de Córdoba anunciará este martes una reducción en la alícuota máxima de aportes personales destinados a la Caja de Jubilaciones, que pasará del 8% al 6%. La medida será presentada como parte de la nueva propuesta salarial dirigida a los trabajadores judiciales, en un intento por destrabar un conflicto que ya lleva cinco meses y que afectó el funcionamiento del servicio de Justicia.

La iniciativa será comunicada durante una nueva audiencia entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), en el ámbito de la conciliación obligatoria que se desarrolla en la Secretaría de Trabajo provincial.

La rebaja del aporte alcanza al porcentaje máximo establecido en la reglamentación de la Ley 11.087 de emergencia previsional y se encuentra en línea con un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que cuestionó la aplicación de ese esquema en un caso particular.

Además de esta modificación, la propuesta salarial incluirá recursos adicionales destinados a mejorar los ingresos de los empleados judiciales, uno de los principales reclamos del sector durante el prolongado conflicto.

La medida podría extenderse al resto de los estatales

Aunque el beneficio impactará inicialmente en los trabajadores comprendidos dentro de la negociación judicial, en el Gobierno provincial ya analizan extender la reducción al resto de los empleados y jubilados alcanzados por la alícuota máxima.

La decisión requerirá una modificación de la reglamentación vigente mediante un decreto del gobernador Martín Llaryora, que ya se encontraría en proceso de elaboración.

Entre los jubilados provinciales, alrededor de 6.000 personas realizan actualmente el aporte máximo del 8%, por lo que serían los principales beneficiarios de la medida una vez que entre en vigencia de manera general.

Impacto fiscal

La disminución de la alícuota implicará una menor recaudación para la Caja de Jubilaciones. Las estimaciones oficiales indican que el costo fiscal rondará entre los 800 y 850 millones de pesos mensuales.

La decisión llega en un escenario complejo para las cuentas previsionales de Córdoba, con un déficit creciente y un sistema que continúa dependiendo de los fondos que gira la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), aunque esos recursos siguen siendo insuficientes para cubrir el desequilibrio financiero del organismo.

Persisten los reclamos gremiales

Mientras avanzan las negociaciones con el sector judicial, distintos gremios estatales continúan reclamando una revisión más amplia de la política previsional implementada por la Provincia.

En los últimos días, sindicatos como el SEP, UEPC, Luz y Fuerza de Villa María, el gremio de Casinos y los trabajadores legislativos difundieron un documento conjunto en el que solicitaron al Gobierno provincial que alivie el impacto de las reformas previsionales aplicadas durante los últimos meses.

Las organizaciones sostienen que, tras el reciente anticipo financiero recibido por la Provincia y el incremento de las transferencias nacionales destinadas a la Caja de Jubilaciones, existen condiciones para revisar medidas como el aumento de aportes, el diferimiento previsional y otros mecanismos que, según afirman, afectaron tanto a trabajadores activos como a jubilados.