Llaryora reclamó una investigación profunda por el caso de grooming en Río Seco

Cinco claves de la noticia

• La causa por grooming, abuso y prostitución de menores ya tiene 11 detenidos.
• Entre los arrestados figura un exasesor de un legislador del departamento Río Seco.
• Martín Llaryora calificó el caso como "un hecho tremendo" y pidió que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias.
• El gobernador evitó pronunciarse sobre los mecanismos de control de la Legislatura para incorporar asesores.
• La Unicameral endureció los requisitos para contratar personal y revisará todos los legajos.

La investigación judicial por una presunta red de grooming, abuso sexual y prostitución de menores en el departamento Río Seco continúa avanzando y ya acumula 11 personas detenidas, entre ellas un exasesor legislativo, una situación que reavivó el debate sobre los controles para el ingreso de personal a la Legislatura de Córdoba.

La causa también despertó interrogantes por las supuestas vinculaciones entre algunos de los imputados y distintos ámbitos de poder de la región. Incluso, algunos sectores comenzaron a establecer paralelismos con el conocido "Caso Barrelier", debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto político que generó.

Uno de los detenidos integró el equipo de asesores de un legislador del departamento Río Seco. Además, trascendió que otros colaboradores y excolaboradores vinculados al mismo espacio político también enfrentaron investigaciones judiciales o recibieron condenas por distintos delitos.

Consultado sobre el expediente, Martín Llaryora fue categórico: "Es un hecho tremendo", afirmó, y reclamó que la Justicia investigue el caso "a fondo", con el objetivo de esclarecer todas las responsabilidades y determinar si existieron más personas involucradas.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre los controles aplicados para la designación de asesores legislativos, el gobernador marcó distancia del funcionamiento de la Unicameral y respondió: "Eso ya no me corresponde a mí", al señalar que esa tarea depende de las autoridades del Poder Legislativo, encabezado por la vicegobernadora Myrian Prunotto.

Tras conocerse la detención del exasesor, la Secretaría Administrativa de la Legislatura dispuso una revisión integral de los legajos de asesores y funcionarios. Hasta ahora, los contratados debían presentar únicamente el certificado de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia.

Como parte de las nuevas medidas, también será obligatorio presentar un certificado de antecedentes emitido por la Policía de Córdoba, una exigencia que busca reforzar los mecanismos de control para futuras incorporaciones.

La decisión abrió un nuevo debate dentro del ámbito legislativo, donde varios parlamentarios plantearon la necesidad de endurecer aún más los requisitos para el ingreso de asesores, con el propósito de fortalecer los controles y evitar situaciones similares en el futuro.