Luis Juez: “Hay gravedad institucional” por la situación de Sánchez Torres y Montesi

Resumen en cinco puntos

• La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura admitió por ocho votos contra uno una denuncia contra los camaristas federales cordobeses Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi.
• Luis Juez advirtió sobre la “gravedad institucional” que representa la situación de ambos magistrados y cuestionó que desde Buenos Aires no se dimensione la magnitud del problema en Córdoba.
• Los camaristas deberán designar abogado defensor y presentar su descargo en 20 días hábiles una vez formalizada la notificación.
• El expediente reúne denuncias vinculadas, entre otros aspectos, con presunta violencia laboral y una supuesta manipulación en la integración de salas para intervenir en una causa.
• Juez anticipó que el expediente podría avanzar hacia la Comisión de Acusación, una instancia de mayor peso dentro del Consejo de la Magistratura.

La situación de los camaristas federales cordobeses Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi sumó este miércoles un nuevo capítulo, luego de que la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación resolviera avanzar formalmente con una de las denuncias que pesan sobre ambos.

La decisión fue contundente: ocho consejeros votaron a favor de admitir la denuncia y uno lo hizo en contra. El organismo resolvió aplicar el artículo 11 de su reglamento y notificar a los dos magistrados para que ejerzan su derecho de defensa.

Pero más allá de la votación, hubo una intervención que puso el verdadero foco político e institucional sobre el expediente: la del senador nacional y consejero Luis Juez.

Juez habló de “gravedad institucional”

Durante el debate, Juez fue particularmente enfático al referirse a la situación que atraviesa la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Según planteó, existe una “gravedad institucional” que no estaría siendo dimensionada desde Buenos Aires.

El senador consideró que la situación exige avanzar con la investigación y cuestionó que el tratamiento del expediente siguiera demorándose. Finalmente, la Comisión de Disciplina resolvió darle curso.

Juez también señaló que el pedido de procesamiento impulsado por el Ministerio Público Fiscal, acompañado de medidas restrictivas, constituye una situación “extremadamente delicada”.

Su advertencia tuvo además una mirada hacia adelante: anticipó que el expediente podría llegar próximamente a la Comisión de Acusación.

No se trata de un dato menor. El paso hacia esa comisión podría elevar sustancialmente la dimensión institucional del proceso, ya que allí se analizan procedimientos que eventualmente pueden derivar en acusaciones contra magistrados y, en determinados casos, en un proceso de remoción.

Una decisión que ya no pudo seguir postergándose

El tratamiento del expediente venía demorándose desde meses atrás. La Comisión finalmente decidió avanzar y notificar a Sánchez Torres y Montesi bajo los términos del artículo 11 del reglamento.

A partir de la notificación formal, los camaristas tendrán 20 días hábiles para presentar su descargo y deberán contar con representación letrada.

La resolución, vale aclararlo, no constituye una condena ni determina responsabilidad de los magistrados. Lo que hace es abrir formalmente una instancia disciplinaria para que las denuncias sean analizadas y los involucrados puedan ejercer su defensa.

Las denuncias que están bajo análisis

Los expedientes acumulados tienen distintos orígenes. Entre ellos aparece la presentación realizada por una secretaria de la Cámara, Celina Laje Anaya, quien llevó sus planteos tanto ante el Consejo de la Magistratura como ante la Justicia penal.

También existe una investigación judicial en la que se analizan presuntos hechos vinculados con abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, de acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente.

Otro de los elementos que elevó la preocupación institucional son las medidas cautelares dispuestas para proteger a la denunciante y resguardar la investigación.

En paralelo, fiscales federales habían solicitado medidas restrictivas contra Sánchez Torres al advertir sobre la existencia de riesgo procesal.

El futuro del expediente

La resolución de la Comisión de Disciplina abre ahora una nueva etapa. Los camaristas deberán responder a las acusaciones y el Consejo tendrá que analizar los elementos incorporados antes de definir los pasos posteriores.

Pero la intervención de Luis Juez dejó planteada una cuestión que excede la discusión estrictamente administrativa: la dimensión institucional que, según el senador, tiene el caso para Córdoba.

Con una frase que sintetizó su posición —“hay gravedad institucional”— Juez reclamó que el expediente deje de ser postergado y avance hacia una definición.

Ahora habrá que esperar los descargos de Sánchez Torres y Montesi y, posteriormente, qué camino decide tomar el Consejo de la Magistratura.

Por lo pronto, una cosa quedó clara: el expediente ya está formalmente en marcha y el propio Juez advirtió que podría terminar en la Comisión de Acusación.