Lácteos Verónica formaliza su concurso preventivo golpeada por deudas multimillonarias y plantas paralizadas

Tras más de un año de parálisis productiva y acumulación de pasivos, la emblemática firma santafesina Lácteos Verónica solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°17. Acorralada por presentaciones judiciales y reclamos de quiebra encabezados por el Banco Galicia y diversos proveedores, la compañía apeló al patrocinio legal de un reconocido estudio especializado en reestructuraciones corporativas para contener un cuadro financiero insostenible que imposibilitó la continuidad de sus operaciones normales.

El deterioro de la cadena de pagos se refleja con crudeza en los registros financieros de la empresa familiar fundada en 1923. La firma acumula una deuda bancaria de $4.745 millones junto a $11.200 millones en cheques rechazados, conformando un pasivo que supera holgadamente los $15.900 millones sólo en el sistema formal. A esta situación se suman múltiples ejecuciones judiciales y la suspensión de acuerdos comerciales con productores primarios, quienes interrumpieron el abastecimiento de materia prima ante la falta reiterada de cobro.

La crisis impactó de lleno en el tejido social e industrial de la provincia de Santa Fe. Sus tres plantas fabriles en Clason, Lehmann y Suardi permanecen inactivas, provocando una drástica reducción de la plantilla laboral, que pasó de más de 700 operarios a un número sustancialmente menor debido a salarios adeudados y reubicaciones informales. El conflicto escaló a tal punto que el gobierno provincial debió implementar programas de asistencia alimentaria y económica para las familias afectadas por el cese de actividades de la usina láctea.

Por otro lado, el proceso concursal se desarrollará bajo la sombra de severas imputaciones por parte de trabajadores y referentes políticos. Las sospechas apuntan a un presunto vaciamiento patrimonial mediante el desvío de materia prima a través de la firma vinculada Las Becerras S.A., sumado a la reciente constitución de tres nuevas sociedades comerciales integradas por miembros de la familia controlante. En este contexto, el tribunal comercial interviniente deberá auditar la contabilidad corporativa, fijar el pasivo definitivo y determinar la viabilidad de un plan de reestructuración para una de las marcas históricas del sector alimentario nacional.