Nueva detención por extorsión reaviva la pelea política por el “8vo piso” municipal

La investigación sobre presuntas irregularidades dentro de las áreas de control de la Municipalidad de Córdoba sumó un nuevo capítulo con la detención de un inspector de Espectáculos Públicos, acusado de exigir dinero a comerciantes a cambio de facilitar trámites o, en caso contrario, dificultar la obtención de permisos.

El detenido es Félix Escobar Rivarola, cuya captura fue ordenada por el fiscal de instrucción Guillermo González en el marco de una de las numerosas líneas investigativas que surgieron a partir de la denominada “causa Bomberos”.

La investigación judicial ya acumula más de 40 líneas de trabajo. El Ente de Fiscalización y Control tuvo participación en el expediente al aportar elementos de prueba y, además, presentar una denuncia que derivó en nuevas actuaciones.

El oficialismo busca reivindicar su política de control

Tras conocerse la detención, desde el Gobierno municipal destacaron el rol que tuvo el titular del Ente de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche.

Según señalaron desde la Municipalidad, Hormaeche había denunciado a Escobar ante la Fiscalía de Delitos Complejos y entregado distintos elementos que posteriormente fueron incorporados a la investigación, entre ellos audios, conversaciones, comprobantes de transferencias y documentación relacionada con los trámites bajo sospecha.

Desde el oficialismo interpretaron el procedimiento como una muestra de que la gestión de Daniel Passerini está avanzando sobre posibles irregularidades dentro de la propia estructura municipal.

El titular del bloque oficialista en el Concejo Deliberante, Simonian, profundizó esa postura y vinculó el caso con la situación laboral del inspector detenido. Según planteó, Escobar había sido trasladado al área de Espectáculos Públicos en 2004 y pasó a planta permanente en 2007.

El dirigente utilizó esos antecedentes para cuestionar las incorporaciones realizadas durante gestiones anteriores y apuntó directamente contra el juecismo.

El “8vo piso”, nuevamente en el centro de la discusión

La referencia al denominado “8vo piso” volvió a instalar una disputa política que se había intensificado a partir del caso Agostina.

El tema tomó mayor relevancia luego de que se conociera que una persona señalada como presunta encubridora de Claudio Barrelier trabajaba en el local nocturno Wachistas, establecimiento que fue clausurado después de una denuncia y que quedó mencionado en una investigación relacionada con presunta explotación sexual de menores.

A partir de ese episodio, los bloques opositores impulsaron diferentes propuestas para revisar el funcionamiento de las oficinas de Fiscalización y Control.

Entre las iniciativas planteadas estuvieron la creación de una comisión investigadora dentro del Concejo Deliberante, la intervención de las dependencias del denominado “8vo piso” y la eliminación del Ente de Fiscalización y Control.

La oposición también reclama avances judiciales

Ante la falta de respaldo oficialista a esas propuestas, sectores de la oposición decidieron recurrir a la Justicia y presentar una denuncia. Esa decisión generó un nuevo enfrentamiento político entre el oficialismo y los bloques opositores.

Desde la oposición sostienen que la presentación judicial fue el camino elegido después de que no prosperaran sus iniciativas institucionales y aseguran que esperan que la investigación avance con rapidez.

Además, volvieron a poner el foco en la denominada “causa Bomberos”, donde un imputado colaborador habría descrito una estructura integrada por distintos actores: bomberos, inspectores, empresarios y funcionarios.

Para los opositores, el punto central de la investigación será determinar si las responsabilidades se limitan a quienes ejecutaban los controles o si también alcanzan a niveles superiores dentro de la estructura política y administrativa.

Dos interpretaciones sobre una misma detención

La captura de Escobar profundizó así una disputa que excede el expediente judicial.

Para el oficialismo, el caso demuestra que la administración municipal está dispuesta a investigar y apartar a quienes puedan estar involucrados en prácticas ilegales dentro de sus propias áreas.

Para la oposición, en cambio, la detención representa una señal de que la presión política y las denuncias judiciales comienzan a producir resultados.

Mientras ambos sectores intercambian acusaciones y buscan adjudicarse el mérito por el avance de la investigación, la principal incógnita permanece abierta: determinar hasta dónde llegará la Justicia y si el expediente quedará limitado a los inspectores involucrados o avanzará sobre las demás piezas de la presunta estructura investigada.