Escándalo en Córdoba: un legislador oficialista pidió licencia tras la detención de uno de sus asesores

La Legislatura de Córdoba quedó nuevamente en el centro de la escena política luego de que un integrante del bloque oficialista solicitara licencia a raíz de la detención de uno de sus asesores, investigado en una causa vinculada con presuntos delitos sexuales contra menores.

Se trata de Ramón Flores, legislador por el departamento Río Seco, cuyo nombre quedó involucrado políticamente después de que José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba entre los contratados de la Legislatura, fuera detenido junto con otras personas en el marco de una investigación judicial. Los arrestados permanecen alojados en la cárcel de Cruz del Eje.

La situación adquirió mayor gravedad cuando trascendió que Villarreal ya había sido imputado en 2021 por una investigación iniciada en Deán Funes. En aquella oportunidad se lo había acusado por distintos delitos, entre ellos reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal agravado y promoción de la corrupción de menores agravada.

Ahora, la Justicia busca determinar si algunos de los hechos investigados pudieron haber ocurrido dentro de un predio perteneciente al legislador Flores. Puntualmente, se analiza la posible utilización de una construcción precaria ubicada en el campo del dirigente.

La investigación todavía se encuentra en desarrollo y la Justicia deberá establecer responsabilidades individuales y determinar el alcance de los hechos denunciados.

La oposición apuntó contra el oficialismo

El caso provocó una fuerte reacción entre los bloques opositores de la Legislatura. Desde esos sectores cuestionaron el vínculo entre el detenido y el legislador y reclamaron explicaciones sobre la contratación de personas vinculadas a causas judiciales de semejante gravedad.

La radical Brenda Austin reclamó públicamente que Flores deje su banca y recordó que su bloque ya había presentado anteriormente un pedido de informes relacionado con la situación.

La oposición también puso el foco en el manejo de los recursos públicos y cuestionó las prácticas políticas desarrolladas en distintos sectores del norte cordobés, planteando interrogantes sobre los mecanismos de contratación dentro de la Legislatura.

La respuesta de Llaryora

En medio de la creciente repercusión política, el gobernador Martín Llaryora fue consultado por el caso durante una visita a San José de la Dormida.

El mandatario evitó adelantar una posición sobre el futuro político de Flores y sostuvo que se trata de un asunto que debe ser esclarecido por la Justicia. Además, remarcó la independencia del Poder Judicial y reclamó que la investigación avance hasta determinar qué ocurrió.

Durante varias horas, el oficialismo mantuvo una postura expectante y evitó tomar una decisión sobre la continuidad del legislador en su función.

Flores pidió licencia

Finalmente, ante la creciente presión política y social, Flores presentó un pedido de licencia como legislador provincial. La decisión también se conoció antes de una nueva sesión de la Legislatura, donde se preveía que la oposición volviera a plantear el tema.

En un comunicado, el legislador aseguró que tomó la decisión para permitir que la investigación judicial avance sin interferencias y sostuvo que no tiene participación en ninguno de los hechos bajo investigación.

Flores afirmó además que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes y sostuvo que quienes ejercen cargos públicos deben actuar con transparencia cuando aparecen situaciones de extrema gravedad.

Un nuevo frente de tensión para el peronismo

La polémica representa un nuevo desafío político para el oficialismo cordobés, que busca evitar que la investigación judicial se transforme en una crisis institucional de mayor alcance.

El caso se suma a otros episodios que en los últimos años generaron cuestionamientos sobre dirigentes y prácticas dentro del sistema político provincial, especialmente en relación con el uso de recursos públicos, contrataciones y controles institucionales.

La licencia de Flores funciona, por ahora, como una primera medida para contener el impacto político. Sin embargo, la investigación judicial continúa abierta y la oposición ya anticipó que el tema tendrá un lugar central en el debate legislativo.

Con la próxima sesión en el horizonte, el oficialismo deberá enfrentar un escenario complejo mientras espera que la Justicia avance en una causa que podría seguir generando consecuencias políticas.