Fernández Sagasti cuestionó el secreto militar sobre los F-16 y reclamó mayor control del gasto en Defensa

• Fernández Sagasti cuestionó el Decreto 735/2026 y el régimen de secreto aplicado a operaciones vinculadas con los F-16.
• La disposición alcanza piezas, motores, repuestos y armamento destinados a tareas de mantenimiento y actualización en el exterior.
• La senadora reclamó conocer los costos de mantenimiento, los contratos firmados y el destino de los fondos públicos involucrados.
• La legisladora también cuestionó el ajuste presupuestario sobre las Fuerzas Armadas y la reducción de recursos destinados al área de Defensa.
• Fernández Sagasti sostuvo que el Congreso debe reforzar sus mecanismos de control sobre las operaciones vinculadas con el programa de los aviones de combate.
• La senadora impulsa además cambios en el reglamento del Senado para facilitar la participación remota de legisladoras embarazadas en las sesiones.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cuestionó al Gobierno de Javier Milei por haber dispuesto bajo régimen de secreto militar el traslado al exterior de piezas, motores, repuestos y armamento vinculados con los aviones de combate F-16 incorporados por la Argentina. La legisladora mendocina reclamó mayor transparencia sobre los costos de mantenimiento y los contratos asociados al programa y advirtió sobre el contraste entre el carácter reservado de las operaciones y el ajuste aplicado sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

El cuestionamiento está dirigido al Decreto 735/2026, fechado el 14 de agosto, mediante el cual el Poder Ejecutivo estableció un régimen de confidencialidad para determinada información relacionada con las operaciones necesarias para realizar tareas de mantenimiento y actualización de los sistemas de los F-16 en el exterior.

De acuerdo con la disposición, el régimen alcanza material correspondiente al programa de incorporación de los aviones de combate, cuya adquisición había sido tramitada mediante un expediente específico de la Fuerza Aérea Argentina. Entre los elementos contemplados figuran partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos y armamento tanto real como destinado al entrenamiento.

El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de resguardar información considerada sensible durante las operaciones de mantenimiento y actualización realizadas fuera del país. Sin embargo, Fernández Sagasti puso en duda que el alcance de la reserva resulte compatible con las obligaciones de control que corresponden al Congreso sobre las decisiones vinculadas con recursos públicos.

La senadora sostuvo que se trata del cuarto decreto de carácter secreto relacionado con los F-16 y planteó la necesidad de conocer cuánto demanda el mantenimiento de las aeronaves, qué contratos fueron suscriptos y cuál es el destino de los fondos involucrados.

El reclamo se inscribe en una discusión más amplia sobre la política de Defensa del Gobierno nacional. Fernández Sagasti cuestionó que, mientras se mantiene bajo reserva información relacionada con un programa militar de alto costo, las Fuerzas Armadas atraviesan restricciones presupuestarias que, según su diagnóstico, afectan tanto el funcionamiento de las instituciones como los ingresos del personal militar.

La legisladora puso particularmente el foco en el financiamiento de la Defensa y cuestionó el impacto que tendría la reducción de recursos sobre las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. También vinculó su crítica con la eliminación del Fondo Nacional de la Defensa, conocido como FONDEF, y señaló que el presupuesto destinado al área habría quedado en torno al 0,28% del Producto Bruto Interno.

Para Fernández Sagasti, la discusión no debería limitarse al secreto de la documentación vinculada con los aviones de combate, sino extenderse al esquema general de financiamiento y planificación de la Defensa. En ese sentido, sostuvo que el Congreso debe ejercer sus facultades de control y acceder a la información necesaria para evaluar el uso de los recursos públicos.

La incorporación de los F-16 representa uno de los principales programas de modernización del equipamiento militar argentino y supone compromisos económicos que no se reducen exclusivamente a la compra de las aeronaves. El mantenimiento, la disponibilidad de repuestos, la capacitación, la actualización de sistemas y el armamento forman parte de los costos asociados a la operación de este tipo de sistemas de armas.

Por ese motivo, el debate abierto por la senadora también pone en discusión cuánto margen existe entre la protección de información sensible para la seguridad nacional y la transparencia que debe acompañar la administración de fondos públicos.

En paralelo, Fernández Sagasti atravesó recientemente otra situación vinculada con el funcionamiento del Senado. Durante el debate de la ley de tierras no pudo participar de la votación presencial debido a su embarazo y a las dificultades para trasladarse desde Mendoza a Buenos Aires. Si bien se habilitó su participación remota, finalmente no pudo votar.

A partir de ese episodio, presentó una iniciativa para modificar el reglamento de la Cámara alta y permitir que las legisladoras embarazadas puedan participar de manera remota y emitir su voto cuando las circunstancias les impidan asistir físicamente a las sesiones.