Denuncian ante la Justicia un presunto esquema de pagos para evitar clausuras de boliches en Córdoba

La oposición de la ciudad de Córdoba llevó a la Justicia una denuncia para que se investigue un supuesto circuito de pagos destinado a evitar clausuras y sanciones sobre establecimientos nocturnos. El planteo busca determinar si detrás de las versiones que circulan desde hace tiempo existe una estructura organizada dentro del sistema municipal de habilitaciones y controles.

La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal y lleva las firmas de concejales de distintos espacios opositores: Elisa Caffaratti y Javier Fabre, de la UCR; Graciela Villata, del Frente Cívico; Soher El Sukaría, del PRO; y Jessica Rovetto, de Cordobeses por la Libertad.

El reclamo retoma denuncias que habían sido planteadas anteriormente por el concejal oficialista Diego Casado y que posteriormente cobraron mayor repercusión pública. Ahora, los dirigentes opositores pretenden que la Justicia determine si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación formal.

Una denuncia que apunta al sistema de habilitaciones

El escrito presentado ante la Fiscalía sostiene que los hechos denunciados podrían configurar distintos delitos, entre ellos una eventual asociación ilícita.

Para respaldar el pedido de investigación, los concejales incorporaron referencias a otros expedientes que tuvieron como escenario el sistema de habilitación y fiscalización de comercios de la ciudad.

Entre ellos aparece la denominada causa Bomberos, donde se investiga una presunta organización dedicada a la elaboración irregular de certificados utilizados para tramitar habilitaciones comerciales.

También se menciona el caso Agostina, que tuvo repercusión nacional y expuso conexiones entre distintas áreas municipales y establecimientos nocturnos. En ese expediente, uno de los principales sospechosos había sido becario de la Municipalidad, mientras que otra persona investigada por supuesto encubrimiento trabajaba en un bar que había quedado bajo la lupa por sus condiciones de habilitación.

La oposición busca establecer si esos episodios pueden formar parte de un problema más amplio dentro de los mecanismos municipales de control.

El oficialismo intenta contener el impacto político

Más allá del resultado que pueda tener la investigación judicial, la presentación vuelve a colocar al gobierno municipal frente a un escenario incómodo.

El oficialismo ya trabaja en una reforma integral del sistema de habilitación y fiscalización de establecimientos comerciales, con el objetivo de ordenar la normativa vigente y concentrar en un esquema único las distintas reglas que actualmente se encuentran dispersas en varias ordenanzas.

El proyecto es impulsado por el concejal Nicolás Piloni y comenzó a ser analizado en la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante.

La propuesta contempla una revisión profunda del mecanismo utilizado para habilitar y controlar comercios, con participación de representantes del sector privado y de colegios profesionales.

La intención es que el proyecto pueda ser llevado al recinto en los próximos meses, aunque antes deberá atravesar nuevas instancias de discusión.

Una reforma que también genera cuestionamientos

La iniciativa oficial no está exenta de críticas. Uno de los puntos que genera resistencia en la oposición es la creación de un registro cerrado de gestores para intervenir en determinados trámites.

Desde sectores opositores consideran que este mecanismo podría terminar consolidando un circuito cerrado y poco transparente para gestionar habilitaciones.

También existen dudas sobre el futuro de las actuales áreas municipales encargadas de las habilitaciones y controles. La falta de precisiones sobre sus competencias generó preocupación entre trabajadores e integrantes del sindicato municipal, que temen una pérdida de funciones o una eventual reestructuración de esas reparticiones.

El debate promete profundizarse en las próximas semanas, cuando representantes de la Cámara de Discotecas sean convocados para discutir el proyecto con los concejales.

Una unidad de control que sigue bajo la lupa

En paralelo, continúa funcionando la Unidad Ejecutora creada por el intendente para reforzar temporalmente la fiscalización de los establecimientos nocturnos después del caso que involucró al local conocido como Wachitas.

El organismo fue concebido como una herramienta para revisar el funcionamiento de los controles y evitar nuevas irregularidades en el proceso de habilitación.

Sin embargo, hasta el momento no se conocieron denuncias formales surgidas de esa estructura que hayan permitido confirmar un esquema de corrupción vinculado con las clausuras.

Ahora, la denuncia presentada por la oposición traslada nuevamente el foco hacia el sistema municipal de fiscalización.

La investigación judicial deberá determinar si las versiones que circulan desde hace tiempo tienen sustento concreto o si se trata de acusaciones sin respaldo suficiente. Mientras tanto, el oficialismo enfrenta un doble desafío: avanzar con la reforma de las habilitaciones y, al mismo tiempo, despejar las sospechas que vuelven a instalarse sobre el funcionamiento de los controles de la noche cordobesa.