Denuncia por $1,038 billones: Tolosa Paz acusa al Gobierno de retener fondos destinados a las rutas nacionales

• Victoria Tolosa Paz denunció penalmente a funcionarios por el presunto desvío de fondos destinados al sistema vial.
• La diputada sostiene que más de $1,038 billones permanecen dentro del sistema financiero en lugar de financiar obras en rutas nacionales.
• La presentación alcanza a funcionarios de Economía, Vialidad y el Banco Nación en su rol de fiduciario.
• La denuncia plantea posibles delitos como malversación, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
• Tolosa Paz también pidió investigar eventuales negociaciones incompatibles vinculadas con las colocaciones financieras.
• Las rutas nacionales 3 y 5 fueron señaladas como ejemplos de obras paralizadas mientras la oposición reclama que los fondos sean destinados a infraestructura vial.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, presentó una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno nacional por el presunto desvío de fondos destinados al mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales. Según sostuvo la legisladora, más de $1,038 billones que deberían estar afectados a infraestructura vial permanecen dentro del sistema financiero en lugar de ser utilizados para las obras previstas.

La presentación judicial apunta a determinar el destino de esos recursos y establecer si existieron irregularidades en su administración. Tolosa Paz sostuvo que el dinero corresponde al Sistema Vial Integrado, conocido como SISVIAL, y cuestionó que los fondos continúen colocados financieramente mientras distintas obras viales permanecen paralizadas.

“Más de $1 billón para rutas, puestos en la timba financiera”, afirmó la diputada al plantear el eje central de su denuncia. Según su interpretación, existe una contradicción entre la disponibilidad de recursos específicamente destinados a infraestructura y el estado de deterioro y paralización que presentan distintos corredores nacionales.

La denuncia alcanza a funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco de la Nación Argentina. En este último caso, la presentación se refiere a su participación como fiduciario del fideicomiso establecido mediante el Decreto 976/01, mecanismo vinculado al financiamiento del sistema vial.

Tolosa Paz pidió que la Justicia investigue si en el manejo de esos recursos pudieron configurarse distintos delitos contra la administración pública. Entre las hipótesis planteadas aparecen la presunta malversación agravada de caudales públicos, la defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación también incorpora la posibilidad de que se hayan producido negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Ese planteo está relacionado con las colocaciones financieras realizadas por el fiduciario en su propia entidad, una cuestión que la legisladora pidió que sea analizada dentro de la investigación.

El alcance de la denuncia no se limita a los funcionarios identificados inicialmente. La diputada solicitó que también se investigue a cualquier otra persona que pudiera haber intervenido en la formación, autorización, emisión o ejecución de las operaciones cuestionadas.

El planteo judicial tiene además un componente vinculado directamente con la situación de las rutas nacionales. Tolosa Paz señaló como ejemplos las rutas nacionales 3 y 5, que, según afirmó, continúan con obras paralizadas pese a la existencia de recursos que originalmente tenían como destino el sistema vial.

Para la diputada, la discusión no se limita a determinar dónde están depositados los fondos, sino a establecer si fueron utilizados de acuerdo con la finalidad para la que fueron asignados. En ese sentido, reclamó que los recursos regresen al destino previsto y sean utilizados para el mantenimiento y recuperación de la infraestructura.

La cuestión adquiere relevancia en un contexto de fuerte debate político sobre el financiamiento de la obra pública. El Gobierno nacional redujo el ritmo de ejecución de numerosas obras y priorizó una política de ajuste del gasto estatal, mientras desde la oposición se cuestiona el impacto de esa estrategia sobre rutas, caminos e infraestructura.

La denuncia presentada por Tolosa Paz trasladará ahora la discusión al ámbito judicial. La Justicia deberá determinar, a partir de la documentación incorporada y de las medidas que eventualmente se ordenen, si existieron irregularidades en el manejo de los fondos del SISVIAL, si las colocaciones financieras se ajustaron a las normas vigentes y si hubo funcionarios que incurrieron en alguna conducta penal.

El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión la administración de los recursos destinados a infraestructura vial. La diputada sostiene que el dinero existe pero no está llegando a las rutas. La investigación deberá establecer si esa afirmación responde a una irregularidad administrativa o financiera y, eventualmente, si detrás de esas operaciones existió responsabilidad penal.