Monteoliva puso la seguridad en el centro y le reclamó a Córdoba acelerar el sistema acusatorio

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aprovechó una exposición en la nueva sede de la Bolsa de Comercio para realizar un repaso de las principales políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y, al mismo tiempo, plantear un reclamo concreto a la provincia de Córdoba: avanzar con la implementación plena del sistema acusatorio.

La jornada comenzó con una presentación de Guido Sandleris, quien repasó los principales lineamientos de la política económica del Gobierno libertario, y continuó con las palabras del anfitrión, Manuel Tagle. Sin embargo, el eje central del encuentro estuvo puesto en la exposición de Monteoliva, que se extendió durante más de una hora.

La funcionaria destacó el trabajo realizado desde el inicio de la actual gestión y trazó una línea de continuidad con las políticas de seguridad desarrolladas entre 2015 y 2019.

Durante su presentación, Monteoliva agradeció la invitación y resaltó la presencia de los diputados nacionales Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado, además de la senadora Carmen Álvarez Rivero. En ese marco, subrayó el rol del Congreso en la elaboración de las herramientas legislativas que permiten llevar adelante las políticas de seguridad.

También mencionó al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y aseguró que existe una coordinación permanente con él, al igual que con los responsables del área en las restantes jurisdicciones del país.

El impacto económico del crimen organizado

Uno de los ejes de la exposición fue el impacto que las organizaciones criminales generan sobre la economía. Monteoliva sostuvo que el crimen organizado representa un costo equivalente al 3,4% del PBI de América Latina y que casi la mitad de ese impacto recae directamente sobre el sector privado.

La ministra también repasó la evolución de los delitos vinculados con organizaciones criminales durante los últimos 15 años y destacó la posición de Argentina en materia de homicidios.

Según los datos expuestos, el país presenta una tasa de 3,6 homicidios cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio latinoamericano, estimado en 15 casos cada 100.000 habitantes, y también inferior a la media mundial de 5,8.

Monteoliva vinculó estos resultados con las políticas implementadas en materia de seguridad y destacó especialmente el denominado Plan Bandera, una estrategia desplegada en Rosario para combatir el narcotráfico, reducir los niveles de violencia y coordinar el trabajo de las distintas fuerzas de seguridad.

El operativo comenzó en diciembre de 2023, poco después de la llegada de Milei a la Presidencia, y se convirtió en una de las principales herramientas del Gobierno nacional para intervenir sobre la problemática del narcotráfico en Rosario.

El reclamo que incomodó a Córdoba

Pero el tramo que generó mayor interés durante la exposición estuvo relacionado con el funcionamiento de la Justicia.

Monteoliva planteó públicamente la necesidad de que Córdoba avance con la implementación del sistema acusatorio y cuestionó que el proceso haya vuelto a postergarse.

La funcionaria sostuvo que la experiencia de otras jurisdicciones demuestra que, cuando este modelo funciona plenamente, las investigaciones pueden desarrollarse con mayor velocidad y obtener mejores resultados.

Actualmente, Córdoba mantiene un esquema procesal de características mixtas. Si bien los fiscales tienen a su cargo buena parte de las investigaciones, los jueces todavía conservan atribuciones propias de un modelo anterior y determinadas decisiones relevantes continúan bajo su órbita.

La provincia comenzó años atrás un proceso de transformación de su Código Procesal Penal orientado hacia un sistema acusatorio adversarial. Desde 2017 se incorporaron modificaciones destinadas a avanzar en esa dirección, aunque la aplicación efectiva de esos cambios todavía no se concretó de manera integral.

Entre los principales obstáculos aparecen cuestiones administrativas, institucionales y presupuestarias. La transición hacia un modelo acusatorio requiere mayores recursos, nuevas estructuras y una Justicia con capacidad suficiente para asumir las funciones que demanda el nuevo esquema.

Una discusión que también alcanza a la Nación

El planteo de la ministra abre además una discusión que excede a Córdoba. El propio sistema de Justicia Federal argentino atraviesa una transición hacia el modelo acusatorio que todavía no se completó en todo el territorio nacional.

La implementación del nuevo esquema se realiza de manera progresiva y algunas jurisdicciones continúan funcionando bajo estructuras vinculadas con el modelo inquisitivo tradicional.

Por eso, el reclamo de Monteoliva hacia Córdoba plantea una situación particular: la Nación reclama acelerar un proceso que también avanza de manera gradual en el ámbito federal.

En el caso cordobés, la discusión ya no pasa solamente por definir las ventajas jurídicas del sistema acusatorio. Buena parte del debate se concentra ahora en las condiciones necesarias para ponerlo efectivamente en funcionamiento, desde la estructura judicial hasta el financiamiento requerido.

La exposición de Monteoliva dejó así planteada una cuestión pendiente para Córdoba: después de casi una década de modificaciones legislativas orientadas hacia un modelo acusatorio adversarial, la provincia todavía debe resolver cómo y cuándo concretará su implementación efectiva.