El PJ cordobés acompaña la ley de biocombustibles, pero pide cambios para proteger a las pymes

El peronismo de Córdoba definió su posición frente al proyecto de nueva ley de biocombustibles que comenzó a debatirse en el Senado. El espacio que responde al gobernador Martín Llaryora anticipó un respaldo general a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, aunque planteó la necesidad de incorporar modificaciones para atender los reclamos vinculados al sector productivo de Santa Fe.

La postura del oficialismo cordobés combina dos objetivos centrales: fortalecer la industria provincial del bioetanol y, al mismo tiempo, sostener una estrategia conjunta con Santa Fe para defender a las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción de biodiésel.

Desde Córdoba consideran que la actualización del régimen puede representar una oportunidad para ampliar el desarrollo del bioetanol elaborado a partir del maíz, una actividad que la provincia viene impulsando durante los últimos años mediante inversiones privadas y políticas de promoción industrial.

Sin embargo, el respaldo no será absoluto. El bloque cordobesista anticipó que acompañará los cambios reclamados por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, quien advirtió sobre el impacto que podría tener la nueva normativa en las plantas pequeñas y medianas de biodiésel frente a una eventual concentración del mercado.

Diferencias entre la propuesta nacional y la iniciativa cordobesa

El proyecto promovido por el Gobierno nacional plantea elevar el porcentaje obligatorio de mezcla de bioetanol en las naftas del 12% al 15% y aumentar el corte de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%. Además, contempla la incorporación de otros combustibles renovables, como el biometano y alternativas sustentables para el transporte aéreo.

Córdoba cuenta con una propuesta propia presentada por la senadora Alejandra Vigo, que también impulsa mayores porcentajes de mezcla, aunque con un esquema gradual para el biodiésel hasta alcanzar el 15%. Para el bioetanol, plantea llegar al mismo objetivo.

Uno de los puntos que más interesa al Gobierno cordobés es la posibilidad de que las provincias puedan establecer porcentajes superiores de corte cuando cuenten con capacidad productiva para hacerlo.

En la administración provincial consideran que Córdoba tiene una ventaja competitiva en materia de bioetanol por el desarrollo alcanzado alrededor de la producción de maíz, la infraestructura instalada y los acuerdos realizados para impulsar el uso de combustibles renovables.

El reclamo de Santa Fe y la defensa de las pymes

Más allá del apoyo general al proyecto, Córdoba coincide con uno de los principales planteos realizados desde Santa Fe: la necesidad de evitar que la nueva regulación termine favoreciendo únicamente a los grandes grupos integrados del sector.

La preocupación apunta a que las empresas que controlan tanto la producción de materia prima como la fabricación de combustible puedan obtener ventajas frente a las plantas independientes que históricamente abastecieron parte del mercado interno.

En ese punto, el oficialismo cordobés decidió acompañar la posición santafesina y buscar una alternativa que permita aumentar los cortes obligatorios sin afectar el equilibrio entre grandes compañías y pequeñas industrias.

La discusión involucra a dos de las provincias con mayor peso en la producción nacional de biocombustibles, aunque con perfiles diferentes. Mientras Córdoba tiene al bioetanol de maíz como uno de sus principales desarrollos industriales, Santa Fe concentra una gran parte de la producción de biodiésel y una amplia red de empresas del sector.

Debate abierto en el Senado

La discusión legislativa comenzó con una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Presupuesto del Senado, donde participaron representantes de empresas petroleras, productores, cámaras industriales y especialistas.

Durante el encuentro quedó expuesto un punto de coincidencia: la necesidad de actualizar el marco vigente. Sin embargo, persisten diferencias sobre el nivel de participación que deben tener las grandes compañías y el rol que deben conservar las pymes.

Desde el sector petrolero plantearon reparos sobre aumentos mayores en los porcentajes de biodiésel, al advertir posibles impactos en los costos y en el funcionamiento del sistema de refinación.

En cambio, representantes de la industria de biocombustibles reclamaron una ampliación más ambiciosa de los cortes y pidieron reglas que eviten una mayor concentración del mercado.

Con el debate recién iniciado, Córdoba ya fijó su hoja de ruta: acompañar una reforma que permita expandir la producción de bioetanol provincial, pero incorporando garantías para las pymes del biodiésel que reclaman desde Santa Fe.