Tras la polémica por los boliches, el municipio impulsa una nueva revisión de habilitaciones y reabre el debate sobre los controles

La controversia generada en torno a las habilitaciones de locales nocturnos volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de control municipales. En ese contexto, el Ejecutivo anunció la creación de una Unidad Ejecutora Mixta que tendrá como misión revisar durante los próximos 90 días las autorizaciones otorgadas a bares, pubs y otros establecimientos vinculados a la actividad nocturna.

Aunque el decreto aún no fue oficializado, trascendió que el nuevo organismo estará integrado por representantes del Ministerio de Seguridad provincial, funcionarios del municipio y miembros de todos los bloques del Concejo Deliberante. El objetivo declarado es analizar el funcionamiento del sistema de habilitaciones y detectar posibles irregularidades.

Sin embargo, la iniciativa despertó interrogantes debido a que guarda similitudes con herramientas impulsadas por la propia administración en años recientes. En 2024, el municipio promovió la creación del Ente de Fiscalización y Control (ENFyC), un organismo autárquico concebido para mejorar la transparencia y eficiencia de las áreas encargadas de inspeccionar y controlar actividades comerciales.

Aquel ente fue presentado como una respuesta estructural a las falencias detectadas en los mecanismos de fiscalización. Su diseño incluía la participación de funcionarios, concejales, representantes del sector privado, universidades, colegios profesionales y organizaciones vecinales, conformando una mesa de trabajo amplia para supervisar el funcionamiento del sistema.

Dos años después, la aparición de una nueva estructura destinada a revisar las habilitaciones vuelve a plantear preguntas sobre la eficacia de las herramientas implementadas hasta ahora y sobre la necesidad de generar mecanismos más transparentes para el acceso a la información pública.

Mientras tanto, la oposición también comenzó a mover sus piezas. La Unión Cívica Radical presentó recientemente dos proyectos vinculados al tema. Uno de ellos propone una auditoría externa sobre el funcionamiento del ENFyC, mientras que el otro impulsa la conformación de una comisión investigadora especial dentro del Concejo Deliberante.

La auditoría planteada por la oposición buscaría que una institución académica independiente analice expedientes relacionados con habilitaciones, clausuras y fiscalizaciones de locales nocturnos. Paralelamente, la comisión legislativa tendría facultades para requerir documentación y evaluar los procedimientos administrativos involucrados.

Más allá de las diferencias entre las propuestas, todas coinciden en un punto central: la necesidad de acceder a los expedientes y documentos que respaldan las decisiones administrativas vinculadas a la habilitación y control de estos establecimientos.

En ese marco, algunos sectores plantean que una alternativa de fondo podría ser avanzar hacia una mayor apertura de la información pública, permitiendo que los expedientes estén disponibles para consulta ciudadana a través de plataformas digitales oficiales. Quienes respaldan esta idea sostienen que una mayor transparencia contribuiría a despejar dudas, fortalecer los controles y reducir los márgenes para eventuales irregularidades.

Con el debate instalado, la discusión ya no gira únicamente en torno a las habilitaciones de determinados locales, sino también sobre la capacidad del Estado para garantizar mecanismos de control eficientes, transparentes y accesibles para toda la sociedad.