Un nuevo foco de tensión se abrió en Córdoba tras el duro posicionamiento de la Iglesia local frente a la iniciativa del gobierno provincial que busca prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. El planteo, impulsado por la gestión de Martín Llaryora, fue respondido con un documento crítico por parte del Arzobispado encabezado por Ángel Rossi.
Bajo el título “Ciudades para todos”, el mensaje eclesiástico cuestiona el enfoque oficial al considerar que la prohibición no resuelve el problema de fondo, sino que tiende a ocultar situaciones de marginalidad. Desde la Iglesia sostienen que el fenómeno de los llamados “naranjitas” es consecuencia de una realidad económica y social que requiere respuestas más integrales.
La Pastoral Social puso el acento en la necesidad de fortalecer alternativas de inclusión, como las cooperativas de trabajo que ya operan en la ciudad y agrupan a cientos de trabajadores. Según esta mirada, la formalización y regulación de la actividad permitirían brindar contención y evitar la criminalización de sectores vulnerables.
En ese sentido, también se advirtió sobre los riesgos de avanzar con reformas que endurecen sanciones sin ofrecer salidas concretas. El documento retoma conceptos del Papa Francisco, al alertar que el retroceso de la economía popular puede derivar en el crecimiento de economías ilegales.
El posicionamiento de la Iglesia no solo apunta a la política de seguridad, sino que también introduce el debate sobre problemáticas más amplias como la salud mental y las adicciones. Desde el Arzobispado remarcan que muchos de los episodios que motivan las medidas oficiales están atravesados por contextos de exclusión que requieren intervención estatal sostenida.
La discusión ya se trasladó al ámbito legislativo, donde distintos sectores buscan consensos para evitar una confrontación directa. Dirigentes como Oscar Agost Carreño, Dante Rossi, Gregorio Hernández Maqueda y Agustín Spaccesi mantuvieron encuentros con referentes de la Pastoral, entre ellos Munir Bracco, con el objetivo de acercar posiciones.
De este modo, el gobierno provincial enfrenta una doble presión: por un lado, la búsqueda de acuerdos políticos para avanzar con la normativa; por el otro, el peso de una institución con fuerte influencia social que advierte sobre las consecuencias de medidas centradas únicamente en la prohibición.
El debate deja expuesta una tensión de fondo: cómo abordar el ordenamiento del espacio público sin profundizar la exclusión de quienes encuentran en la calle su única alternativa de subsistencia.
