Córdoba acelera una solución para los “naranjitas”: avanza una ley clave y crece la presión sobre el municipio

La ciudad de Córdoba se encamina a tener una primera definición sobre uno de los problemas urbanos más persistentes: la regulación de los “naranjitas”. Esta semana será clave para delinear un marco que, luego, deberá aterrizar en decisiones concretas a nivel municipal.

El impulso decisivo llegó de la mano del gobernador Martín Llaryora, quien intervino directamente para destrabar el debate y acelerar cambios en el Código de Convivencia de Córdoba. La intención es establecer una base legal que permita a cada municipio definir cómo abordar la actividad en su territorio.

Aunque se trata de una norma provincial, el foco está puesto en la capital, donde el conflicto por los cuidacoches se convirtió en un problema cotidiano que impacta tanto en vecinos como en la gestión local.

Una demanda social que presiona

El tema no es nuevo, pero en los últimos meses ganó centralidad. Encuestas que circulan en el Centro Cívico reflejan un malestar extendido por la falta de regulación en un sistema que mezcla situaciones muy distintas: desde trabajadores informales hasta prácticas vinculadas a la extorsión.

En ese contexto, la capital concentra además un dato clave: representa cerca del 40% del electorado provincial. Allí, el oficialismo necesita revertir el descontento de cara al escenario político que se abre.

Por eso, Llaryora reunió a funcionarios, legisladores y al intendente Daniel Passerini, a quien ahora apuntan las miradas para que avance con una solución concreta una vez sancionada la ley.

El debate entra en su etapa decisiva

El tratamiento legislativo comienza a tomar velocidad. La intención del oficialismo es aprobar en los próximos días modificaciones que permitan sancionar la actividad ilegal de cuidacoches y prohibir la presencia de limpiavidrios en determinadas condiciones.

El debate se dará en la Legislatura con la participación de distintos actores sociales: cooperativas, centros vecinales, organizaciones religiosas y representantes del Comipaz.

Como base, se tomará un proyecto del legislador Oscar Agost Carreño, al que se sumarán aportes de la Unión Cívica Radical y sectores del socialismo.

La idea es alcanzar un dictamen con amplio consenso político para facilitar su aprobación en el recinto.

Entre la sanción y la inclusión

Uno de los puntos centrales de la discusión pasa por el enfoque: no solo penalizar la actividad ilegal, sino también diferenciar situaciones y promover alternativas de reinserción.

En esa línea, el proyecto incorporaría aspectos sociales inspirados en iniciativas del legislador Matías Chamorro, que plantean programas de inclusión laboral para quienes hoy dependen de esta actividad.

Esa mirada coincide con el planteo de la Iglesia, encabezado por el arzobispo Ángel Rossi, quien viene reclamando una salida que combine orden con contención social.

La definición final, en manos del municipio

Si la Legislatura avanza como está previsto, el eje del conflicto se trasladará rápidamente al Concejo Deliberante de la capital, donde se debatirá cómo aplicar la normativa.

Allí entrarán en juego nuevas tensiones políticas y propuestas alternativas, mientras crece la expectativa de vecinos que reclaman una solución concreta.

El desafío será encontrar un equilibrio entre control, regulación e inclusión en un tema que, más allá de lo legal, refleja una problemática social profunda que Córdoba ya no puede postergar.