Más tiempo para saldar cuentas: la Nación amplía el plazo y busca cerrar deudas con las provincias

El Gobierno nacional resolvió extender el plazo de adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, una herramienta diseñada para ordenar y regularizar las deudas cruzadas entre la Nación y las provincias. A partir de ahora, tanto los distritos provinciales como la Ciudad de Buenos Aires contarán con 60 días hábiles administrativos para manifestar su intención de participar, duplicando el período originalmente previsto.

La medida quedó oficializada mediante el decreto 171, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y se enmarca en la estrategia impulsada por la gestión de Javier Milei para avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas.

Según lo establecido, cada jurisdicción deberá formalizar su adhesión ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a través de su máxima autoridad. Además, el plazo para presentar la documentación que respalde la validez de las deudas incluidas en el régimen se extendió hasta el 31 de diciembre de 2027.

El esquema también contempla instancias de negociación en caso de discrepancias. Si surgen diferencias a partir de los informes técnicos, se abrirá un período de conciliación que podrá extenderse hasta 180 días hábiles administrativos, con posibilidad de prórroga.

Desde el Ejecutivo sostienen que esta herramienta busca ofrecer a las provincias una vía para cancelar total o parcialmente sus compromisos financieros, facilitando acuerdos que permitan equilibrar las cuentas entre las distintas jurisdicciones. En esa línea, remarcan que ya se han firmado convenios con varios distritos, logrando avances en la compensación de deudas.

El régimen, vigente desde noviembre de 2024 tras la implementación del decreto 969/2024, establece un marco legal para que Nación y provincias integren sus acreencias y obligaciones en un mismo sistema. A partir de allí, pueden acordarse mecanismos como compensaciones, conciliaciones o transacciones que apunten a saldar los pasivos existentes.

Para ingresar, las provincias deben acreditar la legitimidad de las deudas que pretendan incluir. El objetivo final es consolidar un proceso ordenado que permita reducir conflictos financieros y mejorar la previsibilidad fiscal.

En el Gobierno destacan el carácter estratégico de la iniciativa y la presentan como una oportunidad para recomponer las relaciones financieras entre los distintos niveles del Estado, bajo un esquema que apunta a simplificar y cerrar cuentas pendientes.