Stornelli denunció a Quintela por sus dichos sobre el final del mandato de Milei

• El fiscal Carlos Stornelli denunció al gobernador Ricardo Quintela por declaraciones públicas sobre el mandato presidencial.
• La presentación quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py.
• Se investigan posibles delitos como incitación a la violencia colectiva y amenaza de sedición.
• La denuncia se basa en dichos pronunciados en un programa radial donde evocó la crisis de 2001.
• El fiscal solicitó preservar registros audiovisuales y evaluar una eventual indagatoria.
• El juez que resulte sorteado definirá si corresponde impulsar formalmente la investigación.

El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia penal contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a raíz de declaraciones públicas en las que afirmó que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027” y sostuvo que “hay sacrificios que valen la pena” al evocar la crisis de 2001. La presentación quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py y solicita que se investigue la posible comisión de delitos vinculados a la incitación a la violencia colectiva y la amenaza de sedición.

En un escrito de cuatro páginas, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 indicó que tomó conocimiento de los hechos a partir de su difusión pública y promovió la denuncia para que, mediante la correspondiente instrucción, se determine si existió responsabilidad penal. Según detalló, las manifestaciones del mandatario provincial podrían encuadrarse, en principio, en figuras como instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición.

Los dichos cuestionados fueron pronunciados por Quintela en el programa radial “Mañana Sylvestre”, conducido por Gustavo Sylvestre en Radio 10. Allí, el gobernador recordó conversaciones con colegas y dirigentes sindicales en las que se refirió a la crisis de 2001 y a la consigna “que se vayan todos”. En ese contexto, mencionó las víctimas fatales de aquel período y sostuvo que “hay sacrificios que valen la pena”, al tiempo que advirtió que el actual Gobierno “no puede llegar” al final de su mandato en las condiciones actuales.

Para Stornelli, esas expresiones implican una comparación explícita con los hechos de 2001 y una eventual proyección de ese escenario sobre la coyuntura presente. El fiscal consideró que, tratándose de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades institucionales, las declaraciones adquieren una gravedad adicional que amerita su análisis judicial.

En el apartado de calificación legal, la denuncia menciona los artículos 209, 211, 212, 213 y 226 bis del Código Penal, que contemplan conductas vinculadas a la instigación, la intimidación pública y la afectación del orden constitucional. Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó que se incorporen como prueba fragmentos del programa radial y registros audiovisuales difundidos en redes sociales, además de requerir medidas urgentes para su preservación.

Stornelli también pidió que, en su momento, se cite a Quintela a prestar declaración indagatoria conforme al artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, una instancia que sólo podría concretarse si el juez interviniente considera que existen elementos suficientes para avanzar en la investigación.

El expediente deberá ahora ser sorteado para determinar qué juzgado federal quedará a cargo del caso. Será ese magistrado quien resuelva si corresponde impulsar formalmente la acción penal, desestimar la denuncia o requerir medidas preliminares de prueba antes de adoptar una decisión.

La presentación judicial agrega un nuevo capítulo a la tensión política entre sectores del peronismo y la administración libertaria. En los últimos meses, las declaraciones cruzadas se intensificaron en un clima de fuerte confrontación, especialmente en torno a las reformas económicas y laborales impulsadas por el Ejecutivo nacional.

Desde el entorno del gobernador riojano no hubo hasta el momento una respuesta formal a la denuncia. En su entorno sostienen que sus expresiones deben interpretarse en el marco de un análisis político crítico sobre la situación social y económica del país, y no como una convocatoria a la violencia.

La eventual apertura de una causa penal pondrá el foco en el alcance jurídico de las declaraciones públicas de funcionarios y en los límites entre la crítica política y las conductas tipificadas en el Código Penal. La definición quedará en manos de la Justicia federal, que deberá evaluar el contexto, el contenido literal de los dichos y su posible encuadre legal.